Miércoles 30 de noviembre 2022

Verbitsky: Juventud, divino tesoro

Redacción 25/09/2022 - 09.40.hs

La erosión de la democracia es inocultable, con pocas excepciones en todo el mundo. La toma del Congreso estadounidense hace veinte meses obró como una autorización planetaria. Si ellos lo hacen...

 

Por Horacio Verbitsky

 

Mañana se cumplirán nada menos que diez años de la conferencia que CFK pronunció en la universidad jesuita de Georgetown, en Washington, y que conserva absoluta actualidad. Es difícil decirlo mejor en tan pocas palabras. Parece estar describiendo el sector social del que provienen quienes se propusieron quitarle la vida, como si ella fuera la responsable de sus penurias.

 

En la sede neoyorkina de las Naciones Unidas, el Presidente Alberto Fernández retomó el tema, con una referencia a la tentativa de asesinato de la Vicepresidenta, que vinculó con las desigualdades e injusticias del mundo, donde el ingreso se concentró aún más durante la pandemia.

 

Una sola causa.

 

Mientras, se debate si la investigación por el atentado a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti debe unificarse con la causa que instruía su colega Marcelo Martínez de Giorgi por las amenazas contra Cristina y Alberto proferidas desde la cuenta de Instagram @revolucionfederal, según una denuncia recibida por el Departamento de Investigaciones Especiales de la Policía Federal. El mensaje decía "Los vamos a perseguir, van a tener miedo de salir a la calle. El robo y la corrupción va a dejar de ser gratis por las buenas o por las malas". También pedía donaciones, a una cuenta abierta a nombre de Leonardo Franco Sosa. Como Capuchetti le informó que Revolución Federal no era parte de su expediente, Martínez De Giorgi le dio traslado al fiscal Gerardo Pollicita, quien dictaminó que había conexidad, por lo cual debían remitirse las actuaciones al tribunal que ya había dispuesto la detención de Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte, Agustina Díaz y Gabriel Carrizo. Destacó que Uliarte había asistido por lo menos a una manifestación de los revolúfederales, el 18 de agosto, la noche en que se arrojaron contra la Casa Rosada, las teas encendidas que proveyó Jonathan Morel, el carpintero que también armó la guillotina que se colocó frente a la sede gubernativa. También arrojaron piedras, bombas de estruendo y bombas molotov, con la consigna: "Al kirchnerismo, cárcel o bala".

 

Cinco días después, Sosa fue detenido en las inmediaciones del domicilio de la Vicepresidenta y en la mochila que portaba se halló una bomba molotov (otras fuentes lo atribuyen a la mochila de otro manifestante que acudió en su defensa). El dictamen también menciona la detención de Gustavo Guerra por golpear frente a la casa de gobierno la camioneta de Sergio Massa, y el diálogo de Morel con el soldado voluntario Franco Castelli, del 26 de agosto sobre la posibilidad de asesinar a Máximo Kirchner. Martínez de Giorgi acuerda con el fiscal "que las maniobras se encuentran vinculadas entre sí, pudiendo resultar lo actuado en la presente de utilidad para aquella causa, es prudente que ambas investigaciones tramiten por ante un mismo magistrado". Los defensores oficiales de Uliarte y Sabag Montiel no apelaron la prisión preventiva, lo cual sugiere un acuerdo con el tribunal. De este modo, el atentado se considera como un delito común, sin afectación del orden constitucional. Sería congruente que ahora Capuchetti rechazara la unificación pedida por Martínez di Giorgi, y la sala de la Cámara de Apelaciones integrada nada menos que por Cacho Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens lo confirmara. En tal caso, ambos expedientes se tramitarían por separado, alejando la posibilidad de apreciar lo sucedido en toda su complejidad y ramificaciones. Es decir, lo contrario del reclamo de la querella vicepresidencial.

 

Ni Brenda se Salva.

 

Carlos Pagni el lunes 19 y Gustavo Sylvestre el martes 20 dieron amplio despliegue a las revelaciones publicadas aquí el domingo 18 acerca de la presentación del abogado Gastón Marano como defensor de Gabriel Carrizo. Marano era asesor del senador del PRO Ignacio Torres, lo cual le daba acceso a todos los datos secretos que se manejan en la comisión bicameral de fiscalización de los organismos de inteligencia.

 

Marano autorizó a consultar el expediente de Carrizo a la abogada de su estudio Brenda Salva, asesora de la diputada PROcaz Karina Bachey, y a Fernando Sicilia, defensor del grupo de policías Super Mario Bros que trabajaba en la AFI de Macrì, con quien comparte otros expedientes. Salva es además columnista en la señal de noticias por cable del diario La Nación. Tanto Marano como Salva fueron eyectados de sus cargos en el Congreso al trascender a quién defendían. Al producirse el atentado, Bachey posteó que era una farsa de Cristina para victimizarse. Pero alguien de mayor jerarquía le hizo saber la inconveniencia de su posición, y pateó a Brenda en salva sea la parte.

 

Marano se jacta en su biografía oficial de haber sido "supervisor de la Oficina de Ciudadanía en la Embajada de los Estados Unidos en Buenos Aires y, en su rol de especialista, tenía a su cargo la gestión de la cooperación jurídica internacional", lo cual tampoco garantiza que sea cierto. El sábado 17, Página/12 publicó incluso la tarjeta de presentación de Marano con el logotipo y los teléfonos de la embajada.

 

Como ejemplos de su alegada tarea, Marano menciona "la restitución internacional de menores desde la faz civil, y la gestión de extradiciones, desde la faz penal". Al anunciar un Zoom sobre Estados Unidos y la actualidad mundial en octubre de 2020 se presentó como "ex supervisor consular de la embajada de Estados Unidos", casi lo mismo que dice en su Instagram, donde suprime consular y sólo deja ex supervisor embajada USA. Pero una fuente de la mole de cemento de Palermo consultada para esta nota respondió que Marano trabajó hace 12 años atrás en un puesto administrativo en el área de visas pero nunca desempeñó tareas jurídicas. Es una práctica de manual: cuando el juez Alejo Ramos Padilla preguntó por Marcelo Sebastián D'Alessio (quien se presentaba como representante de la DEA, pero hay motivos para pensar que su terminal era la CIA), el entonces embajador Edward Prado negó cualquier vinculación con su país. D'Alessio es hijo de un consultor que trabaja para la embajada y las grandes empresas y sobrino del escribano general de gobierno durante el cuatrienio macrista.

 

Cada cual atiende su juego y la verdad es elusiva. Pero basta con el rol de Marano junto al senador Torres para teñir todo el episodio. Otros colegas se preguntan cómo puede un fabricante de copos de azúcar pagar un estudio caro. Eso es una ingenuidad y Marano dice que lo hace pro bono, tan gratis como la publicidad que recibe. Hay cosas que no tienen precio.

 

La mayoría de los casos en que se sabe que intervino Marano, involucran a personajes conocidos a través de los medios de comunicación: una nena abusada por un jugador de fútbol, un estafador especializado en mujeres, una bailarina de pole dance que atropelló con su auto y mató a un motociclista que le había robado un teléfono, una adolescente cubana que convivió con Maradona. En la única con contenido político, logró la absolución del subcomisario Hernán Kovacevich de la policía porteña acusado de cobrar coimas. Pero también ha tomado casos con motivación ideológica. El 26 de abril el diputado libertario Ramiro Marra le dijo al portal afín Conclusión que Marano estaba trabajando en una presentación judicial contra referentes sociales de piquetes y movilizaciones. En la misma nota se anunció la creación de un Movimiento Antipiquetero.

 

En cuanto se produjo el intento de asesinato, el gobierno estadounidense hizo saber su condena, en una declaración de su ministro de Relaciones Exteriores.

 

Eso tampoco significa gran cosa. Sólo en Medio Oriente, Estados Unidos afirma sin ambages que practica el asesinato de sus adversarios políticos, pero previamente los declara terroristas y en consecuencia sujetos a cualquier castigo. Esto no es posible en el caso de una Vicepresidenta elegida democráticamente, que además ha recibido entre sonrisas al embajador Marc Stanley y a la jefa del Comando Sur, generala Laura Richardson. Desde el Senado no ha partido ninguna sospecha hacia Estados Unidos, a diferencia de lo sucedido en los finales de la presidencia de Cristina, cuando dijo que si le pasaba algo no había que mirar hacia Oriente sino en dirección al Norte.

 

En aquel momento lo que estaba en discusión era la demanda de los fondos buitre en el juzgado federal de Nueva York, y las presiones sobre la Presidenta para conseguir el pago, que incluyeron una disparatada acusación de connivencia con el entonces Presidente iraní Mahmud Ajmadinejad. Ahora se trata de obtener las mejores condiciones para la explotación de los hidrocarburos no convencionales, el litio y los productos del agro, como el embajador Stanley dijo en el encuentro de agosto entre el precandidato presidencial Horacio Rodríguez Larreta y empresarios estadounidenses. Como quedó claro en sus giras gemelas, ni el Presidente Alberto Fernández ni el Ministro de Economía Sergio Massa son un obstáculo para ese propósito, que también cuenta con el beneplácito del Fondo Monetario Internacional.

 

Araca la Cana

 

El rol de la policía porteña en torno a la Vicepresidenta está bajo análisis: confraternización con el hombre que frente al Instituto Patria amenazó con fusilar o guillotinar a Cristina; pasividad ante el ataque con fuego y explosivos a la Casa Rosada; agresión a Máximo Kirchner cuando acudió a ver a su madre; filmación ilegal del rostro de los manifestantes.

 

Ante los cuestionamientos por el involucramiento de su primer jefe en escuchas ilegales, el entonces intendente Maurizio Macrì dijo que la designación del comisario Fino Palacios le fue recomendada por las embajadas de Estados Unidos e Israel, con las que consultó. El ex fiscal general Natalio A. Nisman lo acusó de encubrimiento del atentado contra la DAIA, pero fue absuelto.

 

Tal vez por estos antecedentes, Aníbal Fernández fue cauto ante el ofrecimiento de colaboración de los organismos de inteligencia de Estados Unidos en la investigación del atentado. Dijo que lo había derivado a la jueza y negó que su agenda durante la visita presidencial, que incluyó entrevistas en la DEA, Homeland Security, el FBI y la Policía de Nueva York guardaran relación con el episodio. Pero la Federal también está cuestionada por al menos tres cosas: El borrado del teléfono de Sabag Montiel que debía peritar; La demorada reacción ante el atentado, del cual los custodios no se percataron en el momento; Las varias horas que demoró el personal asignado para escuchar en tiempo real las conversaciones de Uliarte. La Dajudeco debió avisar en forma directa al juzgado, y un joven secretario fue quien encontró y obtuvo la detención de la mujer, para lo cual hizo detener al tren en el que huía.

 

Esto es muy complicado para la jueza Capuchetti, hija de un comisario general que fue Superintendente de Seguridad Metropolitana de la Federal, es decir el sector que luego pasó a la policía local. Al ministro de Seguridad porteño Marcelo D'Alessandro le comieron la lengua los ratones o, dicho en la jerga sociológica, No sabe/No contesta. El de la Nación emula a un personaje de Nicolás Casullo y manda fruta como el mejor. El jefe está confirmadísimo, todos trabajan de mil maravillas, bajo el férreo control del propio Aníbal Fernández.

 

La erosión de la democracia.

 

La erosión de la democracia es inocultable, con pocas excepciones en todo el mundo. La toma del Congreso estadounidense hace veinte meses obró como una autorización planetaria. Si ellos lo hacen...

 

Aquel día buscaban matar al Vicepresidente Mike Pence, porque no detuvo el escrutinio que todos sabían culminaría con la derrota de Trump. El intento de asesinato de la Vicepresidenta argentina es una manifestación extrema. Pero hay otras, menos visibles, que van socavando sus cimientos. La semana pasada se divulgó en Estados Unidos una encuesta que realizó en 22 países de Latinoamérica y el Caribe Lapop (inicialmente acrónimo de Latin American Public Opinion Project, cuyo producto principal es el Barómetro de las Américas). Tiene su sede en la Universidad privada Vanderbilt, en el estado de Tennessee, en el sur de Estados Unidos, y está financiada por la Agencia Estadounidense para el Desarrollo. Su sigla en inglés es Usaid, que se lee como ayuda de Estados Unidos. La misión de esta denominada agencia federal independiente, es planificar y administrar la asistencia económica y humanitaria en el mundo. Su declaración de principios sostiene que favorece la prosperidad y la seguridad nacional de Estados Unidos, demuestra la generosidad de su país y promueve la autosuficiencia y la resiliencia del destinatario. Fue creada en 1961 por decreto del Presidente John Kennedy como un instrumento de la guerra fría, parte de la Alianza para el Progreso, en respuesta a la revolución cubana.

 

La única pregunta formulada a 14.651 personas fue:

 

-¿Qué sistema político le parece mejor para su país:

 

1. uno que garantice el acceso a un ingreso básico y servicios para todos los ciudadanos, aún si no es posible elegir a las autoridades, o

 

2. uno que permita votar y elegir a las autoridades, aunque algunas personas no tengan acceso a un ingreso básico y servicios?

 

Casi el 15% de la muestra cayó en el rubro No sabe/No contesta.

 

Primero comer.

 

Afortunadamente, la Argentina integra el podio de los tres países donde hay menor disposición a privilegiar el bienestar material por sobre las elecciones, junto con Uruguay y los Estados Unidos. Aun así, en esa medición publicada ahora pero realizada en 2021, ya entonces eran 4 de cada 10. El clima del último año, con las reiteradas agresiones contra la Vicepresidenta, permite sospechar que podría haber aumentado. A las fuentes que estimulan esa percepción hay que sumar al obispado católico de Azul. En la puerta del colegio Monseñor César Cáneva, de Olavarría, que depende de esa diócesis, alumnas del último año del secundario escenificaron una insultante representación en la que Cristina arrojaba polenta desde un palco, a una hinchada con camisetas de fútbol que se prosternaba ante ella.

 

El estudio también analiza los hipotéticos predictores de cada opción. Uno de ellos es la edad. Según la estudiante que dirigió el sondeo, Katherine Oung, trabajos anteriores mostraban que en todo el mundo los más jóvenes tienen mayor escepticismo sobre la capacidad de los sistemas democráticos en sus países para enfrentar cuestiones como la desigualdad, la inseguridad económica y la corrupción. También son más propensos a apoyar a populismos de derecha o de izquierda.

 

Estas presunciones fueron confirmadas por los resultados. La correlación más fuerte se verificó entre la edad y la preferencia por la satisfacción material. Los mayores se mostraron 15% menos inclinados que los jóvenes a sacrificar las elecciones. En las conclusiones, Lapop afirma que los más jóvenes pueden sentirse desconectados de las deficiencias de un pasado autocrático, pero experimentan de primera mano los problemas que se presentan en los regímenes democráticos posteriores. Otros supuestos del trabajo tienen un marcado sesgo capusotiano. Por ejemplo, las personas con mayor educación formal son más participativos, incluyendo la actividad electoral y en principio tienen una valoración superior de la democracia. Algo similar plantea con la riqueza: los más prósperos tienen menor necesidad de la asistencia del gobierno y en consecuencia se sienten menos tentados a intercambiar elecciones por satisfacciones materiales. Las personas que en forma reciente padecieron inseguridad económica o alimentaria, tendrán mayor inclinación a intercambiar elecciones por garantías materiales. Como parece obvio, las respuestas lo confirmaron.

 

Como no podía ser de otro modo en una encuesta realizada por un organismo creado como parte de la guerra fría, otro predictor que se tomó en cuenta fueron las actitudes hacia China. La presunción, corroborada por los datos, era que quienes confían en China aceptarían en mayor proporción comer antes que votar. Esta encuesta es tanto causa como efecto del fenómeno que mide.

 

Los jóvenes al tacho.

 

La preocupación que hace una década expresó Cristina por los jóvenes a cuyas vidas el sistema político no les aporta soluciones tiene una expresión numérica irrefutable en los datos sobre el empleo y su precarización según las distintas edades de los trabajadores. Un trabajo realizado por el Centro de Economía Política (CEPA) a partir de la información divulgada por el Indec muestra que desde el tercer trimestre de 2003 al segundo trimestre de 2022, las personas de hasta 24 años promediaron una tasa de desocupación de 22,6%. En el primer trimestre de este año fue del 19,2% y si se proyecta al segundo trimestre la misma variación interanual del primero, en el segundo habría estado por debajo del 17%. Estos son los mínimos históricos, lo cual implica una marcada mejora durante el actual gobierno. Pero si se comparan con los resultados para las demás edades de los trabajadores, siguen siendo escandalosamente altos.

 

Si se comparan los niveles medios de cada edad, la tasa de desocupación de las personas de hasta 24 años en el mismo lapso es 2,5 veces mayor a la de quienes tienen entre 25 y 34 años y cuatro veces mayor a la de las personas de más de 35 años.

 

Algo similar se aprecia cuando se trata del trabajo registrado o precario. Los niveles de informalidad son insoportables entre los más jóvenes.

 

En el mismo periodo, las personas de hasta 24 años tienen, en promedio, una tasa de empleo no registrado 60% superior a la de las personas de entre 25 y 34 años, el doble de las de las personas de entre 35 a 59 años y 45% superior a la de las personas de 60 años o más.

 

Si lo que se mide es el salario real percibido a cada edad, las personas de hasta 24 años recuperaron poder adquisitivo más rápido en la década kirchnerista y perdieron con mayor celeridad con Macrì.

 

Los datos son elocuentes: entre 2003 y 2015 las personas de hasta 24 años más que duplicaron su poder adquisitivo (por encima de todas las demás franjas etarias). Entre 2016 y 2019 perdieron 32%, también por encima del resto de las franjas etarias. Y entre 2019 y 2022 ni recuperaron ni perdieron respecto de la situación anterior.

 

Es muy claro cuándo ganaron y cuándo perdieron en lo que va del siglo. Pero la traducción política de estas cifras sigue senderos tortuosos. La enorme habilidad de los sectores del poder apunta a canalizar el odio de algunos de esos jóvenes (como Gabriel Carrizo, cuyos dos hijos percibieron la Asignación Universal por Hijo) hacia quien antes advirtió el problema y más hizo por quienes lo padecen.

 

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