Jueves 29 de septiembre 2022

La causa por estafas en Pico vuelve al juez original

Redacción 09/08/2022 - 09.04.hs

(General Pico) - El Juzgado Federal de Santa Rosa también se declaró incompetente en la causa contra la empresa Market Capital, y el expediente regresó al Juzgado de General Pico, que ya se había expedido al respecto. La firma está acusada de haber perpetrado una megaestafa que alcanzó los 650 mil dólares y unos 23 millones de pesos.

 

A principios de junio, la jueza de control de General Pico, Nora Gómez, le dictó la prisión preventiva a Franco Hernández, acusado de ser el CEO de la empresa financiera. Además, habían quedado detenidos Juan Pablo Heim y David Federico Domínguez Chap, quienes fueron liberados una vez que la causa pasó a esferas federales. También está imputado José Chap en esta investigación, pero siempre transitó la investigación en libertad.

 

La empresa ofrecía integrar fondos de inversión y prometía jugosas rentas que en algunos casos ascendían al 20 por ciento mensual. La firma también ofrecía la conversión de pesos a dólares y hasta su propia criptomoneda.

 

El 21 de junio pasado, en una audiencia de multipropósito, el juez de control Diego Ambrogetti, se declaró incompetente en la causa y remitió las actuaciones a la Justicia Federal. Esto obedece a la presunta existencia de delitos del orden federal, como el caso de lavado de activos. Hasta ese entonces, había más de 70 denuncias contra Market Capital, por unos 650 mil dólares y 23 millones de pesos.

 

Los hechos fueron revelados por LA ARENA días antes, cuando aún no se habían realizado denuncias formales.

 

Incompetencia.

 

Durante los últimos días, el Juzgado Federal también se declaró incompetente y que remitió las actuaciones a la Justicia provincial, por entender que la competencia que se le había atribuido no correspondía.

 

El joven abogado piquense, Michel Divoy, que representa a un importante número de damnificados que se constituyeron como querellantes, le explicó a este diario que "el Juzgado Federal entiende que lo denunciado es un delito de estafa y que le corresponde investigarlo al juzgado provincial".

 

"Con lo investigado hasta el momento no alcanzaba para presumir la existencia de esos delitos de competencia federal que es la postura que había adoptado en representación de mis defendidos, que se habían constituido como querellantes, y que habíamos entendido que la remisión al Juzgado Federal, era una situación desventajosa", señaló.

 

El letrado explicó que la Justicia Federal remitió el expediente al "Juzgado de Control de la Segunda Circunscripción Judicial", el cual, en la instancia anterior, ya se había declarado incompetente. A partir de ahora, la Justicia provincial deberá definir si avanza con el proceso o ratifica la incompetencia declarada meses atrás.

 

"Ahora es el mismo juzgado el que tiene que resolver si asume la causa o si ratifica su declaración de incompetencia. En caso que sea así, será otro órgano el que tendrá que decidir cuál es el juzgado competente", concluyó.

 

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