Sabado 25 de junio 2022

Larreta espió a más de siete millones de personas

Redacción 16/04/2022 - 13.14.hs

Un Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos fue usado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para espiar de manera ilegal a más de siete millones de personas, lo que ha desatado una nueva polémica.

 

El caso afecta de manera directa a Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que está sumido en su precampaña rumbo a las presidenciales del próximo año, en las que aspira a ser el candidato de la coalición que encabeza el ex presidente Mauricio Macri. Lo paradójico es que Macri está envuelto en varias causas por espionaje ilegal y masivo cometido durante su Gobierno (2015-2019) por la Agencia Federal de Investigación (AFI), y en la lista de personas que fueron víctimas de este tipo de seguimiento está el propio Rodríguez Larreta, quien ahora queda envuelto en un caso similar.

 

La lista de espiados incluye al presidente Alberto Fernández; la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner; los diputados Máximo Kirchner y Sergio Massa; las presidentas de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini; la diputada izquierdista Myriam Bregman; la fiscal Gabriela Boquin, quien impulsó una de las principales causas de corrupción contra Macri; así como el juez de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz.

 

Espiados.

 

Al igual que en el caso de la AFI, que espió no solo a opositores sino a funcionarios y aliados macristas, el programa aplicado por Rodríguez Larreta buscó información sobre Patricia Bullrich, su principal rival en la lucha por obtener la candidatura presidencial de Juntos por el Cambio, la coalición de derecha, y de la ex diputada Elisa Carrió.

 

También se obtuvieron los datos de periodistas macristas como Joaquín Morales Solá, Viviana Canosa y Eduardo Feinmann; y opositores como Gustavo Sylvestre y Alejandro Bercovich.

 

La investigación comenzó gracias a una denuncia que el Observatorio de Derecho Informático Argentino (ODIA) interpuso desde diciembre de 2020 en contra del Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos que acababa de poner en marcha la Ciudad de Buenos Aires y contra el cual interpuso acciones de amparo.

 

Programa.

 

Entre las irregularidades, destacó que el programa usado por las cámaras de seguridad de la capital no había sido licitado y no ofrecía seguridad informática, además de que las autoridades no informaban cuál era el algoritmo de reconocimiento facial elegido y este tenía sesgos discriminatorios por raza, color y etnia.

 

La causa judicial quedó en manos del juez Roberto Andrés Gallardo, quien descubrió que el Ministerio de Justicia y Seguridad de esta ciudad usó no solo la base de datos de la Consulta Nacional de Rebeldía y Capturas, que incluía alrededor de 50.000 personas que eran buscadas por la Justicia, sino que también firmó un acuerdo con el Registro Nacional de Personas. Estos recursos le permitieron consultar los datos biométricos de más de siete millones de personas, un asunto que se considera injustificado porque ningún magistrado había requerido esta información.

 

Investigación.

 

La investigación judicial proseguirá el lunes en un instituto de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), ubicado en Ezeiza, donde a pedido del juez Roberto Gallardo se extraerán los datos de los servidores secuestrados en el Centro de Monitoreo Urbano y en la sede del Ministerio de Justicia y Seguridad porteño.

 

El titular de esa cartera, Marcelo D'Alessandro, quien amenazó con denunciar al magistrado "porque se ha excedido en el objeto" (sic), deberá responder el mismo lunes a la intimación de Gallardo para que explique con qué objetivo se extrajeron y qué uso se les dio a los datos migrados desde el Registro Nacional de las Personas (ReNaPer) hacia su ministerio sobre un listado de 62 personas.

 

La causa que investiga si el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Larreta utilizó una tecnología destinada a la búsqueda de personas solicitadas por la Justicia para hacer trabajos de vigilancia masiva e inteligencia se conoció el martes último cuando el juez Gallardo avanzó con los allanamientos para secuestrar información en dependencias del Ejecutivo porteño.

 

Mientras se concretaba esa medida de prueba, el ministro D'Alessandro salió a desacreditar al juez y lo acusó de hacer "una gran ensalada como si hubiera hecho una gran investigación". Admitió en caliente que se hacía un uso generalizado de los datos biométricos -lo que vulnera el derecho a la intimidad de las personas- y citó ejemplos: "En un control de tránsito, cuando hacés una denuncia, si pedís certificado de domicilio o con el certificado de circulación del covid". (RT/Página12)

 

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