Prohibido criticar a Morales

El blindaje mediático que rodea al gobernador de Jujuy explica el silencio que campea en los principales programas de televisión y radio, así como la nula cobertura de los graves hechos que están sucediendo en esa provincia.

 

IRINA SANTESTEBAN

 

Morales estuvo presente el domingo pasado en Córdoba, junto con la cúpula de Juntos por el Cambio, confiados en el triunfo de su candidato a intendente, el diputado nacional Rodrigo de Loredo. Se les frustró el festejo, porque ganó el candidato oficialista, Daniel Passerini, lo que motivó un comentario del perdedor: “Los hice venir al pedo”.

 

Censura.

 

Morales permaneció en Córdoba durante algunas horas y ninguno de los periodistas de medios locales y nacionales le preguntó por la situación en su provincia, donde desde hace casi dos meses hay una rebelión popular, con cortes en calles y rutas, detenidos y represión policial.

 

El pasado lunes 24 el abogado constitucionalista cordobés Miguel Rodríguez Villafañe denunció que el diario Hoy Día Córdoba le había negado la publicación de una nota suya, en la cual criticaba la reforma constitucional aprobada hace un mes en Jujuy, a impulso de Morales.

 

La explicación de la dirección del diario, donde habitualmente escribe el abogado, fue que sus notas criticaban a Morales, y que este es hoy un precandidato en las próximas PASO. De ese argumento se desprende que “no se puede criticar” a los candidatos.

 

¿La libertad de expresión? Mal, gracias.

 

La actitud de los medios de comunicación, de favorecer a algunas opciones políticas en detrimento de otras, no es ninguna novedad, ni en Córdoba ni el resto del país. En algunos casos, por la pauta oficial publicitaria; en otros, por afinidad política e ideológica.

 

Ley de Medios.

 

Desde LA ARENA y esta columna se defendió la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisuales sancionada durante el gobierno de Cristina Kirchner, tan defenestrada por el multimedios Clarín y otras corporaciones mediáticas. Esa ley, que ponía un límite al número de licencias en canales y radios que podía tener un mismo emporio periodístico, fue declarada constitucional por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

 

El presidente Mauricio Macri, a través de un decreto y con el Enacom a cargo de Oscar Aguad, la dejaron prácticamente sin efecto. El actual gobierno del Frente de Todxs, no fue capaz de poner en práctica sus normas, como ley vigente, ya que ningún decreto puede anular lo que dispone una ley sancionada por el Congreso y declarada constitucional por la Corte Suprema.

 

Reforma constitucional.

 

En la nota censurada, Rodríguez Villafañe asegura que la nueva Constitución jujeña “discrimina a los indígenas” porque incumple su derecho a la consulta sobre la propiedad privada de sus territorios ancestrales. Y cuestiona que se deja a discreción del Estado provincial “el manejo de los recursos naturales y la explotación del agua, con un enfoque netamente productivista y la explotación del litio como principal objetivo”.

 

No es nueva esta discriminación hacia las comunidades originarias. El autor menciona el caso de la Escuela Nacional de Educación Técnica Nº 1 de El Aguilar, en 2014, cuando se le ordenó al profesor Cristian González que no debía seguir utilizando el idioma quechua para comunicarse con sus alumnos. El derecho a la identidad cultural y el lenguaje de los pueblos indígenas tiene raigambre constitucional (art. 75 inc. 17 de la Constitución Nacional) que reconoce “la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos” y garantiza “el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural”.

 

Inconstitucionalidad.

 

Por ello, se ha presentado ante la Corte Suprema una “acción declarativa de certeza” pretendiendo una declaración de inconstitucionalidad de la reforma aprobada de manera irregular en Jujuy, en medio de una represión brutal contra manifestantes que la rechazaban.

 

En la presentación se plantea la “gravedad institucional”, por encontrarse en juego “el orden institucional de la república y el sistema democrático, así como los valores que lo sustentan”. Es impensado que los actuales ministros de la Corte Suprema hagan lugar a ese pedido, y es por ello que el pueblo jujeño sigue su pelea en las calles y en las rutas, a pesar de las persecuciones y la represión.

 

Hasta la Iglesia católica, a través del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa), que depende de la Conferencia Episcopal, se presentó ante la Corte Suprema de Jujuy adhiriendo a la acción de inconstitucionalidad contra la reforma constitucional.

 

Un Estado policíaco.

 

La situación en Jujuy es de extrema gravedad, pero el tema no ocupa ni un segundo en los canales o radios de la prensa corporativa, tampoco en los grandes diarios de circulación nacional. En Córdoba, ni siquiera un pequeño diario como Hoy Día Córdoba se anima a criticar lo que sucede en el feudo de Morales.

 

El abogado Alberto Nallar, defensor de comunidades originarias y derechos humanos, fue detenido el pasado 14 de julio por orden del juez Rodolfo Fernández, bajo los cargos de “sedición, incitación a la rebeldía y a la violencia”. Fue llevado al penal de Gorriti (donde funcionó un centro clandestino de detención durante la dictadura) y luego se le concedió la prisión domiciliaria.

 

El letrado niega los delitos por los que es acusado y acusa al gobierno de Morales de intentar callar la voz de los defensores de los pueblos originarios que todavía están movilizados en la provincia, y lo que es peor, de disuadir a cualquier otro abogado o abogada que intente tomar esas causas por las cuales hoy están siendo perseguidos cientos de manifestantes.

 

El viernes 21 de julio, el juez de control Roberto Assef rechazó el habeas corpus preventivo colectivo que había presentado la abogada Andrea Lupiáñez en representación de Adolfo Pérez Esquivel y Ariana Arédez, para la protección de la protesta social en esa provincia, restringida y penalizada por la nueva constitución.

 

Estas circunstancias justifican la intervención federal de la provincia, que había sido solicitada por Nallar, pero que hasta el momento no ha sido considerada por Alberto Fernández ni por legisladores nacionales para ser tratada en el Congreso. No alcanza con la intervención del Partido Justicialista, que le votó la reforma a Morales; hay que avanzar para garantizar que los derechos y garantías constitucionales sean efectivamente reconocidos en Jujuy.