Culpar a las víctimas

La crisis económica y social de Argentina tiene responsables y también ganadores y perdedores. Estigmatizar a quienes cobran planes sociales, es una actitud hipócrita y perversa.

 

IRINA SANTESTEBAN

 

Veinte años después de la Masacre de Avellaneda, donde fueron asesinados los jóvenes piqueteros Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, siguen vigentes las causas que dieron origen a la lucha de los movimientos sociales: el hambre, la exclusión social, la pobreza y el desempleo.

 

En la agenda política actual se debaten los planes sociales, como si fuera el problema central de la crisis del país. Creados por el gobierno menemista para mitigar los efectos del desempleo provocado por las políticas neoliberales y las privatizaciones, los planes sociales subsistieron hasta ser hoy, para miles de familias argentinas, el pequeño y a veces único ingreso que ni siquiera cubre el valor de la canasta de indigencia.

 

El plan Potenciar Trabajo, que tiene 1,2 millones de beneficiarios y beneficiarias, aumentó a 22.700 pesos en junio y será de 23.925 pesos en agosto. Es la mitad del Salario Mínimo, Vital y Móvil, hoy en 45.400 pesos, cuando la Canasta Básica Total, que marca el límite de la pobreza para una familia de cuatro personas, es de 99.653 pesos.

 

Trabajo genuino.

 

Periodistas y dirigentes políticos de la derecha, repiten que hay que "crear trabajo genuino"; también lo hace el gobierno nacional, que se ufana de haber bajado el índice de desempleo al 7% y CFK insinúa que con ese porcentaje el número de planes sociales sería elevado.

 

Lo ideal es que toda la población tuviera un trabajo registrado, con salario digno, beneficios sociales y previsionales, y derechos laborales que se respeten. Pero ello no ocurre ni siquiera en los países desarrollados, donde la crisis agravada por la guerra en Ucrania está afectando a los trabajadores europeos, que se movilizan en Bélgica, Francia y el Reino Unido por aumentos salariales que compensen el alza del costo de vida.

 

El Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) del Ministerio de Trabajo de la Nación, en su informe de marzo 2022 afirma que en los últimos 15 meses ha habido una expansión del empleo asalariado registrado en el sector privado (hotelería, construcción, servicios comunitarios y personales, manufacturas como alimentos, textiles, madera, metalmecánica y automotores).

 

En este universo laboral se incluye a monotributistas, contratación que suele encubrir precarización laboral, pues el trabajador asume el costo de los aportes previsionales y la obra social, que en el trabajo en relación de dependencia se afronta en conjunto con el empleador. Además, los monotributistas no gozan de los beneficios de los convenios colectivos de trabajo como las vacaciones pagas, el aguinaldo, etc.

 

El informe de marzo 2022 del SIPA, arroja 9.907.000 personas con empleo asalariado registrado (incluyendo sector privado, sector público y trabajo en casas particulares) y 2.650.000 con trabajo independiente (monotributistas y autónomos). Ello significa 12.557.000 personas con "trabajo genuino".

 

Economía informal.

 

Según el Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (ReNaTep), entre julio de 2020 y agosto de 2021 se habían inscripto 2.830.520 personas, abarcando a quienes trabajan en comedores comunitarios, albañiles, vendedores ambulantes, agricultores, peluqueros, cocineros y servicios de limpieza. El universo laboral informal es más amplio y abarca hasta cinco millones de personas, una parte de las cuales percibe planes sociales, pero no son la mayoría.

 

Otro dato: el bono de 18.000 pesos en dos cuotas que otorgó el gobierno nacional para paliar los efectos de la inflación, destinado a monotributistas, empleadas de casas particulares y trabajadores informales, alcanzó a casi 10 millones de personas.

 

En la Economía Popular (cooperativas, unidades de gestión, etc) se realizan múltiples actividades productivas, generalmente a escala pequeña. Talleres textiles, fábricas de ladrillos, microemprendimientos gastronómicos, cooperativas de trabajo, etc., y su remuneración comprende el plan Potenciar Trabajo más la venta de su producción o servicio.

 

La mayoría son mujeres único sostén de hogar y las condiciones en las que desarrollan sus labores son muy difíciles, sin los beneficios que tienen quienes trabajan en el sector registrado y bajo convenio, como aportes previsionales, obra social o licencias pagas.

 

Pobres contra pobres.

 

El discurso derechista dominante en los medios hegemónicos instaló que una familia podía llegar a cobrar hasta 160.000 pesos en concepto de planes sociales. Según este "cálculo", sumaban dos planes Potenciar Trabajo, la Asignación Universal por Hijo, la Tarjeta Alimentar, entre otros programas sociales. Así, se intentó enfrentar a pobres contra pobres, para que quienes no perciben ayuda estatal, con trabajo formal o informal, pero con ingreso inferior a esa cifra mentirosa, se sumen al coro odiador de los más humildes.

 

No se critica con la misma contundencia a quienes en medio de semejante crisis social y laboral, han obtenido ganancias extraordinarias. Por ejemplo, los bancos tenedores de las Letras de Liquidación (Leliq), renovadas periódicamente por el Banco Central a una tasa del 47% anual (más de 4 billones de pesos en poder de los bancos). El presidente había prometido en su campaña, utilizar esos fondos para pagar los aumentos y remedios gratis a los jubilados. Sin embargo, ese sector parasitario financiero no es criticado por quienes demonizan a beneficiarios de planes sociales.

 

Tampoco se menciona a las grandes empresas que subfacturan exportaciones y evaden impuestos. La semana pasada escribí sobre la necesidad de que el Estado retome el control del río Paraná, por cuyo cauce sale el 80 por ciento de la producción agropecuaria, minera e industrial. Desde sus puertos privados, el agronegocio factura entre 35.000 y 50.000 millones de dólares. Durante 2021 el Estado se privó de recaudar 10.000 millones de dólares por la venta al exterior de productos argentinos que no son declarados por las empresas.

 

Nadie puede negar que hace falta "trabajo genuino", pero sin políticas de Estado que lo promuevan con salarios dignos y derechos laborales, será imposible la eliminación de los planes sociales.

 

Para acabar con la pobreza y la exclusión, el Salario Mínimo debería ser igual a la CBT, o sea 100.000 pesos, y los planes sociales, la mitad de ese monto: 50.000 pesos. ¿De dónde saldrían los fondos? Además de lo expuesto en esta nota, si se hubiera investigado el origen de la fraudulenta deuda externa que contrajo Mauricio Macri y suspendido sus pagos en lugar de acordar con el FMI, habría fondos para ello.