Los mandatos siguen tan vigentes como en el 2000

Redacción 04/12/2021 - 00.34.hs

En el camino hacia acciones que instalen el principio de igualdad han sido escasos los avances. Se continúa adeudando la plena inclusión educativa de las personas con discapacidad en todos los niveles.

 

SILVIA BERSANELLI *

 

En el año 2000, un proyecto de Rafael Pascual, Antonio Cafiero, Roberto C. Marafioti y Alejandro L. Colombo aprobó la Ley 25.346 que declaró al 3 de diciembre como Día Nacional de las Personas con Discapacidad. Su propósito se dirige a: a) divulgar las normas que amparan a las personas con discapacidad, especificando los derechos y sosteniendo la responsabilidad de su cumplimiento por parte de los involucrados directos en proporcionarlos y del conjunto de la sociedad en exigirlos; b) Fortalecer las acciones tendientes a establecer principios de igualdad de oportunidades; c) Fomentar conductas responsables y solidarias para recrear una sociedad que incluya y posibilite el logro de los derechos universales para todas las personas con discapacidad".

 

Normas no faltan en este país, esta ley tiene 21 años, un año más tiene la Convención interamericana para la eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra las Personas con Discapacidad (1999) y 15 años la Convención de los Derechos de las personas con discapacidad del año 2006.

 

¿Qué falta entonces para el cumplimiento de los derechos de las personas con (dis)capacidad?

 

Agenda pública.

 

Sin duda los mandatos de la ley Pascual-Cafiero siguen tan vigentes como en el año 2000: es necesario continuar divulgando las normas porque no solo la sociedad en general no las cumple, sino que el principal ente que, en su generalidad, no lo hace es el Estado (nacional, provincial y municipal), por tanto es necesario que los y las políticas, los y las funcionarios se formen en los derechos de las personas con discapacidad del mismo modo que se ha hecho en materia de los derechos de las mujeres, del colectivo LGBTI, de las infancias, entre otros. Esta instancia debe ser obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

 

Valga de ejemplo como la justicia pampeana y otras del país no tiene un equipo formado en los nuevos paradigmas de la discapacidad para apoyar en los procesos judiciales a las personas con discapacidad y a la propia justicia como el constituido por la otrora presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner en el año 2011 mediante el Decreto 1375/11 y por el cual crea el Programa nacional de asistencia para las personas con discapacidad. Actualmente, no cuentan no se ha generado un sistema para garantizar la comunicación cuando es necesario, ni profesionales capacitados en las nuevas perspectivas, tampoco lo tiene la policía ni están presente en las unidades carcelarias donde se aloja a personas que necesitan apoyos para la comunicación. Tampoco el Ministerio de Educación ha incorporado como segunda lengua a la Lengua de Señas Argentinas en aquellas escuelas donde cursen estudiantes sordos que utilicen LSA (en La Pampa, seis meses esperando la respuesta). Mientras tanto el Estado sigue ausente.

 

Sin duda, los diputados Cafiero y Pascual han hecho muy bien en resaltar la divulgación de los derechos y el cumplimiento de los mismos. Es necesario continuar haciéndolo para lograr un Estado presente, con políticas transversales en discapacidad y se incorpore la temática en su agenda pública.

 

Principios de igualdad.

 

En el camino hacia acciones que instalen el principio de igualdad también han sido escasos los avances y quizás en muchos aspectos ha sido un retroceso también a nivel mundial. Se continúa adeudando la plena inclusión educativa de las personas con discapacidad en todos los niveles en un palmario incumplimiento del artículo 24 de la Convención de los Derechos de las personas con Discapacidad (Ley 26378 y 27044). Esto ocurre en la mayor parte del país, no así en La Pampa, cuyo proceso de inclusión educativa se inició en el año 2004, hace 17 años. Por su parte, las políticas universitarias han tenido avances gracias al impulso de las propias universidades. En esta materia tenemos que lamentar por estos días el tratamiento en el Senado de la Nación de un proyecto ley sobre Educación Inclusiva que contradice los principios de inclusión e igualdad plena, sin apoyar y profundizar lo que el Consejo Federal de Educación había logrado avanzar y propone una norma que no mejora el sistema educativo y tampoco garantiza el acceso, la participación y el aprendizaje a todos los estudiantes y en particular a los estudiantes con discapacidad en igualdad de condiciones y sin discriminación.

 

Otro ámbito que no ha sido robustecido en el accionar es el del acceso al trabajo donde se sigue adeudando la inclusión laboral de las personas con discapacidad, ya en el ámbito privado como en el sector público, a pesar del Decreto 312/10 de Cristina Fernández de Kirchner.

 

La ausencia de políticas integrales de cuidado con perspectiva de género obliga a las personas con discapacidad a tener que luchar por sus prestaciones, que aunque estén garantizadas por la ley 24901, no se cumple. Este incumplimiento no es exclusivo de algunas obras sociales, sino también e incluso de organismos nacionales que niegan prestaciones a sus afiliados y con ello se veda la posibilidad de acceso a sus derechos más básicos, como llegar a la escuela, a la atención de su salud o a la rehabilitación. Las propias personas no tienen los apoyos necesarios y tampoco las familias y en particular las madres, cuando es por todos conocidos que los cuidados tienen en su mayoría cara de mujer.

 

En las medidas de emergencia por la pandemia no se ha tenido en cuenta a priori a las personas con discapacidad ni en la información y educación accesible, ni en la prioridad de vacunación ni en los apoyos económicos, como la Tarjeta Alimentar, siendo uno de los grupos más vulnerables en el mundo junto a las personas adultas mayores. Esa inacción ha provocado el fallecimiento de personas con discapacidad, ya por aislamiento, ya porque estaban institucionalizadas y este fue un punto de gran riesgo.

 

Responsabilidad y solidaridad.

 

Pasar de un gobierno neoliberal como el de Mauricio Macri que demonizó a las personas con discapacidad con las ominosas y capciosas palabras de Martín Lousteau, que quitó los apoyos económicos en pos de solo beneficiar la búsqueda de "austeridad" de los pobres a favor de los más ricos, hace necesario en palabras de Pascual y Cafiero "fomentar conductas responsables y solidarias para recrear una sociedad que incluya y posibilite el logro de los derechos universales para todas las personas con discapacidad".

 

Este impulso por mejorarnos humanamente a través de la responsabilidad y la solidaridad va de la mano de la obligación ética e involucra a toda la ciudadanía, pero fundamentalmente a los funcionarios. Es menester abandonar los simulacros en la sociedad y en la política y, como lo señalara la vicepresidenta de nuestro país, solo hay que funcionar en defensa de los derechos con justicia social para las personas con discapacidad, porque es la política la única capaz de transformar la realidad.

 

* Magister en Integración de Personas con Discapacidad.

 

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