Polémica disminución

¿Que puede pasar en el Congreso Nacional con respecto a la iniciativa del Gobierno, presentada el lunes en la Cámara de Diputados y que promueve la baja de la edad de imputabilidad penal para menores y modifica ese régimen? Esa muy polémica disminución capta la atención pública en igual proporción que la posible reforma laboral; los aspectos que caracterizan a cada una de ellas, aunque aparecen como distintos, sin embargo tienen el común denominador de la política libertaria, porque si una apunta a favorecer abiertamente a las empresas, la otra busca disminuir la delincuencia temprana (y hasta se podría decir que infantil) originada principalmente en la falta de trabajo para los jóvenes. Las últimas noticias, refrendadas por imágenes, son elocuentes al denunciar largas filas de aspirantes a unos pocos puestos de trabajo.

El gobierno viene efectuando negociaciones con los legisladores de ambas cámaras a fin de contar con los votos necesarios para la aprobación de la ley. Los parlamentarios se remiten a la decisión de los respectivos gobernadores, más ligados a la consecución de los fondos incautados por la Nación que a la repercusión que podrían tener estas medidas en el ámbito popular.

Esa circunstancia –la subordinación de algunos mandatarios provinciales y sus congresistas al gobierno nacional- es algo que habrá que tener muy en cuenta en el futuro, cuando los mandatos finalicen y busquen desdibujarse en el caos político que proveerá un país destruido, y aspiren a nuevos cargos.

Las instituciones nacionales y foráneas que se pueden considerar idóneas en el tema –desde la Unesco hasta la Iglesia Católica— han rechazado de plano ese cambio en la penalización, expresando con argumentos conceptuales, y también estadísticos, que lo que se ataca son las consecuencias y no la raíz del problema. La Iglesia, precisamente, ha rechazado categóricamente la iniciativa. En una reciente comunicación, el Episcopado ha dicho que “bajar la edad no baja el delito”, argumentando, con sobradas razones, que se necesita “trasformar las condiciones estructurales que generan la violencia” junto con más educación y oportunidades de desarrollo, especialmente a través de trabajos dignos que generen contención social. En el comunicado episcopal se afirma rotundamente que no son los menores quienes cometen más delitos y que existen causas más profundas en la motivación de la delincuencia juvenil, “casos del narcotráfico, las drogas y la falta de oportunidades”, afirmación que aparece como crítica sutil pero efectiva a la idea gubernamental y agrega que “no alcanza con medidas que suenen bien en tiempos electorales”. La postura eclesiástica expresa exactamente lo contrario a lo que sostiene el gobierno mileísta.

Lo que también resulta notable es el apoyo al proyecto de modificación por parte de algunos sectores de la sociedad argentina, tan taxativos que son partidarios de extender la postura a una edad sin límites. Es, por cierto, una postura tan necia como antidemocrática y que para nada contempla, igual que la posible ley, cómo se continuaría el proceso de penalización y dónde se prolongaría la posible reeducación necesaria.

Acertadamente, la Iglesia ha titulado el documento, que reafirma anteriores posturas y expresiones, con una contundente consigna: “Más oportunidades que penas”.