Los mismos que se cargaron a Alfonsín

La semana pasada se afirmaba en esta columna que la pelea por los precios es más política que económica. Solo unos días bastaron para ratificar ese concepto. La decisión del gobierno nacional de retrotraer al 1 de octubre los precios de casi 1.500 productos de la canasta familiar no solo generó un fuerte ruido mediático sino que partió aguas de manera decisiva en el escenario político.
El temporal desatado dejó al descubierto la verdadera «grieta» que divide a la sociedad, la que se define por los intereses de clase y no por las grotescas ocurrencias de algunos charlistas televisivos que gritan para la tribuna. Un ligero repaso de los que apoyan y los que se oponen al mecanismo de ponerle coto al descontrol de los precios ayuda a ubicarnos frente al problema sin demasiado esfuerzo. En el bando de los que rechazan la medida están, en primera fila, los grandes medios porteños, y junto a ellos la crema del establishment: la Asociación Empresaria Argentina capitaneada por Techint y el Grupo Clarín; la Cámara Argentina de Comercio; la Cámara de Comercio de EEUU en Argentina, integrada por las mayores multinacionales que operan en el país: Coca Cola, Pepsico, Unilever, etc.; la Coordinadora de Industrias Alimenticias (Copal) que nuclea a la mayores empresas del rubro y, desde luego, todo el macrismo como brazo político de ese poder económico. En el lado opuesto, entre los que apoyan la medida de la Secretaría de Comercio, están las asociaciones de consumidores, las organizaciones sociales, los sindicatos, las diversas agrupaciones de Pymes, las empresas alimenticias no monopólicas, casi todos los gobernadores y la mayoría de los intendentes. Más claro, imposible.
¿Alguien puede creer todavía de que el recalentamiento de los precios que llegó con octubre está desconectado de la carrera electoral? Que el poder económico está decididamente alineado con el macrismo ya no es un secreto para nadie; el propio gobierno de Cambiemos fue la mejor prueba. En verdad, fueron esos descontrolados saltos en los precios lo que desataron la reacción del gobierno y lo obligaron a tomar medidas que siempre estuvieron lejos de su radar.
Las amenazas de desabastecimiento, lanzadas con prepotencia descarada, es otro condimento que no puede soslayarse, porque habla de la lógica que impera en la elite económica. Esa minoría entiende que sus privilegios de clase son intocables y que el Estado no está para equilibrar las relaciones de fuerzas asimétricas de la sociedad sino para mirar de afuera sin intervenir. Detesta los controles de precios y la Ley de Abastecimiento porque no dejan actuar a la «mano invisible del mercado», esa que solo sirve para que los poderosos se devoren a los débiles. Algunos de sus voceros políticos, y hoy candidatos, hasta se permiten arengas que llaman a una rebelión empresaria contra el gobierno.
No es la primera vez que el poder real busca llevarse puesto a un gobierno. El golpe económico que le dieron a Raúl Alfonsín es un ejemplo de libro, que los dirigentes radicales de nuestros días se empecinan en olvidar al aliarse con los verdugos de aquel presidente al que solo recuerdan en los discursos de ocasión.