Represores podrían regresar a La Pampa por un caso de Covid

Tres represores pampeanos pidieron en las últimas horas la prisión domiciliaria. Todos están detenidos en la Unidad 34 de Campo de Mayo, en la provincia de Buenos Aires, donde uno de los internos dio positivo de coronavirus. Es la misma cárcel donde purga condena el ex jefe de la Policía de La Pampa, el militar Luis Baraldini. Si la Justicia hace lugar al reclamo de los ex policías, estos deberán continuar cumpliendo su condena en Santa Rosa, donde tienen fijado el domicilio.
El represor que enfermó de Covid-19 es Luis Muiña, quien había sido beneficiado por el fallo del 2×1 dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, medida que nunca llegó a aplicarse por el fuerte rechazo social que cosechó. Otro represor pampeano, Héctor Pedro Vergez, se encuentra aislado en ese penal, ya que, según surge de los informes penitenciarios citados por la Justicia, fue uno de los contactos estrechos de Muiña.
Nacido en la localidad de Victorica en 1943, Vergez fue jefe del tristemente célebre Comando Libertadores de América (una suerte de Triple A cordobesa) y posteriormente, ya durante la última dictadura militar, actuó en el Centro Clandestino de Detención «La Perla», en la ciudad de Córdoba.

Ex policías.
Los detenidos de lesa humanidad que actuaron en la denominada Subzona 14, en La Pampa, y ahora están pidiendo que les concedan la prisión domiciliaria son Juan Domingo Gatica, Oscar Alberto Melazzi y Orlando Osmar Pérez.
En los tres casos, la presentación fue realizada por la defensora pública Laura Beatriz Armagno. La abogada oficial ya había pedido las prisiones domiciliarias hace un tiempo, también alegando la posibilidad de que sus defendidos contrajeran coronavirus, pero en todos los casos esa petición fue rechazada.
Ahora volvió a la carga argumentando el estado de salud, la situación familiar, el riesgo de contraer el virus Covid-19 en un establecimiento carcelario y las recomendaciones de vertidas en distintas acordadas de la Cámara Federal de Casación Penal. Todos argumentos que, en su momento, fueron rechazados por el Tribunal Oral de Santa Rosa.
Sin embargo, a esos argumentos, Armagno sumó ahora una novedad: que en la Unidad 34, del SPF «Campo de Mayo» donde Gatica, Melazzi y Pérez, y otros condenados por crímenes de lesa humanidad se encuentran alojados, se registraron casos positivos de «Coronavirus» y, por tal motivo, requieren ser sacados de la cárcel y ser llevados a sus hogares para continuar allí con la medida privativa de la libertad.

El fiscal se opone.
Desde el Ministerio Público fiscal, elevaron por estos días los rechazos a los tres pedidos de prisión domiciliaria. Uno de los argumentos, en rigor el referido específicamente a la aparición de un caso de Covid-19, se apoya en que «aquellos internos y personal penitenciario identificados como casos sospechosos y/o confirmados para el virus Covid-19 han sido aislados del resto de la población penitenciaria».
Luego, los argumentos del fiscal general subrogante Leonel Gómez Barbella y del auxiliar fiscal Federico Martín Iparraguirre son los mismos que los expuestos en los pedidos anteriores. Por ejemplo, que la defensora oficial no explica por qué no subsistirían los peligros procesales que ameritaron el encierro preventivo de los detenidos de lesa humanidad en un establecimiento carcelario común, teniendo en cuenta que un arresto domiciliario es una notoria morigeración de los controles estatales dispuestos a tal fin.
A su vez, argumentaron que, frente a internos condenados por crímenes de lesa humanidad correspondía descartar de plano que pudieran aplicarse los parámetros postulados en la «recomendación» emitida por la Cámara Federal de Casación Penal en la Acordada N° 9/20 de fecha 13 de abril de 2020 hacia los tribunales inferiores bajo su jurisdicción, con relación a meritar la posibilidad de morigerar el arresto domiciliario de aquellos internos que hubieran resultado condenados por crímenes «no violentos» y se encontraran próximas a cumplir la pena impuesta.

Se contagió en un hospital
Los pedidos de prisión domiciliaria de Gatica, Melazzi y Pérez se amparan en los informes de la U-34 fechados el 21 de junio de este año. Los reportes dirigidos a los jueces que entienden en las causas informan sobre la “detección de un caso de Covid-19 positivo dentro de este Instituto Penal Federal Campo de Mayo”.
Explican que uno de los internos (Luis Muiña) se encontraba internado en el Hospital Larcade, desde el 4 de junio y volvió a Campo de Mayo el 17 de junio de 2020, donde quedó aislamiento preventivo, así como también los agentes que tuvieron contacto estrecho con él, puesto que realizaron la custodia en el hospital.
Otro de los informes menciona que el represor que enfermó de Covid-19 “habría tenido ‘contacto estrecho’ con el interno ‘Vergez, Héctor Pedro’ quien también fue aislado.”
El 29 de junio, el Tribunal Oral solicitó un mayor detalle sobre la situación a la U-34 del SPF. “En este escenario extraordinario, la Institución brinda la mejor calidad de atención médica posible, con los recursos humanos y físicos disponibles, adoptando las medidas recomendadas por el Ministerio de Salud de la Nación, actualizadas en forma permanente, según los lineamientos y la dinámica situación epidemiológica. Sin embargo, el contexto de encierro aumenta considerablemente el riesgo de transmisión del virus. En ese sentido, este equipo no puede garantizar que el interno causante no contraiga Covid-19”.
A su vez, los informes médicos producidos por la Sección Asistencia Médica de esa unidad carcelaria destaca que los tres internos que piden la domiciliaria no tuvieron contacto “con ningún caso sospechoso ni positivo Covid-19”.