¿Solo se controla a los de abajo?

Las tareas de reparación del aeropuerto de Santa Rosa, que comenzarán en pocos días más, amenazan con dejar sin servicio de vuelos comerciales a toda la provincia. Parece un mal chiste pero es cierto. Que a esta altura de los acontecimientos los pampeanos descubramos que el otro aeropuerto pampeano "grande", el de General Pico, no está operable para recibir los aviones de Aerolíneas Argentinas, no habla bien del concesionario privado, Aeropuertos Argentina 2000, ni de las instancias gubernativas locales y nacionales que nada sabían del tema.

Estamos hablando de una actividad estratégica para la provincia y el país. De ahí que la ausencia de un adecuado mantenimiento por parte de AA-2000 excede con mucho el ámbito de esa propia empresa. Ya es bien sabido que el proceso de privatizaciones que heredamos de la ominosa era menemista nos deparó a los argentinos infinidad de sinsabores: YPF, el sistema ferroviario, Somisa, el Correo, los teléfonos, los puertos, el Banco Hipotecario, las principales rutas, la aerolínea de bandera, Gal del Estado, etc. fueron entregados a cambio de papeles de la deuda devaluados al mejor postor. Y lo peor es que, en términos generales, a la ruinosa pérdida económica se le sumó el hecho innegable de que los servicios privatizados no ganaron en eficiencia, salvo excepciones.

En el caso que hoy nos ocupa, se entiende que la empresa que está a cargo del funcionamiento de los principales 35 aeropuertos del país debería ser controlada por organismos oficiales como el ORSNA (Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos) y la ANAC (Administración Nacional de Aviación Civil). Pero lo cierto es que recién después de anunciarse las obras en el aeropuerto de Santa Rosa -y con ello el obligado cierre durante unos dos meses- se supo que la pista de aterrizaje de General Pico presentaba serias deficiencias que impedían el arribo de las naves de Aerolíneas. Es evidente que son muchos los funcionarios que no funcionan, como también es evidente que se puso de moda ajustar los controles hacia los sectores empobrecidos antes que a las poderosas empresas que también reciben sustanciales ayudas del Estado. La insidiosa prédica que bajan los grandes medios de la derecha acerca del "descontrol en la entrega de planes sociales" es pasivamente recibida por el actual gobierno que, de inmediato y como obedeciendo una orden, se impuso la "urgente" tarea de realizar auditorías. No está mal, desde luego, que se vigile el uso de los dineros públicos. Pero en el otro extremo de la cadena económica, en donde tallan enormes intereses como en las concesiones portuarias, rutas y aeropuertos, o en las compañías energéticas, gasíferas o mineras no se advierte el mismo celo. Lo que hoy ocurre en La Pampa lo deja ver muy claro.

Contar las monedas que reciben los sectores empobrecidos para que, al menos, puedan comer, pareciera que hoy es más importante que fiscalizar los millones que se llevan las poderosas empresas concesionarias que ni siquiera son controladas como corresponde. Un párrafo aparte merece la ausencia de comunicación entre las instancias oficiales nacionales y provinciales para prevenir tan desagradables sorpresas como esta.