Sabado 28 de mayo 2022

Más que el número, lo que importa es cómo juzgan

Redacción 04/05/2022 - 00.12.hs

Los cuatro proyectos de ley presentados en el Senado apuntan a aumentar el número de integrantes de la Corte Suprema, a la vez que darle perspectiva de género y representación federal.

 

IRINA SANTESTEBAN

 

Mañana habrá una movilización "Contra el golpe institucional de la Corte", convocada por las dos CTA (Autónoma y de los Trabajadores), el camionero Pablo Moyano (CGT) y la Corriente Federal que dirige el bancario Sergio Palazzo. También se sumaron organismos de DDHH y organizaciones sociales y políticas, para denunciar la movida de Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema y desde el 18 de abril, también del Consejo de la Magistratura. Es que luego del fallo que declaró en diciembre pasado la inconstitucionalidad de la ley 26.080, que regulaba la integración y el funcionamiento de ese organismo y del Jury de Enjuiciamiento, y transcurrido el plazo otorgado al Congreso para que dictara una nueva ley, el máximo Tribunal dispuso la vigencia de la ley anterior, por la cual la presidencia corresponde al titular de la Corte.

 

Golpe institucional.

 

Por su parte el juez del Tribunal Oral Federal Nº 29, Juan Ramos Padilla, impulsa otra movilización contra lo que consideró un "golpe institucional" de los supremos, y acusó a Rosatti de "tomar por asalto" el Consejo de la Magistratura. Será el 24 de mayo, y como la que tendrá lugar mañana, plantea la renuncia y/o remoción de los miembros de la CSJN.

 

Tanto el Consejo como el Jury son los organismos que intervienen en el nombramiento y remoción de los jueces del Poder Judicial de la Nación. El primero entiende en los concursos y designación de magistrados/as; el segundo juzga su desempeño y eventualmente decide (o no) su destitución.

 

En tiempos de lawfare y judicialización de la política, con armado de causas como la de las fotocopias de los cuadernos del chofer Centeno, la "mesa judicial" macrista, un fiscal procesado por extorsión (Carlos Stornelli), prisiones preventivas insostenibles, entre otras muestras de un Poder Judicial aliado a los poderes concentrados económico y mediático, el control de esos organismos es de vital importancia para el oficialismo y la oposición.

 

No así para la mayoría de la población, más interesada en la dura realidad y otras urgencias: el aumento de precios de alimentos y otras necesidades básicas, ingresos que no alcanzan, la creciente pobreza y mayor inseguridad.

 

Sólo varones.

 

Los proyectos presentados en el Senado son cuatro. Su debate comenzó la semana pasada y sigue hoy en el plenario conjunto de las comisiones de Asuntos Constitucionales, y de Justicia y Asuntos Penales. El del senador Adolfo Rodríguez Saa impulsa una Corte de 9 integrantes; el rionegrino Alberto Weretilnek propone que sean 16; la senadora Silvia Sapag, de Neuquén, 15 y el de la riojana Clara Vega no especifica el número ya que pone el eje en la paridad de género. Hoy la Corte está integrada sólo por jueces varones, los cuatro que quedaron luego de la vacante dejada por la renuncia de Elena Highton: Rosatti, Carlos Rosenkantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

 

Conflicto de intereses.

 

A la oposición de Juntos por el Cambio no le interesa este debate, pues está muy conforme con la actual composición y con los fallos de los supremos. La prensa hegemónica defiende a capa y espada a la Corte Suprema y todo el coro mediático de Clarín, La Nación, Infobae, América y otros, acusan a la vicepresidenta Cristina Fernández de impulsar estos proyectos para "garantizar su impunidad" en las causas en su contra.

 

Es cierto que la ley 26.080 fue aprobada en 2006 a instancias de CFK, llevando el número de cortesanos de nueve a cinco. Ese es el argumento más fuerte de JxC y los medios concentrados.

 

Para la ciudadanía, más que el número, lo que debería prevalecer es el sentido de sus sentencias, y cuáles son los intereses que representan esos magistrados. Por ejemplo, Rosenkrantz, antes de ser designado por Macri de manera irregular en diciembre de 2015, era titular del estudio jurídico que tenía por clientes a grandes empresas como el Grupo Clarín, Cablevisión, Musimundo, América TV, La Nación, La Rural, Carbap, McDonald's, Panamerican Energy, los fondos de inversión Aconcagua Ventures y Pegasus. El año pasado, Rosenkrantz comunicó que dejaría de apartarse en las causas que involucraran a sus ex clientes. ¿Esa es una "Justicia independiente"? Uno de los proyectos en debate establece que para la designación de los nuevos miembros de la Corte deberá tenerse especial cuidado en sus antecedentes laborales y a quiénes representó en su actividad profesional como abogado o abogada litigante.

 

Reforma judicial.

 

Aumentar el número de jueces de la Corte Suprema servirá para acelerar los tiempos de una Justicia lenta, cuando se trata de causas "comunes". El ex juez federal de Córdoba, Miguel Rodríguez Villafañe, cuando renunció a su cargo dijo que no quería pertenecer a una Justicia "genuflexa ante los poderosos e implacable con los más débiles". Ejemplos sobran. La condena a prisión de Milagro Sala está a resolución hace más de dos años y la dirigente jujeña se encuentra detenida desde enero de 2016, sin embargo no hay sentencia firme en su contra.

 

En EEUU la Corte Suprema tiene 9 miembros y el Tribunal Supremo Federal de Brasil, 11. La Corte Suprema de Colombia tiene 23 magistrados, divididos en 4 salas; y la de Chile, 21 miembros en 3 salas. España tiene su Tribunal Supremo con un presidente, 5 presidentes de sala y 74 magistrados. El de Francia se integra con 6 salas especializadas: 3 Civiles, 1 Comercial Financiera y Económica, 1 Social y 1 Criminal, compuesta por 120 consejeros.

 

Este debate llega tarde, lo que en realidad había que debatir -fue promesa del presidente Alberto Fernández -, es una profunda Reforma Judicial, incluso ir más allá y promover una Reforma Constitucional. A casi 30 años de la última modificación de nuestra Carta Magna, se hace necesario un cambio profundo que contemple aspectos esenciales de la vida de los argentinos y argentinas, que ponga límites al poder de los grupos concentrados, que hoy manejan la economía, los medios de comunicación y el propio Poder Judicial. Por ello tanta resistencia de esas corporaciones a cualquier modificación que recorte sus privilegios.

 

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