Los años que vivimos en peligro

Por Horacio Verbitsky

 

La pandemia, la deuda con el FMI, cuya auditoría no es auspiciosa, los salarios que no recuperan lo perdido con Macrì, el caos de la oposición y una justicia en pie de guerra, conforman el cuadro con el que termina 2021 y comienza la segunda mitad de la presidencia de Alberto Fernández, cuya insistencia en una hipotetica reelección desconcierta a propios y ajenos.

 

¿Carla o Tony?

 

Con pocas horas de diferencia los principales especialistas sanitarios de la Argentina y Estados Unidos formularon pronósticos opuestos sobre el comportamiento de la pandemia, a partir del predominio de la variante ómicron.

 

Aquí, la ministra de Salud, Carla Vizotti, dijo que ya no se medirá la cantidad de contagios, sino la de internaciones y la de óbitos. Esto se debería a que ómicron es más contagiosa pero menos letal, lo cual se refleja en un incremento mínimo de la presión sobre el sistema sanitario y la cantidad de personas que pierden la vida.

 

Por el contrario, el asesor en temas de salud de la Casa Blanca, el infectólogo Anthony Fauci, advirtió en la cadena estadounidense de noticias CNN que la fulminante propagación de ómicron hará que en pocos días más queden desbordados los hospitales y haya una fuerte presión sobre los servicios funerarios. Sin embargo, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, declaró que no se prevé imponer restricciones porque todos los casos conocidos de ómicron se produjeron en personas no vacunadas.

 

La Argentina tiene un porcentaje de vacunación más alto que Estados Unidos, y uno de los primeros del mundo, con más de 80% de la población con una dosis y más de 70% con dos. Aquí los militantes antivacuna y anti pase sanitario, como los que agredieron a periodistas de Radio con Vos e intentaron cortar la transmisión de Crónica televisión, son fanáticos pero minoritarios, en comparación con Estados Unidos y con algunos países europeos, como Francia.

 

En marzo, cuando se cumplan dos años desde el arribo del virus a la Argentina, será posible evaluar la justeza de cada uno de estos pronósticos. Pero cualquiera sea ese saldo, los gobiernos en todo el mundo anhelan dejar atrás esta pesadilla y volver a alguna forma de normalidad. El riesgo es que este deseo se convierta en voluntarismo y logre el efecto contrario al buscado.

 

Aunque el gobierno prefiera no hablar del tema, porque cree que su insistencia en contabilizar hospitales, camas, respiradores, infectados y occisos fue la causa principal de su decepcionante desempeño en las elecciones de septiembre y noviembre, su preocupación es grande, por los costos intrínsecos a la situación y por su efecto sobre la economía, cuya recuperación vigorosa podría ser afectada. El crecimiento de este año superará el 10%, y la desocupación bajó al 8,2% en el tercer trimestre (pero llegaría al 12% si se incluyera a quienes reciben planes sociales). Esta inquietud no excluye a quienes desde el oficialismo creen que el traspié electoral tiene que ver con el estancamiento del empleo y el salario antes que con la pandemia.

 

La auditoría del FMI.

 

Otra de las cuestiones principales en torno de las que gira la vida política del país es la negociación por la deuda con el Fondo Monetario Internacional cuyo directorio difundió el miércoles 22 su auditoría interna sobre el crédito stand by que concedió a la Argentina en 2018. La portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, dijo que esa revisión dirigida por el economista noruego Odd Per Brekk, que no es especialista en la Argentina ni en América Latina, sino en Asia y el Pacífico, es una tímida autocrítica, que debería avalar un trato preferencial al nuevo gobierno. El presidente Alberto Fernández calificó el informe de “lapidario”, y el Ministro de Economía, Martín Guzmán, lo consideró un avance pero insuficiente. Para el FMI, debe corregirse la laxitud con que se permitió a la anterior administración manejar la economía. Una interpretación lleva a la indulgencia, la otra refuerza la exigencia.

 

El secretismo de las negociaciones no ha dado grandes resultados. Hasta ahora, ese Fondo al que se presenta como amistoso y comprensivo ha rechazado todas las solicitudes argentinas: ni estirará la duración del acuerdo de Facilidades Extendidas más allá de los diez años usuales, ni atenuará las sobretasas por el volumen excesivo del préstamo. Tampoco hay decisión tomada sobre la posibilidad de que otros países cedan a la Argentina su parte en la ampliación de Derechos Especiales de Giro que dispuso este año. En verdad, la fuga de capitales y los padecimientos de los más débiles eran evidentes antes de que el Fondo los incluyera entre su nómina de cosas que no salieron bien. Como dijo Alberto: “Nosotros se lo contamos al Fondo, que debió admitirlo”.

 

La auditoría incluye una revisión de todos los acuerdos que la Argentina firmó con el Fondo en seis décadas. No se refiere a tal o cual gobierno, sino al país que representaron. El gobierno celebró la publicación del informe, porque constata sin atenuantes que el programa fracasó, dice que debieron implementarse controles de capital para evitar la fuga y acuerdos de precios y salarios para que no sufrieran los ingresos populares, pero en su texto falta la explicación política que justificaría un trato preferencial compensatorio. Ni una palabra sobre la decisión del accionista mayoritario del organismo, que es el gobierno de los Estados Unidos, de apuntalar al gobierno de Maurizio Macrì para favorecer su reelección, ya que era considerado un modelo para la región. Lo confesaron el propio Macrì en la entrevista que en su momento concedió a la televisora estadounidense CNN, y quien fuera el representante del entonces presidente Donald Trump, Mauricio Claver-Carone, durante un seminario en Chile.

 

Por el contrario, la única referencia política en el dossier del FMI apunta a las expectativas adversas que crecieron con la probabilidad de que la buscada victoria electoral de Macrì se frustrara, lo cual le impuso un inconveniente gradualismo y le impidió realizar las reformas estructurales que el Fondo reclamó, reclama y reclamará, las que Macrì promete si se produjera su anhelado segundo tiempo. Esa falta de confianza de los mercados llevó a refinanciar la deuda privada que iba venciendo a plazos cada vez más breves y tasas más altas, hasta que el acceso al crédito voluntario se cerró por completo, agrega.

 

A la actual oposición, la auditoría le sirve para clamar que todos los problemas se deben al peronismo y tanto Cerruti como Guzmán lamentaron que nada haya dicho sobre el incumplimiento de los propios estatutos de la organización. Peor aún, la auditoría recuerda que en 2018 el FMI señaló como inconsistente y discrecional la estrategia cambiaria del Banco Central, lo cual erosionó las reservas. No lo dice, pero todos lo saben, que a raíz de ello Christine Lagarde exigió el alejamiento de Luis Caputo del BCRA, donde lo reemplazó Guido Sandleris, quien cumplió con las restricciones que exigía el Fondo. Esos párrafos de la auditoría empeoran la posición de Caputo en la causa penal que lleva la jueza María Eugenia Capuchetti y cuyo fiscal es Franco Picardi. Pero aun si el Messi de las finanzas fuera procesado por defraudación, y su predecesor y sucesor, Federico Sturzenegger y Sandleris por incumplimiento de sus deberes funcionales, lo mismo que Macrì y Nicolás Dujovne, esto no modificaría la actitud hacia la Argentina del Fondo, que con esta mención está diciendo que fue más cuidadoso que el gobierno de entonces. Tal como destacó Alberto en un tuit, el Fondo mencionó la fuga de capitales (lo hizo en el comunicado de prensa, en el resumen ejecutivo. en la evaluación del directorio y en el punto 9 del dossier), que junto con la creciente cancelación de deudas presionó sobre el tipo de cambio, lo cual "dañó los ingresos reales, dada su alta transferencia a la inflación, debido a la extendida dolarización e indexación". Pero la evaluación afirma que se siguieron las políticas y procedimientos pertinentes del Fondo, que en las sucesivas evaluaciones advirtió de estos riesgos pero le "resultó difícil comprometer a las autoridades en planes de contingencia".

 

La auditoría se realizó porque la Argentina recibió un préstamo trece veces mayor del máximo que le correspondía por su cuota en el capital del FMI, que se denomina de Acceso Excepcional. Su texto reconoce, tal como dice el gobierno, que la inflación no es un fenómeno exclusivamente monetario, sino multicausal. Pero entre esas causas del fenómeno el FMI considera la puja distributiva y la insuficiencia de las exportaciones. Según la evaluación del directorio "la estrategia y las condicionalidades del programa no fueron lo suficientemente robustas para enfrentar los problemas estructurales profundamente arraigados de la Argentina". Algunos directores cuestionaron que el gobierno anterior no haya emprendido una reestructuración de deuda privada y control de capitales (dos cosas que sí hizo el actual gobierno), pero otros directores "cuestionaron la factibilidad de implementar tales medidas, cuando un objetivo clave del programa era restaurar la confianza del mercado". Lástima que no identifique qué directores lo plantearon así.

 

¿Qué se supone que propondrá el Fondo para corregir esos problemas estructurales, menor rentabilidad empresarial o rebaja de salarios y retraso de jubilaciones, fortalecimiento del mercado interno o mayor superávit comercial vendiendo lo que sea? Si a la España de Pedro Sánchez y Podemos, el FMI acaba de exigirle que abarate los despidos, ¿qué puede esperar la Argentina del Frente de Todos? Pero también es cierto que la reforma laboral que la ministra Yolanda Díaz acordó con sindicatos de patrones y de trabajadores, amplía derechos, en vez de recortarlos.

 

En la foja 105 del dossier, se dice que el programa que el gobierno de Macrì acordó con el FMI produjo “un rescate financiado por el FMI de los acreedores e inversores privados que durante los dos años previos al Stand By habían especulado con las oportunidades de bicicleta financiera [carry trade], aumentando la carga de la deuda para la Argentina, así como modificando su composición en divisas, sin ninguna consecuencia positiva en la economía real. Entre fines de 2015 y la implementación de controles de capital en 2019, la formación de Activos Externos de residentes superó los 86.000 millones de dólares, una llamativa concentración de riqueza en manos de pocos actores económicos. Un pequeño grupo de 100 agentes realizó compras netas por 24.679 millones de dólares, y los 10 primeros por 7.945 millones”. La auditoría lo consigna, en el capítulo dedicado a las posiciones de las autoridades, pero no lo hace propio. Uno de los pocos puntos a favor en la evaluación del directorio es que los programas del Fondo "deberían ajustarse a las circunstancias del país, incluyendo consideraciones de política económica, que podrían incluir el uso de medidas no convencionales, si fuera difícil aplicar políticas macroeconómicas estándar".

 

Cifras, nada más.

 

Un informe de coyuntura del centro de estudios de la CTA, Cifra, realizado por Pablo Manzanelli y Daniela Calvo, afirma que la recuperación de 2021 posterior a lo que denomina las dos pandemias, económica y sanitaria, siguió una trayectoria sinuosa. Luego de la elevada expansión que se había registrado en el segundo semestre de 2020, el Producto Interno Bruto desaceleró su crecimiento en los primeros seis meses de este año, pero repuntó a partir del tercer trimestre.

 

Además de la segunda ola de la Covid-19, el trabajo atribuye estos vaivenes a “la moderación de la política económica durante el primer semestre y la debilidad que encontró el proceso de recuperación del empleo y los salarios. De allí que, en el marco de un elevado proceso inflacionario, la reactivación fue contemporánea a una caída significativa en el peso de los salarios en el PIB (del 49,8% al 40% entre el segundo trimestre de 2020 y mismo período de 2021)”. Además,en el primer semestre el Ministerio de Ecomomía desplegó una política fiscal moderada, que limitó la expansión del nivel de actividad. “Esto se evidenció no solo en un ajuste del gasto primario respecto a 2020 sino en un nivel de gasto apenas superior al de 2019 si se excluye el único componente expansivo que fueron los subsidios económicos. Es decir, un nivel de gasto primario similar al del megaajuste que puso en marcha Juntos por el Cambio en el marco del acuerdo con el FMI”. Pero en el segundo semestre, y sobre todo después de las PASO, de julio a noviembre el gasto se expandió un 6,7% en comparación con el mismo periodo del año anterior”. Esta expansión del gasto, afirman los economistas de la central de los trabajadores, “no provocó un desequilibrio monetario ya que en noviembre el nivel de la base monetaria fue inferior, incluso, a la de 2019 (6,3% del PIB)”.

 

Cifra coincide con el Ministro Guzmán en su apreciación sobre el condicionante estructural que impone la fuerte carga de vencimientos de la deuda. Luego de sendas reuniones con Alberto Fernández y CFK, Guzmán emprendió la tarea de explicar que lo que pueda acordarse con el FMI no será la solución del problema, y que serán necesarios nuevos acuerdos posteriores, porque las consecuencias del irresponsable endeudamiento contraído por Juntos por el Cambio durarán no menos de una década. Lo que se va a firmar es malo e imposible de cumplir, comienza a comunicar el ministro.

 

La decisión de decir la verdad sobre lo grave que es la situación sobrevino luego de constatar la dureza del Fondo. “Es imprescindible que el pueblo comprenda el punto en el que estamos y por culpa de quienes”, afirma una de las personas del gobierno involucradas. No obstante, esto no garantiza una buena acogida, porque los gobiernos son votados para que solucionen los problemas, no para que expliquen la causa y la magnitud de las dificultades.

 

Guzmán ilustra su exposición con un gráfico en el que se observan los vencimientos que deberían pagarse luego de firmar el Acuerdo de Facilidades Extendidas que se discute con el FMI.

 

Los pagos por capital e intereses del Estado Nacional y de las provincias, a los acreedores privados, el club de París, el Fondo Monetario y los otros organismos multilaterales, no llegaría a los 10.000 millones de dólares en lo que queda del actual mandato presidencial, pero se empinarían entre 2025 y 2033, de un modo imposible de solventar. De ahí la insistencia, tanto de Guzmán, como de Alberto y de Máximo Kirchner para que la oposición explique cómo pensaba afrontar esos compromisos que, sin el acuerdo de facilidades extendidas, implicaría cerca de 20.000 millones anuales a partir del año próximo, es decir por encima del abultado superávit comercial que Guzmán calcula para este año por encima de los 16.000 millones de dólares.

 

Los investigadores de Cifra, por su parte calculan que, tras el canje en 2020, el perfil actual de vencimientos con los tenedores privados, oscila en los 6.500 millones de dólares entre 2022 y 2024 y asciende a poco menos de 13.800 millones de dólares en promedio entre 2025 y 2031. Esto, sin considerar al FMI y las letras intransferibles del Banco Central. Si se suman, como corresponde, habría dos alternativas:

 

- Si el acuerdo con el FMI incluyera 10 años de plazo, cuatro de gracia y un interés de 4,05% anual, los vencimientos totales ascenderían a un promedio de 9.500 millones de dólares en el período 2022-2025 y a 22.000 millones en 2026-2031.

 

- Si se estirara el plazo a 15 años, con 3 de gracia y eliminación de los sobrecargos en la tasa de interés, cosa que por ahora no parece probable, esos vencimientos se reducirían a 7.000 millones entre 2022 y 2024 y a alrededor de 17.500 millones entre 2026 y 2031.

 

Más allá de los condicionamientos que busque imponer el FMI y que el gobierno procure impedir, la cuestión de fondo es la restricción al crecimiento derivada de esta carga de vencimientos de la deuda, relevante aun en la mejor hipótesis “para la sostenibilidad de la economía argentina. De allí que se vuelve central la necesidad de consolidar el proceso de recuperación económica en el marco de políticas expansivas y, al mismo tiempo, reforzar la administración cambiaria”.

 

Esta evolución debe contrastarse con la de los precios al consumidor. “En un contexto de fuerte crecimiento de los precios internacionales, las empresas oligopólicas aceleraron su traslado a los internos en detrimento de los salarios y de las empresas de menores dimensiones. Esto les permitió registrar una significativa recomposición de sus niveles de rentabilidad. La contracara de ello fue que, como se vio anteriormente, la reactivación económica estuvo acompañada de la caída en la participación de las y los asalariados en el ingreso”. Luego del terrible cuatrienio de Cambiemos, en que los salarios reales de las y los trabajadores registrados en el sector privado se redujeron 19%, y los del sector público 23,1%, hubo un incremento en los tres primeros meses de 2020, debido a los aumentos otorgados por el Frente de Todos a cuenta de futuras paritarias. Pero volvieron a caer con la pandemia sanitaria y cerraron el año, con una variación interanual de -1,3% en el sector privado y -6,0% en el público, en relación a diciembre de 2019.

 

Se mantuvieron en el primer semestre de este año y tendieron a aumentar a partir de julio. Aun así, los salarios reales de las y los trabajadores del sector privado se ubican 19,3% por debajo de noviembre de 2015, y los de las y los estatales 24,8% por debajo.

 

Cada cual atiende su juego.

 

El proceso electoral y sus coletazos anticipan el nuevo escenario para lo que resta del mandato presidencial. La oposición está dividida en 10 bloques en la Cámara de Diputados y 7 en el Senado, lo cual la condujo a dos desastres en las primeras sesiones de Diputados:

 

- Quería mandar el presupuesto a comisión (con lo cual hubiera tenido al gobierno de rehén durante meses, ya que mientras el proyecto tuviera estado parlamentario, el Poder Ejecutivo no podría firmar nuevos proyectos ni decretos sobre los mismos temas, como hizo el jueves prorrogando el presupuesto del año anterior) pero terminó votando en contra. Esto liberó al gobierno de esa restricción y le dio mayor libertad, al mismo tiempo que exponía a Cambiemos a la peor luz pública. Esto agrió las relaciones internas, sobre todo entre quienes gobiernan distritos y aquellos que sólo juegan a la política.

 

- Pidió una sesión especial, no pudo formar el quórum, y cuando el oficialismo le dio el número, perdió la votación sobre las modificaciones a los impuestos a bienes personales y a las ganancias. De este modo el gobierno consiguió aprobar uno de los puntos que la oposición le había bochado en el presupuesto: una rebaja del impuesto a los bienes personales para la clase media y un incremento para los más prósperos, tanto para los bienes declarados dentro del país (del 1,25% al 1,50% por más de 100 millones de pesos, y a 1,75% por más de 300 millones)como para los radicados en el exterior (del 1,25 al 2,25%). Como era de prever, La Nación sostuvo que esto desalentaría la inversión. Pero cuando Macrì rebajó esas alícuotas a su mínimo histórica, con tendencia a cero, la inversión fue la más baja de la historia, de modo que no debe tomarse en serio esa cháchara avalada por denominados tributaristas, es decir asesores en evasión y elusión fiscal.

 

Los gobernadores que se sumaron a la estudiantina liderada por la voz cocobasilesca de Cristian Ritondo, que no se consigue así nomás, tendrán tiempo de arrepentirse. No es que el gobierno los amenace, como dijo el ingenuo cordobés Juan Schiaretti, sino que ellos le pusieron en la mano esa herramienta deletérea. Lo mismo habían hecho en 2010, pero no aprendieron de la experiencia. La paridad de las dos coaliciones en ambas cámaras hace previsible una reiteración de episodios similares. Rodríguez Larreta no se lo agradecerá a Ritondo, el adjunto de su ex subordinada María E. Vidal.

 

El furor de la señal de noticias de La Nación contra los dirigentes opositores que manejaron la sesión, desbordó todos los límites, con periodistas violando off the record con dirigentes políticos para apostrofarlos en cámara en términos soeces. Algunos miembros del PRO y la UCR comienzan a advertir que el odio contra la política distingue cada vez menos entre las distintas fuerzas partidarias y que, aún si volvieran al gobierno en dos años, deberían lidiar con un fenómeno inquietante. Para ordenar este pandemonio, se tramita establecer una mesa de conducción de 15 miembros. Para mesa chica, un poco exagerada, pero los términos de unidad no dan para más.

 

La situación en el oficialismo es más calma, porque hay una conducción, aunque no todos se resignen. En una entrevista con el bisemanario Perfil y en una nota patrocinada en Infoemba (antes se llamaba publicidad no tradicional o chivo), el presidente Alberto Fernández tomó distancia de la vicepresidenta. Dijo que su experiencia no le servía de mucho porque las circunstancias habían cambiado, negó que fuera su jefa y anunció que dentro de dos años buscará la reelección, previa una primaria abierta. Desde el kirchnerismo se decidió no responder, por sentido de la realidad. Hablar en este contexto de la próxima elección presidencial no sintoniza con los intereses de ningún sector de la sociedad. Tiempo al tiempo.

 

Entre una y otra coalición, basculan algunos personajes con ambiciones. De aquí al 2003, está abierto el libro de pases. Un anotado es el aún ministro de Seguridad bonaerense, el médico que quisiera ser militar Sergio Berni, quien rompió relaciones con la vicepresidenta CFK, la criticó con dureza en una señal de noticias del Grupo Clarín y recibió un cálido elogio de Patricia Bullrich. Aspirante a la presidencia, también es probable que Berni pase a revistar en las filas del Cero coma cinco por ciento, junto con otros expresivos admiradores del espejo, como Aldo Rico, Julio Bárbaro, Santiago Cúneo y Guillermo Moreno, es decir diez veces menos que el randazzismo residual.

 

Mantantirutirulá

 

Otro frente de conflictos irresuelto es la Justicia. Un fallo de Casación (impulsado por Don Eduardo Riggi) sustrajo de Dolores la causa contra el agente de inteligencia Marcelo Sebastián D’Alessio y la trasladó al Estado Libre Asociado de Comodoro Py. Y los camaristas de ese territorio semiindependiente, Cacho Bertuzzi y Mariano Llorens, mostraron para qué sirve esa mudanza: con la disidencia de Eduardo Farah, atribuyeron a cuentapropistas el espionaje ilegal sobre CFK, Horacio Rodríguez Larreta, Diego Santilli y Florencia Macrì, y separaron de cualquier responsabilidad a Macrì y Gustavo Arribas, entre otros. Esto realza la necesidad de reformular ese sistema putrefacto, en cuyo vértice impera la República Autónoma del Cuarto Piso, con sus cuatro sátrapas, que una semana antes dictaron un fallo ridículo sobre el Consejo de la Magistratura, del que nos ocupamos hace una semana. Uno de ellos, el ex intendente de Santa Fe durante la inundación de 1998, Horacio Rosatti, se beneficiará con su fallo si asume la presidencia del Consejo de la Magistratura.

 

La reforma de la Corte tiene la mayor urgencia. En el Poder Ejecutivo se estudia la ampliación del número de sus miembros, con un nuevo magistrado o magistrada por cada provincia, lo cual podría movilizar apoyos al proyecto. Desde la Justicia, se propone otra alternativa: aumentar de cinco a nueve los miembros de la Corte, con lo cual harían falta cinco votos para formar mayoría, y modificar la ley de conjueces, de modo que para integrar el tribunal esos conjueces se sorteen entre la totalidad de los jueces federales del país. Ambas leyes podrían sancionarse por mayoría simple de ambas cámaras del Congreso, algo difícil pero de ninguna manera imposible de lograr. Si esto no prospera habrá que releer la historia de Francia del último cuarto del siglo XVIII.