Mega Causa Zona V en Bahía Blanca: 16 personas condenadas a perpetua

El 26 de diciembre la Justicia Federal dictó sentencia en la conocida como Mega Causa Zona V, N° FBB 15000005/2007/TO1 y sus acumuladas caratulada “Ayala Felipe y otros s/ Privación ilegal de libertad (Art.142 bis inc.5), tortura, homicidio agravado por el concurso de dos o más personas y asociación ilícita”. El proceso oral, iniciado en 2022,  tuvo en su curso 155 audiencias y dos inspecciones oculares, 188 testigos y 333 víctimas. Es el octavo juicio de lesa humanidad en Bahía Blanca que ésta vez arrojó a 32 personas con condenas de perpetua; y otros 16 de entre 3 y 20 años de prisión, y una persona absuelta por “duda razonable”. En el mismo fueron muy importantes los aportes de dos abogados pampeanos, el fiscal Miguel Ángel Pallanzani y el integrante de la terna del TOCF, Marcos Javier Aguerrido.

El 26 de diciembre de 2025, casi cuatro años después de su inicio, el 17 de febrero de 2022, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOCF) dictó  sentencia en el mayor juicio por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura realizado hasta el momento en la ciudad de Bahía Blanca.

El recorrido judicial

El proceso judicial investigó crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar en el ámbito del V Cuerpo de Ejército y constituye uno de los juicios más extensos desarrollados en Bahía Blanca. La Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires participa en carácter de querellante, junto a H.I.J.O.S. con el objetivo de contribuir al esclarecimiento de los hechos, la determinación de responsabilidades y el juzgamiento de los crímenes cometidos en el marco del terrorismo de Estado.

La etapa de alegatos comenzó en la audiencia 89 realizada el 11 de abril de 2024, en la que el Ministerio Público Fiscal inició la exposición de sus conclusiones finales basadas en la prueba producida durante el extenso debate oral. En sus presentaciones se sostuvo la existencia de un plan sistemático de represión ilegal implementado en la Zona V, con la participación coordinada de fuerzas militares, policiales y de inteligencia.

En ese marco, el fiscal general Miguel Palazzani (pampeano muy comprometido en causas derivadas de los excesos de la Dictadura Militar) detalló que en esta Mega Causa “hay 333 víctimas, de las cuales 248 aún esperan el reconocimiento de sus padecimientos y la correspondiente reparación, 21 no han podido velar los restos de sus seres queridos. También se investiga el robo de dos bebés nacidos en cautiverio en el Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio (CCDTyE) La Escuelita, así como la agresión sexual a cinco mujeres, sin dejar de señalar que estos abusos fueron generalizados”.

Durante las audiencias siguientes, la querella de H.I.J.O.S. Bahía Blanca, integrada por Mónica Fernández Avello, Anahí Junquera y Alejandra Santucho, desarrolló una reconstrucción integral del accionar represivo, abordando el funcionamiento de los centros clandestinos de detención, las prácticas de secuestro, tortura, desaparición forzada y homicidio, así como la persecución política y sindical desplegada en la región. En ese contexto, se expusieron de manera específica los delitos de violencia sexual cometidos durante el cautiverio y se incorporaron casos que involucraron a personas embarazadas, niñas, niños y adolescentes víctimas del terrorismo de Estado.

La sentencia

El TOCF de Bahía Blanca, integrado por los jueces Ernesto Pedro Francisco Sebastián, Sebastián Luis Foglia y –el abogado pampeano- Marcos Javier Aguerrido, juzgó a 32 imputados, militares y policías, acusados de delitos de secuestro, tortura, homicidio, desaparición forzada, robo de bebés y abusos sexuales, cometidos contra 333 víctimas durante la dictadura cívico-militar en el sur de la provincia de Buenos Aires y la Patagonia.

De los 52 imputados iniciales, 32 llegaron a la instancia final del debate. Se trata de ex miembros del Ejército, en su mayoría oficiales de la jefatura del V Cuerpo de Ejército y del Batallón de Comunicaciones 181, ex integrantes de fuerzas de seguridad y agentes penitenciarios. Dos de ellos fueron profesionales de salud del Ejército: Luis Fortunato Adalberti y Adalberto Osvaldo Bonini, acusados de haber brindado atención médica a las víctimas del CCDTyE La Escuelita.

Las condenas

Los camaristas condenaron a  prisión perpetua a Osvaldo Bernardino Páez,  Osvaldo Lucio Sierra; Guillermo Julio González Chipont, Jorge Horacio Granada, Norberto Eduardo Condal, Carlos Alberto Taffarel,  Víctor Raúl Aguirre, Enrique José Del Pino,  Carlos Enrique Villanueva, Bernardo Artemio Cabezón,  José Marcelino Casanovas,  Raúl Artemio Domínguez,  Arsenio Lavayén,  y Claudio Alejandro Kussman  y Jorge Aníbal Masson.

Además sentenció a 20 años de prisión a Mario Horacio Torres. A 18 años a Adalberto Osvaldo Bonini y Humberto Luis Fortunato. A  16 años  a Roberto Carlos Brunello. A 13 años a José Antonio Maidana, Alberto Rey Pardellas, Eduardo Carlos Videla, Raúl Esteban Andrés, y Ricardo Claudio Gandolfo.  

A 12 años a Alejandro Lawless y Enrique Stel. A 8 años a Ernesto Emilio Etchart. A 7 años a Héctor Jorge Abelleira; Vicente Alfredo Flores; y Martín Gutiérrez Velazco. A 3 a Jorge Horacio Rojas.

El único absuelto, porque el TOCF consideró que había “duda razonable”, fue el acusado Carlos Alberto Ferreyra.

De ellos hubo 9 que tuvieron excarcelación inmediata por cumplimiento a través de la preventiva; mientras que a 6 les confirmaron  las excarcelaciones que gozaban; a 12 le mantuvieron el arresto domiciliario; y a 2 les mantuvieron la prisión preventiva.

Palazzani: "Hasta que no aparezcan todos siempre serán 30 mil"

Miguel Palazzani es abogado y se desempeña actualmente como el fiscal general a cargo de la Procuradoría contra la Violencia Institucional (Procuvin). Fue abogado querellante en el juicio por delitos de lesa humanidad en La Pampa, en la llamada subzona 14. Desde 2013, integra la Unidad Fiscal de Derechos Humanos en Bahía Blanca junto a José Nebbia. Desde su llegada, impulsó en Bahía Blanca las causas contra civiles involucrados en crímenes de lesa humanidad -- como funcionarios judiciales, dirigentes de la iglesia católica y dueños de medios de comunicación -- y promovió investigaciones por delitos sexuales. Interviene como fiscal en las causas que se sustancian en la provincia de Neuquén. Es docente en la Universidad Nacional de La Pampa.

En el marco de éste proceso judicial, Palazzani destacó la relevancia histórica del proceso judicial y el valor del registro audiovisual del juicio. “La historia ha querido que tengamos el privilegio de participar en este juicio que, sin dudas, es el más importante realizado en la ciudad de Bahía Blanca. Todos los participantes somos privilegiados, tanto desde el punto de vista humano como profesional. Estos documentos están videograbados y, dentro de 50 años o más, podrán ser vistos”, dijo.

En su intervención, Palazzani también se refirió a la responsabilidad del Estado en relación con las personas desaparecidas y la restitución de identidad de niñas y niños apropiados durante la dictadura:

“Hasta que no aparezcan todas las personas desaparecidas y hasta que no se restablezca la identidad de los niños apropiados que aún seguimos buscando, el Estado argentino, y con él todos nosotros, seguirá siendo responsable de esta deuda con la sociedad. Hasta que ese día llegue, seguiremos diciendo aquí, ahora y siempre que son 30.000”, concluyó Palazzani.

El diario La Nueva Provincia fue obligado a rectificar publicación

El TOCF, en su sentencia, hizo lugar a lo solicitado por el Ministerio Público Fiscal y las partes querellantes, Secretaría de Derechos Humanos de la Nación e H.I.J.O.S. Bahía Blanca, y decidió “diponer, para el momento en que se encuentre firme esta sentencia, que en el plazo de diez días el diario “La Nueva Provincia” de esta ciudad publique la rectificación, como acto moralmente reparatorio, de la publicación oportunamente vertida en la que se informaba a la ciudadanía que Héctor Reynaldo Correa, José Antonio Cortez, Ricardo Osvaldo Cuesta, Roberto Héctor Lopez, Adrián Orlando Carlovich, Juan José Córdoba, Pedro Benigno Gutiérrez, Mario Waldino Herrera, Néstor Farias, Julio Infante, Miguel Santiago Bacasun, María Cristina Prado, Luis Ángel Arroyuelo, Juan Félix Luna, Stella Maris Ramírez, Pedro Coloma, Jorge Raúl Castía, Saturnino Aníbal Lambrecht, Ricardo Cardinalli, José Emilio Aspiroz, Mario Saitler, Mirta Justa Bustos, Carlos Alberto Massolo, Julio Alberto Berardi, Jorge Andrés Tassara, Carlos Rodolfo Entraigas, Edmundo Joaquín Di Francisco, José Alberto Cruz, Alberto Oscar Coste, Reinaldo Rodolfo Reiner, Mariano Barcia, Pedro Roberto Miramonte, Orlando Luis Stirnemann, Francisco Tropeano, Rodolfo Maisonave, Ana María Germani y Carlos Alberto Paschetta, fueron detenidos o abatidos en enfrentamientos militares, cuando quedó acreditado en este proceso que fueron objeto de secuestro, y en su caso tortura, fusilamiento o desaparición por parte del personal militar o de las fuerzas de seguridad de la época, haciendo expresa mención de la fecha, página y sección en la que fueran vertidas esas noticias”.