Riesgos en una gran cuenca sin autoridad

Un hecho accidental ha vuelto a poner en cuestión la desarticulación de la tan castigada cuenca del río Desaguadero-Salado-Chadileuvú-Curacó, ignorada por todos -incluso por Nación- a excepción de La Pampa. El suceso, potencialmente muy peligroso, estuvo constituido por el derrame de soluciones químicas con cianuro en el área del río Jáchal, tributario de la cuenca.
El accidente volvió a poner de manifiesto los severos problemas que involucran a la actividad minera en la región sanjuanina, que ya había sido objeto de serios cuestionamientos, incluso en los más altos niveles políticos del país. En el yacimiento afectado, Veladero, esa actividad corre por cuenta de la Barrick Gold, una de las mayores compañías mineras del mundo y cuenta con el decidido apoyo del gobierno sanjuanino. Las mineras, ya se sabe, raras veces actúan en armonía con el medio ambiente, y en este caso existe una muy irregular situación porque el yacimiento se encuentra sobre la frontera con Chile y se prolonga con los mismos concesionarios en el país vecino, donde su expansión recibió duras críticas y también hubo accidentes. Es una suerte de enclave supranacional sobre el límite, en absoluta colisión con la ley.
El derrame de más de un millón de litros de solución con cianuro ocurrió en agosto del año pasado y fue, en principio, ocultado por la empresa, al igual que otros problemas anteriores.
Expertos calificaron al accidente como "desastre ecológico", aunque el gobierno sanjuanino intentó poner paños fríos. Es obvio señalar que la presencia de esa sustancia tóxica sobre el curso de agua lo contamina y genera consecuencias graves en los pobladores que lo emplean para uso y consumo humano, en los animales que se nutren de él y en la agricultura que utiliza el recurso. Los análisis realizados por las universidades de Mendoza y San Juan confirmaron que se logró "probar que el cianuro contaminó el agua de los ríos de la montaña sanjuanina al reaccionar con los metales pesados y peligrosos para la vida, y éstos fueron arrastrados aguas abajo".
Las sanciones aplicadas a la minera, especialmente una multa calificada de ridícula frente a los daños provocados, desataron una serie de reacciones que reprochan y actualizan el desempeño ambiental de la empresa, descubriéndose, entre otras cosas, un mal manejo de las aguas servidas que provoca que el área tenga anómalos valores de bacterias fecales.
El pánico desatado en la población ante el caos informativo se extendió como reguero de pólvora ya que el área afectada, como se dijo, es parte integrante de la cuenca más extensa del país que, sin embargo carece de un comité de control. Semejante anomalía, contra la cual viene luchando en vano La Pampa desde hace décadas, ayudó al desconcierto informativo. Como ilustración valga el pedido de un juez federal de que se averigüe si la contaminación llegó al río Salado y, eventualmente, al Colorado, extendiendo el riesgo desde el norte del país hasta el Mar Argentino. En las actuales condiciones ello es improbable dado el escaso caudal del colector por las apropiaciones de aguas arriba, pero cabe preguntarse qué hubiera sucedido en un año de crecidas excepcionales, como las registradas.
Un organismo de cuenca con un enfoque integral, aunque no pudiera evitar el accidente, sí hubiera podido brindar una información rápida, seria y fundada, tal como sucede en el río Colorado donde funciona el Coirco. Por lo demás, su misma autoridad lo hubiera llevado a exigir medidas de seguridad más rigurosas.
La falta de una herramienta técnica y administrativa eficiente, de carácter preventivo como debe ser un comité de cuenca, se sumó en este caso a la cantidad de anomalías que el accidente reveló. Tantas que, a pesar de que la compañía le restó importancia al incidente, un juez provincial procesó por negligencia a nueve ejecutivos.