La muerte y las máscaras
La política del gobierno es cuestionada por dos tercios de la población y la policía y los roperos de la seguridad debieron proteger a Karina Milei y Martín Menem de la furia de un par de miles de yerbateros de Misiones. Ya en la primera revisión del acuerdo con el FMI no podrá cumplir con los compromisos asumidos y depende de un temprano waiver.
Por Horacio Verbitsky
En 1897, el extraordinario artista belga James Ensor pintó su cuadro La muerte y las máscaras. Esta semana, el artista argentino Navaja lo intervino, para transmitir la subjetividad de otro solterón como Ensor, el Presidente Javier Milei, quien se siente llamado a arrasar con quienes dominaron la representación política durante las décadas previas a su fulgurante aparición. Los primos Maurizio y Jorge Macrì son las primeras máscaras con las que Milei se propone acabar. Jorge Macrì ya anunció la remodelación de su gabinete que no quería hacer y el despido del consultor catalán Antoni Gutiérrez Rubí, al que no admitía haber contratado. Pero luego les sigue el peronismo, tanto con la máscara de la ex Presidenta CFK como con la del aspirante, Axel Kicillof. No obstante, la situación económica sigue siendo precaria y la caldera social sigue montando presión. Esta semana se produjo la huelga y una masiva movilización de todo el personal del Hospital Garrahan, que cuenta con simpatías unánimes en todo el país, que es el alcance de su práctica, el tratamiento de más de la mitad de los chicos con cáncer. La política del gobierno es cuestionada por dos tercios de la población y la policía y los roperos de la seguridad debieron proteger a Karina Milei y Martín Menem de la furia de un par de miles de yerbateros de Misiones. Ya en la primera revisión del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional no podrá cumplir con los compromisos asumidos y depende de un temprano waiver. Para conseguir los dólares que se evaporan como gotas de agua sobre piedra caliente, paga intereses extravagantes por un bono que incrementa la deuda pública. El objetivo es aplanar el precio del dólar, que sigue tan regulado como los salarios, con la intención de que el índice de precios al consumidor siga a la baja, con lo que supone que obtendrá una victoria resonante en octubre.
Es difícil encontrar mejor explicación a la lógica presidencial que el último libro de Juan Luis González, que ya hemos mencionado: Las fuerzas del cielo. Secretos, confesiones y peligros de la primera presidencia mesiánica. González fue el único periodista de alcance nacional interesado en el fenómeno en 2021, cuya trayectoria siguió desde su primera campaña por una diputación nacional. Pudo armar entonces una agenda única de contactos que le permitió acceder a la intimidad de Milei cuando era un desconocido ávido de publicidad. Gracias a esas fuentes, pudo testimoniar sobre la convicción profunda que tiene sobre sus poderes sobrenaturales, que le permitieron incluso asistir a la resurrección de Cristo. González también pudo conocer el curriculum secreto de Karina Milei, como "terapeuta holística, especializada en canalización angelical" y en la comunicación con los animales.
Esos amistosos canales se cortaron cuando González publicó en la revista Noticias que el perro con el que Milei hablaba había muerto años atrás. Los secretos y confesiones del título abundan en una biografía desconcertante, que desemboca en una advertencia sobre los peligros. El resultado es mucho más aterrador que el discurso progresista que compara a Milei con Hitler, Mussolini y los totalitarismos de hace un siglo. Esa visión retro colma de satisfacción a sus autores, pero los aleja de la especificidad del personaje y de su época, que es la nuestra.
Según el autor, la inestabilidad de Milei, lejos de quitarle votos, fue uno de los atributos que explicaron su victoria, porque su turbulencia personal se acopló muy bien con la profunda inestabilidad de una porción importante de la población. Con su construcción como un profeta que intenta rescatar al niño golpeado que fue, al adulto marginado por personas que nunca lo entendieron y a los amores que siempre le fueron esquivos. Considerarse un profeta justifica haberse sentido el hombre más solo del mundo, y es la figura con la que logra convencerse de que sus perros son sus hijos asesores y que Conan sigue viviendo junto a él. Es el artilugio mental por el que eleva a su hermana, la única persona que lo acompañó a lo largo de su vida, al rol de Moisés, con la fantástica capacidad de comunicarse con Dios. Su pelea con la realidad lo llevó a luchar contra la finitud de la vida e incluso obtener una decidida victoria sobre ella. Porque para él Conan no podía morir y, de hecho, cree que no murió. Por eso lo vio reencarnar en uno de sus clones, a la vez que el Conan original está sentado a la diestra de Dios y hasta es capaz de transmitir sus consejos. "La gran duda", concluye González, "es qué va a pasar cuando al elegido por una entidad sobrenatural le lleguen otros límites, por ejemplo, los que marca la institucionalidad. ¿Qué va a suceder el día en que la división de poderes pretenda limitar al elegido por el Uno? ¿Milei se inclinará ante la Constitución o lo hará solo ante Dios? Y el interrogante final: ¿Son compatibles Conan y la democracia?".
Era más blanda que el agua.
Hasta ahora, los choques con la división de poderes han sido soslayados por la blanda resistencia opuesta por gobernadores que dependen económicamente del gobierno nacional y legisladores cuyo horror al kirchnerismo justifica cualquier cosa que cuestione a esa fuerza, que es la primera minoría en ambas cámaras del Congreso. En un año y medio de gobierno, sólo dos veces el Congreso contrarió la voluntad presidencial: cuando anuló el decreto de necesidad y urgencia que abultaba el presupuesto y reducía los controles sobre el aparato de inteligencia, y al rechazar los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla Baring como jueces de la Corte Suprema de Justicia.
Además, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo rechazó por inconstitucional el título IV del DNU 70/23. Sus artículos 86, 87, 88, 97 y 98 coartan la libertad sindical, el derecho a realizar asambleas, las negociaciones colectivas y las huelgas, sostuvo el tribunal. Pero lejos de amilanar al gobierno, esto lo estimuló a insistir, con el decreto 340/25, que profundiza la ofensiva sobre el mercado laboral, al eliminar lisa y llanamente el derecho a huelga:
- Amplía las "actividades esenciales" (en las que el 75% de los ocupados no podrán abandonar sus tareas). Esto incluye los servicios de salud, de internet y de aduanas, la educación, la comercialización de agua y combustibles, la aviación comercial, la actividad portuaria. Ninguno de ellos pondría en peligro la vida, la salud o la seguridad de la población, como establece la ley 25.877, de Régimen Laboral, sancionada en 2004.
- Crea la categoría "actividades de importancia trascendental", donde ese porcentaje de prohibición llega al 50%. Cubre el transporte público, radio y televisión, la industria y la construcción, reparación de aeronaves, la actividad minera, de frigoríficos, correos, venta de alimentos, los servicios hoteleros, gastronómicos, bancarios, etc.
No queda tarea relevante en la que se permita un derecho garantizado por la Constitución Nacional y los convenios internacionales ratificados por el Congreso. La sincera fundamentación del decreto alude a la recaudación y el equilibrio fiscal y no al bienestar general que la Constitución ordena en su preámbulo.
Con el rechazo legislativo al acuerdo para sus candidatos a la Corte Suprema fue más mesurado. Los dos tercios, pero en contra, que cerraron la puerta del Senado en la nariz de García-Mansilla Baring, lo indujeron a la cautela, tal vez porque, como ha repetido varias veces, "soy loco, o sea, pero no boludo". Deja trascender que enviará otros nombres si las elecciones de octubre mejoran en forma sustancial su representación, pero entretanto no desautoriza el avance de negociaciones que podrían ampliar el número de miembros del tribunal. Ya se han presentado ocho proyectos, que lo incrementan desde 7 hasta 15 miembros (este último tuvo incluso sanción del Senado) pero ninguno pertenece a la Libertad Avanza. A lo sumo, fueron suscriptos por aliados u opositores cordiales. También apuntan a establecer un cupo de género y una representación federal. En la actualidad sus tres integrantes provienen de la misma región: Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti son santafesinos, y Carlos Fernando Rosenkranz correntino, aunque todos ellos tienen intereses económicos y/o actividad política en la Capital Federal.
Mudanza urgente.
La mayor urgencia del Poder Ejecutivo no pasa por la Corte Suprema, a la cual los casos tardan años en llegar, sino por la primera instancia, donde se investigan las infracciones a las leyes federales. Ese es un fuero colonizado por el macrismo, que se sirvió de él para perseguir al kirchnerismo, pero al que nada le impide girar la mira y apuntar a las Fuerzas del Cielo, que van acumulando denuncias. El carácter vengativo de Maurizio Macrì es un dato de la realidad que nadie ignora. Como es imposible desplazar a las docenas de jueces de primera instancia y de las cámaras de apelaciones, la solución concebida por el gobierno consiste en el traslado de la responsabilidad investigativa a los fiscales, mientras los jueces quedarían como garantes de la legalidad del proceso. La pieza clave en este esquema pasará a ser el Procurador General, cargo que está vacante desde hace ocho años, atendido por un fiscal general, que ya ha superado la permanencia de todos sus predecesores con acuerdo del Senado desde 1966, más de medio siglo. El sistema acusatorio en la justicia federal fue promulgado en diciembre de 2014, pero hasta ahora sólo se ha aplicado en forma parcial en Salta, Jujuy, Mendoza y Rosario. Ya sea que consiga designar a un candidato propio en esa función decisiva, que prolongue el interinato de Eduardo Casal o que obtenga su reemplazo por un fiscal más joven y entusiasta con las ideas de la libertad (avanza), el gobierno de los Hermanos Milei se sentiría más protegido de las acechanzas institucionales. Las provincias con más experiencia porque han abandonado el sistema inquisitivo en sus jurisdicciones hace muchos años son Buenos Aires, Córdoba, Chubut y Tucumán.
Cuando se sancionó el cambio de sistema faltaba un año para que concluyera el segundo mandato de CFK. Los jueces hicieron sentir su desagrado ante esa transferencia de poder y lograron que su aplicación fuera tan gradual que veinte jurisdicciones prosiguen con el vetusto sistema inquisitivo, una reliquia que llama la atención de los observadores internacionales. El apuro del gobierno nacional ha generado también resistencia entre los fiscales, no porque rehúsen el poder del que gozarán, sino por la falta de recursos para desempeñar la nueva tarea en forma razonable, sobre todo en un momento en que las miradas críticas se dirigen como nunca antes a los tribunales. Les fastidia, además, que el ministro Mariano Cúneo Libarona (a quien denominan en forma despectiva "un sacapresos"), se proponga desalojar a los fiscales porteños de su cómoda ubicación en los tribunales de Retiro, para enviarlos a los confines de la Capital, en el predio de la EXMA.
Déjà vu.
Algo similar ocurrió en 1999 cuando el Procurador Nicolás Becerra intentó aplicar un proyecto de los fiscales Maximiliano Rusconi y Mirna Goransky, para desplazar las fiscalías a los barrios. Entonces, 33 fiscales de instrucción del fuero ordinario (sobre un total de 39) y 17 de los 22 fiscales federales rechazaron el denominado "plan piloto de seguridad cooperativa", que Becerra pensaba instalar como primer paso en el barrio de Saavedra. Hicieron circular entonces que deberían instalarse en las comisarías, lo cual no formaba parte del plan, y que alcanzaba a todos los fiscales, cuando nunca contempló a los federales. El principal argumento era el mismo de ahora: la falta de recursos que haría fracasar la experiencia. Encabezaban la lista de resistentes Carlos Stornelli, Raúl Plée, José Barbaccia y Eamon Mullen. Los dos primeros siguen en sus cargos un cuarto de siglo después. Barbaccia y Mullen fueron condenados a dos años de prisión por su labor en la causa por el atentado a la DAIA.
La actual iniciativa del Ministerio de Justicia también forma parte de su propósito de reducir a su mínima expresión la presencia en ese predio de los organismos defensores de los derechos humanos. Ya se ha manifestado en la drástica reducción de personal en el museo de sitio, la clausura del Centro Cultural Haroldo Conti y la degradación de la Secretaría a subsecretaría, siempre a cargo de Alberto Baños. Hace dos décadas, cuando en el flamante gobierno kirchnerista se debatió cómo se aplicaría la ley porteña que durante el gobierno de Aníbal Ibarra dispuso la creación de un museo de sitio en aquel ex campo de concentración y exterminio, el CELS propuso tomar para esa función sólo el Casino de Oficiales con su salón Dorado, de donde partían las patrullas que secuestraban, torturaban y ejecutaban a personas sindicadas con la genérica definición de subversivas, y el edificio principal, de las cuatro columnas. Pero el resto de los organismos rehusó la propuesta y exigió el desalojo de todas las instituciones navales antes de poner un pie en el predio. El Poder Ejecutivo siguió esa voluntad mayoritaria y en marzo de 2004 tomó posesión de las 17 hectáreas y los 40 edificios donde instaló un espacio para la memoria, conducido en forma tripartita por la Nación, la Capital Federal y un directorio de organismos.
Operaciones terrenales.
La creencia presidencial en las fuerzas del cielo se complementa con las operaciones terrenales que despliegan sus colaboradores más leales. El domingo 25 de mayo, La Nación publicó un informe de Hugo Alconada Mon sobre el Plan de Inteligencia Nacional que "entreabre la puerta a tareas de espionaje interno que podría recaer sobre periodistas, economistas, académicos y todo aquel que cuestione al Presidente Javier Milei o al gobierno nacional".
De inmediato, comenzaron intentos de hackeo del correo electrónico y de las redes antisociales del periodista, y la inscripción de su nombre en sitios porno, como él mismo lo explica. Alconada replicó con un segundo capítulo de su investigación: reveló una directiva secreta de la SIDE para “monitorear” la acción de “grupos sociales vulnerables” y buscar información sobre “actores no estatales” que puedan “capitalizar la creciente polarización política”.
Esto transgrede los límites fijados por la ley de Inteligencia Nacional, que firmó Fernando De la Rúa en 2001, y que junto con la de defensa nacional, promulgada por Raúl Alfonsín en 1988, y la de Seguridad Interior, sancionada bajo la presidencia de Carlos Menem en 1992, surgió del más amplio consenso interpartidario en cuatro décadas. El artículo 4 de la de inteligencia nacional prohíbe “obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción”.
Desde el gobierno se afirma que la filtración provino de la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Organismos de inteligencia, que preside el senador de la UCR, Martín Lousteau, y cuyo vice es el diputado radical kirchnerista Leopoldo Moreau. Ambos fueron designados cuando se anuló el decreto de necesidad y urgencia que incrementaba sus fondos reservados. La sospecha oficial se basa en que la Comisión recibió un ejemplar del plan y presentó preguntas y objeciones. Al no obtener respuesta, habría decidido prescindir del secreto al que todos sus miembros están obligados. Este es un claro ejemplo de los límites que enfrenta la presidencia mesiánica. Son límites sólo en apariencia institucionales, ya que la filtración no integra las facultades de los controladores. A una ilegalidad oficial, se respondería con otra de quienes disienten. ¿Lamentable o afortunadamente?
El bajón.
El acuerdo de unidad entre LLA y el PRO en la provincia de Buenos Aires está avanzado, por más que falten detalles. En la elección nacional de octubre sólo se sumarán algunos amarillos a la lista Violeta, en posiciones a discutir. En las locales de septiembre aún se debate si se seguirá el mismo esquema o si los intendentes PROcaces y de la UCR encabezarían las listas en los distritos que gobiernan. Cualquiera sea la fórmula, esa combinación ha infundido desaliento en el justicialismo, que sólo ha podido imponerse en 2021 y 2023 por la división entre sus adversarios. Esta novedad potencia el malestar entre el kirchnerismo, que se opuso al desdoblamiento, y quienes ayer lanzaron el Movimiento Derecho al Futuro tras el gobernador Axel Kicillof. Es probable que nadie en su equipo supiera al elegir su denominación que MDF es la sigla de un aglomerado de astillas y fibras de madera prensadas al calor con resina sintética, que se emplea en la construcción y en decoración. Su promoción informa que es más barato que la madera, pero requiere cuidados especiales en ambientes húmedos.
Kicillof ha sido preciso en su réplica al canallesco relato del gobierno nacional, cuya ministra Patio Bullrich calificó la inseguridad bonaerense como "un río de sangre". El gobernador utilizó para refutarlo los datos del Sistema Nacional de Información Criminal, del propio Ministerio de Seguridad: tanto en la Nación como en la provincia, la tasa de homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes descendió. La Nacional fue de 3,7, la más baja desde 2000; la provincial, de 4,34 es decir la segunda más baja en el último cuarto de siglo. Si no fuera por el retintín mediático que magnifica cada episodio bonaerense y repite a toda hora el dolor y la indignación de las víctimas, el gobierno provincial no debería tener dificultad para enfrentar al candidato libertario José Luis Espert, con su amable slogan cárcel o bala.
Más compleja es la división interna, exacerbada en estos días. Las diatribas de los ministros Carlos Bianco y Andrés Larroque ya se dirigen en forma abierta contra CFK, mientras el gobernador se cuida de emitir una sola palabra crítica al kirchnerismo. Los videos emitidos durante el bien nutrido plenario de ayer en el predio de UPCN en La Plata, sólo mostraron a Perón, Evita y Kicillof, mencionado cada vez como conductor. Hubo espacio para Maradona, Hebe Bonafini, Antonio Cafiero, Italo Luder, Carlos y Pepe Mugica, Saúl Ubaldini y el Papa Francisco. La goma de borrar stalinista eliminó toda imagen de Cristina, salvo un fugacísimo abrazo con Kirchner, mientras dos estruendosos locutores instaban a aclamar a Kicillof y levantar bien alto el puño. Pero en su medido discurso de 50 minutos, el gobernador señaló como único adversario a Milei y dedicó un párrafo a la persecución judicial contra Cristina, en una clara división del trabajo. También exaltó "el Estado presente" y consideró una pérdida de tiempo hablar entre dirigentes, porque junto con el pueblo de la provincia hay que evitar que la motosierra cruce la Avenida General Paz. Instó a construir un gran frente bonaerense con todos, al mismo tiempo que sus principales colaboradores aumentan el tono de sus críticas al kirchnerismo. El narcisismo de la diferencia brilla como nunca.
Otra novedad es que ambos bandos están preparándose para explicar una derrota: Kicillof dijo que la última victoria en las elecciones de medio término ocurrió en 2005, cuando Cristina derrotó a Hilda González de Duhalde. El kirchnerismo, en cambio, señala como un grave error el desdoblamiento dispuesto por el gobernador, contra la opinión de Cristina, quien desde fines del año pasado sostiene que no pueden existir proyectos provinciales o municipales al margen de un proyecto nacional. También cuestiona que Kicillof haya adelantado la instalación de su candidatura presidencial, exponiéndose a las tácticas de demolición del gobierno nacional durante dos largos años. "La campaña será roñosa", admitió el gobernador. En las elecciones legislativas de 2021, el peronismo sólo obtuvo el 42% de los votos contra el 37,2% de Juntos y el 6,58% de LLA. Este esquema se agravó en las generales de 2023: Kicillof fue reelecto con 45%, pero si se hubiera unificado el 26,6% de Néstor Grindetti con el 24,57% de Carolina Píparo, el antiperonisno hubiera sido la mitad más uno. Mañana, CFK fijará su posición en una entrevista en C5N.
Hipótesis.
Las investigaciones sobre $Libra prosiguen, en la Argentina y en Estados Unidos. El fiscal Eduardo Taiano solicitó a las empresas de telefonía móvil los números presentes o pasados de los Hermanos Milei, de Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Morales, para entrecruzarlos. Ya había pedido, y la jueza federal María Servini concedido, el levantamiento del secreto fiscal y bancario de todos ellos. Es posible que hayan llegado tarde: la Policía Federal obtuvo las filmaciones de las cámaras de seguridad en la sucursal Martínez del Banco Galicia. La madre y la hermana de Novelli llenaron un bolso y una mochila que traían vacías, con el contenido de las cajas de seguridad de Mauricio. Milei ha repetido en muchas entrevistas que quien manejaba sus finanzas y negociaba sus contratos por conferencias era Karina. Hayden Davis la sindicó como la persona que cobraba por el acceso a su hermano y le indicaba qué debía hacer.
Una jueza de Wall Street decidió que las causas por el robo con la memecoin recomendada por el Presidente argentino pasara del fuero provincial de Nueva York al federal. Fue presentada por los estudios Burwick y Treanor y tiene como imputados a Hayden Mark Davis, su padre Tom y su hermano Gedeon, la firma KIP Protocol, Benjamin Chow y las plataformas Jupiter y Meteora. Según el especialista cripto Fernando Molina, la jueza también dispuso el bloqueo de las cuentas Team Wallet 1 y Milei CATA, por un monto que según distintas informaciones, oscilaría entre 60 y 280 millones de dólares. La decisión no alcanzó a las billeteras Milei y Vlad Milei, con otros 42 millones. Como estrategia para que la causa no se empantanara en tecnicismos internacionales, Burwick no imputó a los argentinos involucrados: Karina y Javier Milei, Mauricio Novelli, Sergio Morales y Manuel Terrones Godoy. Pero el Presidente argentino es mencionado seis veces en la demanda, porque creó una apariencia de legalidad al engaño. Al avanzar la causa, podría ser imputado. La jueza que investiga el robo tiene el apropiado nombre de Jennifer Rochon.
La tecnología blockchain permite rastrear con exactitud las distintas operaciones realizadas, pero sin identificar a sus titulares, que pueden utilizar nombres de fantasía o siglas. El token $LIBRA fue creado por la cuenta identificada en la plataforma Solana como "Libra: Team Wallet 1", con la identificación alfanumérica DefcyKc4yAjRsCLZjdxWuSUzVohXtLna9g22y3pBCm2z.
Por lo común, las primeras letras identifican a una cuenta. Solana crea esas claves en forma aleatoria, pero el usuario puede elegir una vanity address, que en la jerga del marketing es el juicio de una persona sobre lo atractiva que sea el aspecto de otra. Una dirección de vanidad es una dirección de blockchain que contiene un patrón específico elegido por el usuario, como un nombre o una palabra, al principio o al final de la dirección. Solana permite elegir una clave que comience, contenga y termine con el patrón alfanumérico deseado.
Si "DefcyK" se lee como un acrónimo:
"D" es Davis.
"E" es Epstein, el asesor que explicó en X cómo comprar $LIBRA y eso fue retuiteado por Milei.
"F" es Francos, el Jefe de Gabinete que, según el artículo 100 de la Constitución Nacional está obligado a refrendar todo lo que el Presidente firme y a hacer lo que le delegue.
"C" es CUBE, la empresa que participó de forma activa y desde el inicio en el proyecto.
"Y" es la conjunción copulativa que une las anteriores con la última letra:
"K", es Karina.
¿Será ese el TEAM propietario de la billetera número 1, creadora y dueña de $LIBRA?
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