Biocombustibles: UIA respalda nueva ley

El Senado inició el debate de un proyecto para actualizar la Ley. Incrementaría los cortes mínimos, de 7,5% al 15% en gasoil y del 12% al 15% en naftas.

 

Durante un plenario de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda, el miércoles a las 14 horas la Cámara de Senadores intentará unificar dictamen para el proyecto de modificación a la Ley de Biocombustibles impulsado por la Liga de Provincias Bioenergéticas, integrada por Catamarca, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, Misiones, Salta, Santa Fe y Tucumán.

 

Hace unos días, la Unión Industrial Argentina respaldó la iniciativa en una carta enviada al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, aclarando que la propuesta fue resultado de “un arduo trabajo de consenso” entre los sectores público y privado.

 

El proyecto, denominado “Energía Cultivada” y presentado ante ambas cámaras (expedientes S-1495/24 en el Senado y 4752-D-2024 en Diputados) pretende actualizar la normativa y elevar los cortes de biodiésel y bioetanol en combustibles líquidos.

 

La Ley 27640 sancionada en 2021 establece el marco regulatorio actualmente vigente y su autoridad de aplicación es la Secretaría de Energía. Tiene vigencia hasta 2030, pero puede ser extendida por el Poder Ejecutivo por un período de cinco años y establece cortes de 12% de bioetanol en naftas y hasta 10% de biodiésel en gasoil.

 

Pedidos.

 

Con la firma del presidente Martín Rappallini y el secretario Eduardo Nougués, los industriales solicitaron al gobierno que impulse su debate legislativo. Además de Francos, recibieron la carta los ministros Luis Caputo (Economía) y Lisandro Catalán (Interior); el secretario de Coordinación de la Producción, Pablo Lavigne; y al secretario de Agricultura, Sergio Iraeta. Al pedido de la UIA se sumaron entidades provinciales y cámaras sectoriales que reclaman reglas previsibles, promoción de inversiones y reactivación de plantas paralizadas por efecto de precios inferiores a los costos de producción.

 

El miércoles pasado los senadores que integran la Comisión de Minería, Energía y Combustibles comenzaron a debatir el proyecto impulsado por la cordobesa Alejandra Vigo (esposa del ex gobernador Juan Schiaretti), que eleva los cortes mínimos del 7,5% al 15% en gasoil en un plazo de tres años, y del 12% al 15% en naftas entre 2026 y 2027. Además, la propuesta incorpora nuevas tecnologías, mecanismos de actualización de precios y criterios de sustentabilidad.

 

Para la UIA, esta ley permitiría asegurar el futuro de las plantas instaladas, potenciar la transición energética y generar empleo en las economías regionales. “La bioenergía puede ser un motor de desarrollo federal, reduciendo la dependencia de combustibles fósiles importados y abriendo espacio a nuevas inversiones”, afirmaron.

 

Según el Centro Azucarero Argentino y la Cámara de Bioetanol de Maíz, la modificación también “promueve licitaciones transparentes y ahorra 150 millones de dólares anuales en importaciones, sin costo fiscal, impulsando empleo y garantizando soberanía energética”.

 

En sendas notas enviadas al Senado, Jorge Feijóo (Azucareros) y Patrick Adam (Bioetanol) reclaman la “urgente modificación” porque el marco regulatorio actual se “convirtió en un freno para la actividad y para nuevas inversiones”, mientras que “el proyecto de la Liga propone un esquema superador, previsible y sostenible”. Y aclaran que la iniciativa “no implica costo fiscal, genera ahorros en divisas, promueve competencia, empleo e inversiones, ofrece mayor soberanía energética, y constituye una verdadera política de Estado para una industrialización federal y la competitividad de actividades de relevancia socioeconómica”.

 

Puntos clave.

 

Entre sus puntos centrales, la actualización legislativa permitirá “incrementar progresivamente la producción y uso de biocombustibles; abrir el uso de biocombustibles para transporte aéreo, marítimo y fluvial, y descentralizar la gestión otorgando autonomía a las provincias para que implementen regímenes de promoción”. Con la nueva legislación, sus autores pretenden “establecer un mercado libre de comercialización por encima de cortes obligatorios, eliminando cupos y precios fijos; fomentar la competencia entre privados mediante licitaciones transparentes, y promover la infraestructura para motores flex y conversión de motores a combustibles más eficientes”.

 

Plantas paralizadas.

 

La industria del biodiésel atraviesa su momento más delicado en dos décadas. Las tres cámaras que agrupan a las pymes productoras para el corte con gasoil, Cepreb (Cámara de Empresas Regionales Elaboradoras de Biocombustibles), Casfer (Cámara Santafesina de Energías Renovables) y Capba (Cámara Panamericana de Biocombustibles Avanzados) advirtieron que “todas las plantas productoras están hoy paralizadas”.

 

Mediante una carta dirigida al ministro Luis Caputo y fechada el 8 de octubre, repudiaron el “sistemático incumplimiento” de la Ley 27640 y alertaron que la inacción del Estado “está llevando a la paralización total del sector”. Federico Martelli (Cepreb), Marcelo Kusznierz (Casfer) y Axel Boerr (Capba), firmantes del texto, denuncian que la Secretaría de Energía lleva 16 meses publicando precios del biodiésel que violan la normativa vigente y provocan que la industria opere a pérdida.

 

Según sus cálculos, las empresas acumulan una pérdida total superior a los 53 millones de dólares. “El precio publicado continúa sin ajustarse a derecho”, advierten las cámaras, y aseguran que esto “condena al quebranto” de las plantas productoras.

 

El Artículo 14 de la Ley 27.640 ordena calcular el precio del biodiésel mediante una fórmula que considera costos reales de producción (aceite de soja, metanol, mano de obra y otros insumos) y una rentabilidad del 3%. Sin embargo, la Secretaría de Energía está fijando precios por debajo del resultado de esa ecuación, eliminando el margen de ganancia y generando pérdidas.

 

Según un informe técnico de las cámaras, mientras el costo de producción en octubre asciende a 1.621.868 pesos por tonelada, el último precio publicado por el gobierno fue de 1.508.754, casi 114.000 por debajo del valor legal. “Las empresas fueron forzadas a operar con rentabilidad negativa, asumiendo como pérdida un monto superior a la rentabilidad prevista por la norma”, lamentan los firmantes.