Ponen en marcha a la máquina de perseguir

Se estima un proceso judicial que duraría entre dos y tres años. En la mira, una serie de condenas que apuntan, aunque no figure en ningún cuaderno, a la expresidenta.

 

Raúl Kollmann

 

La máquina de perseguir puso en marcha ayer una serie de fraudes a los que dieron en llamar la Causa Cuadernos. El objetivo es evidente, firmar dentro de dos o tres años -que es lo que va a tardar el juicio- una larga serie de condenas, pero especialmente la de Cristina Fernández de Kirchner. La expresidenta no figura en ninguna anotación y ningún testigo o “arrepentido” pudo señalarla como habiendo recibido o pedido algo.

 

La base del juicio son dos escándalos. Primero, los cuadernos en sí mismos: el chofer Oscar Centeno, que los escribió, dijo que los quemó en una parrilla. Sin embargo, un año y medio después aparecieron, casi intactos, y las pericias demostraron que la letra corresponde a más de una persona, que los últimos fueron dictados y que están llenos de tachaduras y alteraciones. La segunda prueba-base son las declaraciones de los “arrepentidos”, empresarios y exfuncionarios a los que les exigían que involucren a Cristina o los mandaban a dormir en una celda. Las declaraciones no fueron registradas de manera electrónica -audiovisual- como requiere la ley y ahora los jueces se lanzaron a una manipulación suprema: lo que dijeron los arrepentidos se incorporará por lectura, o sea se dará por verdad lo que dijeron sin control alguno de las defensas. Lo que corresponde es que digan lo que tienen para decir en el juicio. Hay fallos de la Corte y de la Corte Interamericana contra maniobras idénticas a esa en otros expedientes. Finalmente, el juicio esquivará una verdad de máxima importancia: ni a Cristina ni a Julio de Vido ni a Roberto Baratta se le encontraron cuentas en el exterior o bienes no declarados, lo que derrumba toda la hipótesis de que ”se robaron todo”. A quien se le encontró fue a la familia Macri, en cuyo gobierno se impulsó esta causa.

 

Poné el juez amigo.

 

La previa del juicio también transitó los escándalos. El Tribunal Oral número 7, integrado por los jueces Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli, éste último designado a dedo en ese tribunal por Mauricio Macri, sacó de la cancha a la jueza suplente que se sorteó, Gabriela López Iñiguez. Lo que se le objetó a la magistrada es que en la condena al falso abogado Marcelo D’Alessio, dedicó varios párrafos a señalar la vergonzosa participación en las maniobras del fiscal Carlos Stornelli, fiscal en Cuadernos. En su reemplazo sortearon a Andrés Basso, el juez que pretendió condenar por asociación ilícita a Cristina en Vialidad, aunque perdió 2-1 en la votación respecto de ese delito. Basso se excusó. El reemplazo del reemplazo resultó Néstor Costabel, un peón del macrismo, que también usó el delito de asociación ilícita en la causa de la Ruta del Dinero. En su momento, Costabel hasta convalidó la causa Vialidad como delito precedente cuando no había ni siquiera una condena. Este miércoles, al mediodía, el abogado de CFK, Carlos Alberto Beraldi, recusó a Costabel: “no somos nosotros los que pedimos que se demore el juicio. Esto es consecuencia de que ellos removieron a la doctora López Iñiguez”, dijo Beraldi.

 

Según los rumores, la cuestión del cuarto juez es de importancia porque uno de los magistrados del tribunal está enfermo y, en cualquier caso, en un juicio tan largo, siempre es relevante el juez suplente.

 

En suma, la jugada es la típica de Comodoro Py: magistrados que fueron a jugar al tenis con Macri o que visitaron a escondidas al expresidente en Casa Rosada o que jugaban al fútbol en su quinta o que él los designó a dedo o que hayan dictado fallos contra el peronismo. Nada aceptable en los mínimos parámetros internacionales de justicia.

 

El objetivo: Cristina

 

Como se sabe, el aparato de Comodoro Py se convirtió desde hace más de una década, en una máquina de perseguir opositores. Y el centro de la persecución es la expresidenta. Pese a las apretadas para que declaren en contra de ella, no hubo testigos -salvo uno que carece de credibilidad y fue desmentido por otros testigos- ni arrepentidos que hayan mencionado que Cristina recibió o pidió dinero. Por lo tanto, irán por la jugarreta habitual: acusarla de que ella era jefa de una asociación ilícita y que “no podía desconocer” lo que estaba pasando. Beraldi pidió el sobreseimiento porque en la causa Vialidad la condena descartó la asociación ilícita y, parece obvio, que no puede haber varias asociaciones ilícitas distintas y al mismo tiempo.

 

Lo que dice Centeno es que él acompañaba a su jefe, el dos de Infraestructura, Roberto Baratta, a retirar dinero de las empresas. Centeno admite que nunca vio la plata, pero igual en los últimos cuadernos, los que habrían sido dictados, evaluó cuánto podía haber en los bolsos. Una parte de la plata se habría entregado en el departamento de Juncal y Uruguay, donde Cristina y Néstor Kirchner vivieron antes de 2003 y volvieron en 2015. Es más, el encargado declaró como testigo y dijo que CFK no piso ese departamento en los 12 años en que vivió en Olivos. Aún así, será el principal argumento contra CFK. Lo cierto es que, si hubo entrega de bolsos, fue a un exsecretario, Daniel Muñoz -fallecido en 2016- a quien sí se le encontraron sociedades y propiedades en el exterior. Eso es materia de otra causa en la que se juzga a familiares y socios de Muñoz. Ni a Cristina ni a De Vido ni a Baratta se le encontró plata escondida o sociedades ocultas, pese a que las buscaron por todo el mundo hasta los fondos buitres.

 

En función de la desesperada persecución política contra Cristina, el dúo Bonadío-Stornelli cometió todas las tropelías imaginables. La primera y fundamental es que, en lugar de sortear la causa como correspondía, se la quedaron alegando que era conexa con la compra de gas. Un disparate que, de todas maneras, la estructura de Comodoro Py convalidó. Luego siguieron los aprietes a los imputados, la aceptación sin pericias de las fotocopias de los cuadernos como prueba, las declaraciones de arrepentidos sin registro alguno y la reaparición de los cuadernos que supuestamente se habían quemado. Maniobra tras maniobra hasta el mismo juicio, con un tribunal amañado, un juez puesto a dedo y la pretensión de que los arrepentidos ni siquiera declaren ante las defensas.

 

Un proceso sin relación alguna con lo que podría llamarse justicia. (Extractado de Página 12)