El fiscal pidió elevar a juicio sin investigar a Caputo y Milman

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner reiteró ayer que la quieren "presa o muerta" y acusó a las autoridades judiciales que investigan el intento de magnicidio en su contra de "impedir que salga a la luz la verdad", al rechazar el pedido del fiscal federal Carlos Rívolo de que se envíe a juicio a los tres acusados por ese hecho.

 

"Como he dicho, para CFK no hay ni habrá justicia, ni como acusada ni como víctima. Me quieren presa o muerta", sostuvo la vicepresidenta en una carta que difundió en sus redes sociales, titulada "A 40 años de Democracia. El Partido Judicial y la consagración de la impunidad".

 

La ex mandataria rechazó así la decisión del fiscal Rívolo, quien le solicitó ayer a la jueza María Eugenia Capuchetti la elevación a juicio de los acusados Brenda Uliarte, Fernando Sabag Montiel y Gabriel Nicolás Carrizo.

 

"Desde el primer día hasta hoy, las autoridades judiciales han puesto una traba tras otra para impedir que salga a la luz la verdad de lo ocurrido el 1 de septiembre de 2022", dijo la vicepresidenta.

 

"Cerrar la investigación".

 

De esa manera, volvió a apuntar contra quienes tienen a cargo la investigación del atentado que sufrió. "Lo dije una y mil veces: ni Capuchetti ni Rívolo quisieron investigar el intento de asesinato y ahora pretenden cerrar la investigación con una celeridad que nunca demostraron en ninguna causa", aseveró.

 

Y sobre los motivos que brindó el fiscal en su solicitud, Fernández de Kirchner objetó que "omite por completo valorar todo lo relacionado con las líneas de investigación que apuntan a personas que van más allá de Uliarte, Sabag Montiel y Carrizo".

 

"Como he dicho, no hay práctica más clara para buscar la impunidad de causas complejas, que partirlas en pedacitos", señaló y advirtió que, con esta decisión, el resto de las pruebas "no se investigan nunca más". "Y Comodoro Py tiene un penoso historial en ese sentido", amplió y manifestó que "toda la investigación se caracterizó por evitar conocer la verdad".

 

Milman.

 

Sobre las pruebas aportadas en relación con el diputado de Juntos por el Cambio (JxC), Gerardo Milman, a quien un testigo le atribuyó haber dicho el 30 de agosto último "cuando la maten voy a estar camino a la costa", Fernández de Kirchner adujo que Rívolo "no dedica ni una sola palabra a sopesar su importancia para la causa".

 

Y analizó que el fiscal "ni siquiera menciona" la declaración de la ex asesora de Milman, Ivana Bohdziewicz, en la que contó "cómo la llevaron a borrar su celular a las oficinas de Patricia Bullrich".

 

La vicepresidenta advirtió que "curiosamente" ese hecho es el "único 'olvido'" que tuvo Rívolo al repasar los testimonios brindados en la causa. En contraposición, Fernández de Kirchner consideró que "todas las pruebas producidas" en relación con la participación de Milman en el atentado "han resultado incriminatorias".

 

También denunció que el expediente "está plagado de testigos que borraron sus teléfonos" y advirtió que ese tipo de "prueba" se "destruyó sin investigar sus causas y motivaciones".

 

Revolución federal.

 

Además, la ex presidenta hizo referencia a la causa a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi que investiga a Revolución Federal por incitación al odio y violencia política, y reprochó que se encuentre "inexplicablemente separada" de la del atentado.

 

"Hay pagos injustificados de la familia Caputo y posible lavado de dinero en torno a personajes relacionados con el atentado, junto a innumerables indicios pendientes de investigación que muestran un vínculo entre agrupaciones pseudo políticas violentas y los perpetradores del ataque", indicó sobre ese expediente.

 

En su momento, el juez Martínez de Giorgi y el fiscal Gerardo Pollicita entendieron que la actividad de Revolución Federal debía tramitarse junto a la causa en la que se investiga el atentado fallido pero Capuchetti rechazó la competencia y la Cámara Federal porteña volvió a remitir la causa al juzgado inicial.

 

En cuanto a Carrizo, Fernández de Kirchner reprochó que el fiscal solamente considerara que "su única intervención fue otorgar un arma que no se usó" y remarcó que el imputado "tiene mensajes tales como 'ahora vamos a matar al jefe de la Cámpora" y que también hizo "constantes alusiones a un alto nivel de organización del atentado".

 

Otros de los cuestionamientos de quien fue dos veces presidenta alude al borrado del celular de Sabag Montiel, sobre el que -dijo- "el fiscal no se expresa en lo más mínimo" y en el que -consideró- hubo "una intervención, cuanto menos, negligente de la jueza".

 

Capuchetti.

 

La fiscalía pidió a la jueza María Eugenia Capuchetti que dé por cerrada la parte de la investigación vinculada al autor material del disparo, Sabag Montiel, a su compañera -ambos como coautores- y a Carrizo, empleador de ambos en el emprendimiento de venta de copos de azúcar, aunque este último como "partícipe secundario".

 

La jueza deberá dar vista a las defensas de los tres detenidos y luego resolver si da por cerrada la investigación en relación a ellos y la envía a sorteo de tribunal oral: en esa instancia igual podría disponerse una investigación complementaria.

 

La querella ya manifestó su oposición a que la causa sea elevada a la instancia de juicio oral de manera parcial y reclamó que antes concluyan medidas de prueba sobre diferentes pistas, entre ellas la que involucra al diputado nacional de Juntos por el Cambio, Gerardo Milman.

 

Los abogados de la vicepresidenta, José Manuel Ubeira y Marcos Aldazábal, aclararon que, "subsidiariamente, para el caso de que se considere concluida la investigación respecto de Carrizo, Sabag Montiel y Uliarte a pesar de la oposición de esta parte, haremos ejercicio de nuestro derecho a acusar, con el fin de mantenerlo para la instancia oral".

 

Premeditada.

 

La fiscalía entendió que la conducta de los tres acusados fue "premeditada", o sea que idearon "un plan para llevar a cabo el asesinato de la vicepresidenta de la Nación"; pero advirtió que no se hallaron elementos como para afirmar que detrás de los autores materiales existieron distintos autores intelectuales.

 

El fiscal sostuvo que el plan criminal se habría comenzado a pergeñar en abril de 2022 cuando Sabag Montiel consiguió la pistola que había sido de un vecino ya fallecido. De las conversaciones de whatsapp que lograron reconstruirse surge que los atacantes pensaron hasta en alquilar un departamento desde donde apostar a un francotirador, pero optaron por otra mecánica.

 

"De la lectura de la conversación que antecede y del audio enviado por Uliarte surge de forma incontrastable que los imputados tenían intenciones de atentar contra la vicepresidenta en un contexto de reunión con gente afín a ella", señaló el fiscal.

 

Afirman que Morel compartió ganancias.

 

Un informe de la Procuraduría de lavado de dinero señaló que hay indicios de que Jonathan Morel, el líder del violento grupo antiK Revolución Federal, compartió las ganancias del negocio que hizo con la familia Caputo con una de sus integrantes: Rossana Pía Caputo. La información apareció en archivos donde Morel llevaba las cuentas de su emprendimiento y agregan un nuevo capítulo al turbio financiamiento que recibió por parte de los Caputo, que en teoría lo contrataron para dos obras de carpintería, una de ellas a más de 1.000 kilómetros de su supuesto negocio, justo en los meses donde Revolución Federal desplegó sus acciones violentas en la previa al atentado contra CFK. Pese a que todo indica que la familia Caputo financió con más de 7 millones a este grupo de choque ninguno de sus integrantes fue citado aún por el juez Marcelo Martínez de Giorgi.

 

Evidencia.

 

La nueva evidencia es un archivo de Excel que Morel rotuló como "Uso Interno - Fe y Pagos". Por un lado, allí anotó que cobraron más de 13 millones de pesos por los trabajos de carpintería que él mismo reconoció que no sabía hacer y que tercerizó. Pero lo más notable es que en la columna de "Ganancias" Morel detalló que las repartió con un tal Javier y con Rossana. Por la información que hay en el expediente y que fue confirmada a El Destape por el propio Morel no hay muchas opciones: es Rossana Pía Caputo, una de las socias de Caputo Hermanos.

 

De la información que se extrae de los archivos, se destaca lo que surge del documento 'Uso Interno - Fe Y Pagos.Xlsx', en cuanto a que Jonathan MOREL habría dividido las ganancias que habría obtenido, además de con 'Javier', quien sería Javier ARIS, con una persona de nombre 'Rossana', quien podría ser Rosana Pía CAPUTO", dice el informe de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC). Lo firman sus titulares, María Laura Roteta y Diego Velasco. El informe lo pidió el fiscal de la causa, Gerardo Pollicita.

 

Según las planillas que fueron analizadas por la Procelac y que constan en el expediente, Morel anotó ganancias para Rossana Pía Caputo por 1.504.430 pesos.

 

Socia.

 

¿Por qué es importante el nombre de Rossana Pía Caputo? Según le reveló Morel a El Destape, fue quien lo contrató en nombre de Caputo Hermanos. Morel sostiene que Rossana Pía Caputo primero lo contrató para ese trabajo de Santa Clara al Sur y luego para el emprendimiento en Neuquén a cargo del otro fideicomiso, Espacio Añelo. Rossana figura como socia de la firma Caputo Hermanos desde 2006 junto a sus hermanos Flavio y Hugo Caputo. Los tres son hermanos de Luis "Toto" Caputo, el ex secretario de Finanzas de Mauricio Macri, y primos de Nicolás "Nicky" Caputo, el hermano de la vida del ex presidente.

 

(Télam/El Destape)