Simios drogados

Redaccion 17/10/2021 - 06.11.hs

En Nueva York Guzmán y Manzur hablaron sobre la inflación y la deuda. Ante una audiencia de insuperable escepticismo, el jefe de gabinete fue categórico. En la Argentina el peronismo no es parte del problema, sino de la solución, dijo. Resta por ver qué opinan las urnas, dentro cuatro semanas.

 

Por Horacio Verbitsky

 

El 9 de octubre de 1945 el jefe de Campo de Mayo, general Eduardo Ávalos, exigió la renuncia del coronel Juan Perón a los tres cargos que ocupaba desde 1944: Secretario de Trabajo y Previsión, Ministro de Guerra y Vicepresidente. Los grandes patrones de la industria y de la producción, como se le llamaba entonces al campo, no le perdonaban las medidas que adoptó, como el Estatuto del peón rural, la creación de la justicia laboral, el aguinaldo, las vacaciones obligatorias pagas, la jubilación, la indemnización por despido, los convenios colectivos. Perón contó que hasta doña Juana Sosa le recriminó que no podría pagarles a los peones de su estancia en la Patagonia. «Si no podés pagar, dejalos que se vayan a otro lado donde les paguen. En vez de 20 peones tené 10, pero pagales», dice que le contestó a su madre.
El embajador de Estados Unidos, el gran empresario minero del cobre Spruille Braden, unificó a la oposición, acusando a Perón de acuerdos con el Eje y de adhesión ideológica al nazismo. El 19 de septiembre de 1945, radicales, conservadores, socialistas, democristianos, demoprogresistas y comunistas convocaron a una Marcha de la Constitución y la Libertad, que recorrió desde el Congreso hasta la Recoleta portando banderas argentinas, muñecos y gigantografías de José de San Martín, Domingo Faustino Sarmiento y Bernardino Rivadavia, para exigir el alejamiento del Vicepresidente.
Cuando ese pliego de condiciones fue asumido por Campo de Mayo, Perón puso como única condición que le permitieran despedirse de los trabajadores. La concentración en su apoyo frente a la Secretaría y su discurso transmitido por cadena nacional instando a la unidad obrera en defensa de las conquistas obtenidas en el último año, enfurecieron a sus adversarios, que el 13 de octubre lo detuvieron y confinaron en medio del Río de la Plata.
El martes 16 de octubre, la CGT anunció un paro general para el jueves 18 «en defensa de las conquistas sociales», contra la oligarquía que procuraba anularlas y la entrega del poder a la Corte Suprema, cuyo Procurador General Juan Álvarez había recibido el encargo de formar un gabinete ministerial. Apenas hubo una referencia elíptica a Perón en el reclamo de «libertad a todos los presos civiles y militares» que se hayan identificado «con la causa obrera».
La huelga nacional se realizó el 18, pero el país llevaba 48 horas paralizado. Un flujo espontáneo de columnas que llegaron en camiones, colectivos, a pie y hasta en botes que cruzaron el Riachuelo cuando la policía levantó los puentes, había tomado el día anterior el centro de Buenos Aires y forzado al gobierno a liberar a Perón y encarecerle que contuviera a las masas. Lo hizo entrada la noche del 17, desde los balcones de la Casa de Gobierno. El 19, la CGT proclamó el éxito del paro, en una declaración que tampoco mencionó a Perón ni a la sublevación del subsuelo de la Patria, según la expresión que inmortalizó Raúl Scalabrini Ortíz, un humus de medio millón de personas, que ese día dejaron de estar solas y a la espera.
En ambos mensajes, Perón exaltó la unidad de los trabajadores como base para la unidad de todos los argentinos, y el 17 dijo que habían desaparecido los motivos para el paro del día siguiente, que podría realizarse «festejando la gloria de esta reunión de hombres que vienen del trabajo», y de los que se erigió en único representante e interlocutor válido.

 

Tres cuartos de siglo.

 

Han pasado tres cuartos de siglo. Aquella CGT clasista creada en 1930, que confluiría con Perón en constante tensión desde el Partido Laborista, tiene poco que ver con el sindicalismo empresarial que se moldeó durante los gobiernos de Onganía y Menem y nadie en la actualidad cumple un rol equivalente al de aquel líder que haría desembocar una entente militar-eclesiástica en un movimiento democrático de masas con el que el país ingresaría a la modernidad. Sin embargo, hombres y mujeres que no habían nacido entonces tienden a reproducir algunas líneas tanto de confluencia como de discrepancia, en un contexto en el que arrecia la presión patronal y política para arrasar en forma definitiva con la protección al trabajo establecida en aquellas jornadas. La incesante referencia del PRO a las siete décadas explicita que las furias dirigidas a Cristina, apuntan a Perón.
Mañana lunes 18 de octubre, el Consejo Directivo de la actual CGT, con fecha de vencimiento en tres semanas, se propone conmemorar aquel paro general, con un desfile frente al monumento al Trabajo de Rogelio Yrurtia, para expresar apoyo al Presidente Alberto Fernández y ninguneo a la Vicepresidenta CFK. Hoy, en cambio, afluirán a todas las plazas del país, incluyendo la de Mayo, militantes de organizaciones políticas, sociales, sindicales, de derechos humanos «para conmemorar esa gesta popular extraordinaria que fue el 17 de octubre de 1945», estando «muy unidos para construir entre todos y todas un futuro mejor», según la declaración de Alberto como presidente del Partido Justicialista, que de inmediato fue reenviada por Cristina.
Una y otra vez la ilusión de fracturar esa entente se estrella contra decisiones que el Presidente y la Vice sostienen con los dos hemisferios de sus respectivos cerebros.
El Presidente trató de conciliar las distintas posiciones. Pidió a la CGT que levantara el desfile del 18, pero los sindicalistas se negaron, aduciendo que por tratarse del Día de la Madre no podían convocar el domingo. Alberto valora el apoyo sindical y la capacidad de movilización del eviterismo, pero rehúsa dirigirlos en contra de Cristina, porque tiene claro que, en conflicto con ella, su gobierno se evaporaría. Por otra parte, le consta que llenar un estadio o una avenida no es lo mismo que colmar las urnas en una elección, como la legislativa que se realizará dentro de cuatro domingos. Con muchos planes y pocos votos sólo se construye una burocracia endeble. Está abierto a opiniones si actos como el de Nueva Chicago suman o restan pensando en el próximo escrutinio.
En el camino quedaron otras iniciativas: La del gobernador bonaerense Axel Kicillof, que había pensado un encuentro de dirigentes en la Quinta de San Vicente; La del propio Fernández, quien se proponía anunciar un Plan Quinquenal para la construcción de medio millón de viviendas; La del jefe de gabinete Juan Manzur, que planeaba un cónclave similar al de Kicillof pero en el Mercado Central.
Axel decidió levantar la cita en San Vicente, si había una actividad nacional en la Plaza de Mayo, y Alberto postergó para otro día el anuncio del programa en el que trabaja Jorge Ferraresi. Manzur viajó a Estados Unidos, a pedido del Ministro de Economía Martín Guzmán, quien necesita mostrar espalda política ante sus interlocutores del sistema financiero.
Pese a todas las dificultades, el gobierno considera que se avanzaron algunos casilleros: La confirmación de Kristalina Georgieva en el FMI, luego de lo que Joseph Stiglitz definió como un intento de golpe de Estado, por parte de sectores molestos con su enfoque menos centrado en la austeridad que en el cambio climático, la pobreza y el desarrollo; la programada visita de Joe Biden el viernes 29 al Vaticano, donde tratará con el papa argentino una agenda que incluye el cambio climático y la preocupación por los pobres, según el comunicado oficial de la Casa Blanca; el apoyo del G20 a la eliminación de sobretasas, y la propuesta creación de un fideicomiso de resiliencia y sostenibilidad que permita a los países más poderosos transferir a los más pobres y los de ingresos medios, la ampliación reciente de Derechos Especiales de Giro.
Varias de estas iniciativas confirman las gestiones iniciadas por Alberto con el encargado estadounidense del clima, John Kerry, y con los gobernantes de México, España, Francia y Portugal, Andrés López Obrador, Pedro Sánchez, Emmanuel Macron y Antonio Costa.
Fernández tampoco ha dejado de coordinar actividades con Máximo Kirchner, Wado de Pedro y Sergio Tomás Massa, quienes le organizaron el almuerzo con una decena de propietarios de grandes empresas. Fue consecuencia de un encuentro previo de Massa, Kirchner y De Pedro, en el quincho del presidente del Banco Macro con el propio Jorge Brito (h), el accionista de Panamerican Energy, Marcos Bulgheroni, y el supermercadista Francisco De Narváez, quien no se opuso a un estudio de las cadenas de valor. Kirchner participó en el tendido de la mesa en la Casa Rosada, pero prefirió no arrimarle su silla, cediendo todo el protagonismo al Presidente. Habrá otro similar, con industriales, cuya organización quedó a cargo del ministro del Interior, quien ha comenzado a difundir sus actividades en un humorístico noticioso en internet, titulado La semana de Pedro:
El padre homónimo de Brito, fallecido hace un año al caer su helicóptero, fue oficialista de todos los gobiernos que se lo permitieron. Pero Macrì intentó meterlo preso, cosa que el hijo no olvida.
Durante la tenida, De Narváez preguntó si «la señora Vicepresidenta» apoyaba la negociación con el FMI, que según el Presidente concluirá lo antes posible. La respuesta fue afirmativa. Como saben los lectores, la condición vicepresidencial es que el organismo elimine las sobretasas por el excesivo endeudamiento argentino, dada su corresponsabilidad en esa demasía, y una cláusula pari passu o de nación más favorecida, que permita a la Argentina migrar a cualquier programa futuro que mejore plazos y condiciones de los clásicos de Facilidades Extendidas.
En esas sobremesas también se convino la asistencia de Alberto al coloquio de IDEA, el organismo de lobby patronal en el que se presiona por formas de contratación laboral menos onerosas, según variantes del modelo de Techint presentado por Roberto Lavagna. La condición pactada con el vicepresidente de IDEA, el empresario automotor Daniel Herrero, fue el envío de una esquela que garantizó que este año las palabras del Presidente no serían escandidas por comentarios hostiles en un chat abierto entre los presentes. Varios de los comensales asintieron a la reflexión de Alberto sobre la cobertura mediática sesgada, que no ve más que vigas en el ojo presidencial.
La desconcertada trifecta mediática tendió a presentar estos hechos en contradicción con el nombramiento de Roberto Feletti en la Secretaría de Comercio y sus anuncios de congelamiento de precios de artículos esenciales hasta el 7 de enero. No tienen por qué serlo, dado que hay necesidad de ambas cosas, en las semanas que restan para la prueba electoral, cuyos resultados definirán las condiciones del tránsito hacia la confrontación decisiva de 2023. También es razonable que el gobierno prefiera compartir la mesa con el accionista principal de Walmart antes que con el lobbysta de los productores de alimentos colocado como mascarón de proa de la aún llamada Unión Industrial.
No obstante, la situación de Feletti es compleja. Su intención era congelar los precios cuidados al 7 de julio, ya que no se realizó la revisión prevista al 7 de octubre, pero los empresarios se negaron. La advertencia de que se aplicará la ley de abastecimiento ya la había hecho Paula Español. Pero esa ley ya no tiene la facultad de arresto que contemplaban los textos de Arturo Illia de 1964 y de Perón de 1974. Sólo contempla multas y clausuras, una atribución del Ministerio de Desarrollo Productivo, no de la Secretaría de Comercio. El discurso presidencial en IDEA fue un mensaje de respaldo, al advertir que sería inflexible con el control de precios, pero del dicho al hecho media una distancia a recorrer.

 

Calibres.

 

Son personajes de calibre muy distinto. Pero no tanto que explique la asimetría de las reacciones que provocaron los dichos de uno y otros. El Ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, se trenzó en una discusión ociosa con un humorista del diario La Nación.
Al mismo tiempo, el candidato liberal neo de la provincia de Buenos Aires, José Luis Espert, publicó este post: «Mañana 12 de octubre los seres humanos normales festejamos, como toda la vida, el Día de la Raza. Y eso no tiene nada de racista. Los simios drogados kirchneristas, no sabemos qué engendro linguístico festejarán».
Y el diputado bonaerense de la Coalición Cívica Libertadora Luciano Bugallo tampoco disimuló sus tiernos sentimientos. Bugallo organizó junto con Yamil Santoro los primeros cacerolazos de 2013, financiado por la Task Force Argentina, creada por los fondos buitre para forzar al gobierno nacional a pagarles lo que quisieran. En 2018, la diputada barrionuevera Graciela Camaño lo señaló como uno de los organizadores del sistema de trolls de Marcos Peña Braun, en un informe preparado para Sergio Massa. En diciembre de ese mismo año el Banco Central lo colocó en la lista de deudores irrecuperables, por un crédito de 3,7 millones de pesos a pagar en 30 años, obtenido por su esposa, la también diputada Lucila Lehman, de Santa Fe, incumpliendo las regulaciones cuando Javier González Fraga presidía el Banco Nación. Al mes de asumir el actual gobierno, Bugallo promovió el primer tractorazo contra su política desde la sigla Campo + Ciudad.

 

Intimidación o polémica.

 

Las palabras de Aníbal Fernández motivaron declaraciones y editoriales indignados en todo tipo de instituciones y medios. Fueron presentadas como arquetipo de intimidación amenazante desde el poder contra un simple ciudadano. La de Espert en cambio, fue reproducida en algunos medios como una «polémica frase», aunque no hubo polémica alguna al respecto, pasó apenas como una anécdota pintoresca, por más que es difícil condensar tanta violencia en apenas tres docenas de palabras. De Bugallo, sólo se ocupó algún programa de cable.
Por no desprenderse a tiempo de los reflejos de tuitero suelto, que comenta cualquier cosa sin medir las consecuencias, Fernández terminó agrandando a un personaje menor, cuyas observaciones electoralistas hubieran pasado inadvertidas sin el espaldarazo ministerial. El tumulto que se armó fue tan grande que no pudieron oírse sus aclaraciones posteriores: que el dibujo al que se refirió es uno en el que Nik declara su amor a ese colegio.
Pese a ello se dio por sentado que el ministro usaba información confidencial y había amenazado a las hijas del dibujante, que tenían miedo y lloraban. Incluso se llegó a afirmar que su frase tenía un tufillo antisemita (sic). Esto define la cancha en la que se juega la partida entre oficialismo y oposición.
En el debate del jueves entre candidatos porteños, María Eugenia Vidal opinó que los del oficialismo debían pedir la renuncia de Fernández. Leandro Santoro, quien había criticado al ministro, le respondió que mucho peor era el espionaje que Macrì ordenó a los hijos de Diego Santilli, denunciado por la madre, Nancy Pazos, y judicializado.
El Hada Buena respondió que como querellante conoce la causa y que Macrì no está involucrado, lo cual es falso, y agregó: «Macrì no es Aníbal».
Al comentar el debate, Pazos dijo en su programa de radio que «a Santilli le habían plantado gente adentro de la casa (…) Macri espiaba la casa donde iban mis hijos (…). El enojo fue de todos; después la política va cerrando heridas más fácil que las que puedo cerrar yo que no tengo por qué caretearle a este hijo de puta que no puedo creer que haya hecho lo que hizo. Porque además era un modus operandi».
En Santa Fe, Luis Contigiani renunció a su candidatura a diputado nacional por Primero Santa Fe, en repudio a un poster de su compañero de fórmula, el aspirante al Senado Jorge Boasso, que muestra a CFK con traje a rayas de presidiaria, y la consigna «Basta de corrupción K». Contigiani dijo que era un escrache inadmisible que estigmatiza a una persona. Tanto Contigiani como Boasso provienen de la UCR.
La Cámara Federal de Córdoba revocó el sobreseimiento del candidato Libertario Eduardo Prestofelippo, y ordenó al juez federal Alejandro Sánchez Freytes que lo procese por «incitación a la violencia colectiva y aliento al odio de personas por sus ideas». Prestofelippo, conocido en las redes antisociales como El Presto, escribió en agosto de 2020: «Vos no vas a salir viva de este estallido social. Vas a ser la primera -junto con tus crías políticas- en pagar todo el daño que causaron. Te queda poco tiempo» (NdR: el texto fue acompañado con una foto de Cristina Fernández de Kirchner).
Sánchez Freytes había entendido que no había delito sino ejercicio de la libertad de expresión, pero los camaristas Liliana Navarro, Eduardo Ávalos y Abel Sánchez Torres le ordenaron procesarlo y dictarle la prisión preventiva y un embargo para que no eluda la justicia.
En ese clima, Luis Juez y Rodrigo de Loredo, vencedores en la interna cordobesa de Juntos por el Cambio, se reunieron con un grupo de empresarios y profesionales interesados en conocer las políticas que pensaban impulsar desde el Congreso de la Nación. Sobre todo, indagaban acerca de la posibilidad de despedir trabajadores sin pagar indemnización. La respuesta de Juez fue contundente:
-Miren muchachos. Les voy a ser absolutamente sincero. Nosotros no vamos a proponer nada. Lo que vamos a hacer es no dejarlos gobernar. Rechazarles todo lo que propongan.
Eso es lo que la oposición hizo en 2010, con la mayoría obtenida en las elecciones legislativas del año anterior. Bajo la conducción de Patricia Bullrich formaron el Grupo Ahhh…, y coparon la presidencia de las principales comisiones legislativas, desde las cuales sabotearon todas las iniciativas del kirchnerismo. Por primera vez, se negaron a votar el Presupuesto Nacional, lo que obligó a CFK a prorrogar el de 2009.
Incluso impusieron su mayoría para votar un proyecto de ley que establecía la jubilación del 82% móvil, con el declarado propósito de forzar al Poder Ejecutivo a vetarla, y pagar las consecuencias por ello, o a promulgarla y concederles una doble victoria: asociar a la oposición con un eterno reclamo popular y descalabrar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del sistema previsional, que el gobierno estaba utilizando para dinamizar la inversión pública. Cristina no vaciló en vetar la ley, alegando que los jubilados sabían qué gobierno se había preocupado por rescatarlos de la miseria en la que quedaron con la privatización previsional del menemismo, revertida en 2008 al estatizar las AFJP.
Esta actitud impide discutir entre el gobierno y la oposición, tal como planteó Cristina, para abordar cuestiones de fondo: la deuda, la restricción externa, problemas que no se resuelven con un solo gobierno. La cuestión no pasa por despotricar contra la alternancia, que algunos idealistas creen posible evitar, cuando lo imprescindible es remontar desde un piso del 30% de los votos, sino poner un proyecto posible de país sobre la mesa con quienes tienen chances de llegar al gobierno. Esto no debe confundirse con la retórica del consenso y el diálogo sino con resolver los problemas con los que cualquier administración se tropezaría: la economía bimonetaria, el dinero de argentinos estacionado en el exterior, la inflación, la incorporación de trabajadores al sistema. De ahí la importancia del cara a cara con los dueños del poder económico. Ninguno de ellos reclamó la flexibilización laboral, por el contrario, pidieron que se incorporaran al diálogo los sindicatos de trabajadores. El Presidente repuso que el ámbito para ese diálogo es el Consejo Económico-Social.
Los 23 minutos del mensaje que el viernes leyó en IDEA redondearon uno de los mensajes más nítidos en sus dos años de gobierno. Su búsqueda de interlocución en el poder real se explica por la carrera vertiginosa que sus representantes políticos y mediáticos emprenden hacia la pared de la derecha. Allí dijo que las indemnizaciones y la protección legal contra el despido no impiden el crecimiento, como lo demostró el Premio Nobel de Economía de este año, David Card. Por el contrario sistemas, como el de la mochila austríaca, reclamado por muchos patrones y políticos, no han sido exitosos. Y en los países nórdicos, la indemnización por despido no impide la creación de trabajo. La doble indemnización argentina es un recurso transitorio, pero todo depende de la política económica que se implemente. Había dos millones de planes cuando asumió el kirchnerismo en 2003. Se redujeron a menos de 200.000 cuando concluyó el último mandato de Cristina, y se cuadruplicaron entre 2015 y 2019 con la política de destrucción industrial y apertura irrestricta. En la campaña electoral de 2003, quienes se acercaban a los candidatos pedían planes; en 2007, cuando asumió Cristina, los reclamos eran por mejores condiciones salariales, y en 2015 de no pagar impuesto a las ganancias. Entre esos extremos, se crearon más de cuatro millones de puestos de trabajo. La recuperación del salario real, que durante el gobierno anterior cayó un 20% es un compromiso irrenunciable, lo mismo que el control de los aumentos inexplicables de precios, que el gobierno desea alcanzar en una mesa de negociación con productores y comercializadores, pero será inflexible en la aplicación de las leyes si de ese modo no lo consigue, porque donde sólo unos pocos ganan no hay una sociedad sino una estafa. Sobre la deuda con el FMI dijo que busca el acuerdo más rápido posible, siempre que sea sostenible, porque no basta con que se posterguen los pagos hasta que termine el actual gobierno. La trifecta mediática consignó «frialdad y decepción» entre los empresarios (Infoemba) por un mensaje que «distó mucho de lo que esperaban escuchar los principales referentes» (Clarín). Uno de ellos «advirtió irónico que lo único que querría saber es qué carta le entregará Cristina a Alberto luego del 14 de noviembre para así saber cuál será el nuevo rumbo de la Argentina» (La Nación).
Mientras tanto en Nueva York Guzmán y Manzur hablaron sobre la inflación y la deuda. Ante una audiencia de insuperable escepticismo, el jefe de gabinete fue categórico. En la Argentina el peronismo no es parte del problema, sino de la solución, dijo. Resta por ver qué opinan las urnas, dentro cuatro semanas.

 

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