Indagarán a Sabbatini y a Iriart en Buenos Aires

El Juzgado Federal de Santa Rosa finalizó ayer la etapa de declaraciones indagatorias en Santa Rosa a los acusados de secuestros y torturas durante la dictadura militar cuando eran parte del grupo de tareas de la Subzona 14.
Ayer fue el turno del ex comisario Carlos Reinhart, condenado ya en 2010 en el primer juicio por delitos de lesa humanidad en La Pampa y detenido actualmente en la Unidad Penal 4. De acuerdo a las fuentes judiciales consultadas, el represor se negó a declarar por los nuevos casos por los que está imputado. Reinhart está alojado en el pabellón para presos por delitos de lesa humanidad de la Colonia Penal junto a otros quince acusados, en tanto cinco fueron beneficiados con la detención en sus casas.
Ahora los funcionarios del Juzgado Federal están preparando la tramitación para un viaje a la Ciudad de Buenos Aires para tomarle declaración a los dos ex oficiales del Ejército a los que les falta: el ex teniente coronel Carlos Alfredo Sabbatini y el ex coronel Fabio Iriart. Ambos están con prisión domiciliaria por razones de salud, pero de acuerdo a los voceros judiciales, estarían en condiciones de prestar declaración en sus casas.
Iriart fue el jefe del Regimiento de Toay y del grupo de tareas de la Subzona 14 entre 1975 y 1979. En 2010 evitó ser juzgado por el Tribunal Oral Federal local ya que se encontraba con prisión domiciliaria en Buenos Aires y no pudo ser trasladado.
En tanto, Sabbatini fue subjefe del Destacamento de Toay entre 1974 y 1976. Tiene 84 años y fue detenido en Buenos Aires en junio luego de estar prófugo de la justicia federal. Está imputado en esta nueva causa, denominada Subzona 14 II, como parte de los oficiales del Ejército que dieron órdenes para detener y torturar a presos políticos en el marco de la represión ilegal en La Pampa. Sin embargo, también pesa sobre el ex oficial otra causa en la que está sospechado de haber participado en la apropiación de una beba en esta capital en septiembre de 1976. El secuestro de la niña tuvo como víctima a una madre santarroseña que trabajaba realizando servicio doméstico en una casa. La menor fue robada por el dueño de la vivienda, junto con el militar, y dada en adopción de manera irregular a una familia de Toay que luego se radicaría en Capital Federal. El caso no fue en el marco de una desaparición forzada, pero sí en el de la impunidad con que se manejaron las Fuerzas Armadas durante la dictadura militar.
Además, es investigado por el fiscal bahiense Abel Córdoba en el caso del asesinato de dos ingenieros, Daniel Rigante y Juan Carlos Prádanos, secuestrados por un grupo de tareas en Bahía Blanca a fines de marzo de 1976 y masacrados en cercanías de La Adela, La Pampa.