Sabado 01 de octubre 2022

"La caza con jauría es una práctica cavernícola"

Redacción 30/07/2022 - 00.10.hs

"Las razones que llevaron a la presentación del amparo son estas prácticas cavernícolas y anacrónicas que nos hacen involucionar como sociedad y están reñidas con la nueva perspectiva ambiental y la evolución de nuestra sociedad en cuanto a la protección del ambiente" aclaró Ana Carolina Díaz, impulsora del proceso judicial que declaró "inconstitucional e inconvencional el Decreto Reglamentario 2218/94", que autoriza la caza con jauría.

 

En diálogo con Radio Noticias (FM 99.5), la defensora pública recordó que "en su momento el defensor general Eduardo Aguirre aprobó la promoción de esta acción", desde la defensa pública, y advirtió que "se trata exclusivamente de una cuestión técnico jurídica, dedicada a determinar si una normativa entra en conflicto con la Constitución Nacional y los convenios internacionales suscriptos por nuestro país, que importan determinadas responsabilidades, en este caso sobre la protección del ambiente en cuanto derecho humano".

 

A fines de junio, la Sala 1 de la Cámara de Apelaciones, integrada por Laura Torres y Marina Alvarez revocó un fallo de primera instancia y determinó que aquella reglamentación, además de la Constitución y convenios internacionales, "viola la Ley Nacional 14346, de Maltrato y Crueldad Animal".

 

"No es cultura".

 

Consultada sobre el argumento de que la caza forma parte del acervo cultural, Díaz recordó que "el fallo dejó en claro que estas prácticas no tienen nada que ver con la cultura", pero aclaró que el amparo "apuntó exclusivamente a un conflicto legal y es un planteo técnico jurídico por un conflicto de jerarquía entre las leyes". Efectivamente, una norma provincial no puede contrariar una ley nacional. "Hay que sentarse y ponerse a leer", dijo.

 

La defensora evitó referirse a "argumentos subjetivos": si el fallo "tiene efectos sociológicos, políticos o económicos es una cuestión aparte, porque el planteo resulta meramente jurídico, destinado a determina cuáles leyes se violan al permitir estas prácticas" advirtió. Reiteró que "todos los demás argumentos son apreciaciones subjetivas" ajenas a la materia del proceso judicial, y explicó que la acción fue promovida "para que no se permita la caza bajo esta modalidad, mediante argumentos jurídicos y más allá de que yo esté o no de acuerdo con la cacería".

 

De todas maneras, ante la reiteración de las consultas, respondió: "soy una persona respetuosa de la vida de otras especies y en lo cotidiano intento ser considerada con seres vivos que tengo cerca y tiendo a proteger su vida. Sin embargo, este planteo jurídico no tiene que ver con perros y jabalíes sino sino con los derechos humanos, por la afectación de un medio ambiente sano y equilibrado que determina la Convención Internacional, y más allá del sufrimiento innecesario que padecen estas especies durante el momento de la caza, lo cual viola la Ley 14346, que tipifica un delito".

 

En cuanto a los argumentos de los cazadores, quienes sostienen que realizan "una práctica de control sobre una especie introducida" consideró que "eso puede hacerse respetando principios éticos, sin hacer sufrir a los ejemplares y sin cometer delitos". Y concluyó que "un control de ese tipo implicaría la disposición de recursos y equipos técnicos especializados e inversiones".

 

Una multitud reclamó por la caza con jauría.

 

Cientos de personas de distintos puntos de la provincia, y de provincias vecinas, se congregaron ayer bajo la consigna "la Caza es Cultura", en el parque ubicado en la esquina de Belgrano y Corrientes, junto al monumento a Los Héroes de Malvinas, para luego marchar a Casa de Gobierno a entregarle un petitorio al gobernador.

 

Con bombos, redoblantes, banderas y pancartas, solicitaron que no se prohíba la caza con jauría en La Pampa, y aseguraron que no cometen maltrato animal. Hablaron también de una "opereta del gobierno provincial".

 

Daniel Bríguez y el abogado Hugo Díaz, fueron los voceros del reclamo. "Estamos acá reclamando nuestros derechos como ciudadanos que se están viendo cercenados por un fallo judicial y tal vez una decisión política o un abandono, porque nosotros ya deberíamos tener la actividad regulada y a resguardo desde el punto de vista legislativo, para que estas extremistas no nos acusen de cosas que no son", señaló Bríguez, de la Asociación a Puro Dogo y Cuchillo.

 

Díaz por su parte, aseguró que la apelación del gobierno al fallo que prohíbe la actividad no les alcanza, "en principio porque este fallo no dice absolutamente nada, no hace ni mal ni bien. En lo personal entiendo que es una opereta política, porque el Poder Judicial no puede imponerle a ninguno de los otros dos poderes, absolutamente nada".

 

"Es una mentira que el Poder Judicial obligue al Ejecutivo a prohibir la caza con jauría, porque los fallos son para casos en concreto. Nosotros estamos acá para pedirle al gobernador que haga una reglamentación que nos incluya a todos los actores sociales, y que no se empiecen a blandir fantasmas, porque la caza con jauría no fue prohibida por nadie, y está expresamente permitida por los artículos 14, 17 y 19 de la Constitución Nacional", aseguró el abogado.

 

Opereta política.

 

Asimismo, Díaz dijo: "Creo que esta es una cuestión política, desde el momento que los muchachos se acercaron al Ministerio de la Producción y les dijeron que la caza estaba prohibida por la justicia, y es una opereta política desde que ellos salen a decir que apelaron el fallo que prohíbe la caza con jauría, cuando no existe ningún fallo que la prohíba".

 

"Las sentencias son para fallos en concreto, y en ese caso que resolvieron, el cazador podrá de ahora en más transportar a sus perros sin jaulas y sin embozalar, porque lo único que prohíbe es el transporte del animal de caza. No vamos a dejar de cazar, porque la caza no está prohibida. No hay ninguna ley que la prohíba", aseguró.

 

Y agregó que "estamos dispuestos a denunciar penalmente a todas las personas que realicen falsas denuncias, acusándonos de maltrato animal. Hay una ley específica que pena con prisión de 15 días a un año a quién maltrate a un animal, si alguien nos acusa de maltrato deberá demostrarlo, o tendrá que responder por una falta denuncia".

 

"Que se sincere".

 

Finalmente, Díaz señaló que "lo que le pedimos al gobernador es que se expida, que se sincere y nos diga si va a reglamentar el año que viene o no lo va a hacer, porque ya han salido funcionarios, incluso en algunos pueblos, a decir que el año que viene no se va a poder realizar más la caza con jauría".

 

"Si va a reglamentar, lo que nosotros pedimos es que se tomen en cuenta las opiniones de todos los actores sociales, la de las proteccionistas, las de los cazadores, y las de los propietarios de los establecimientos donde se caza", cerró.

 

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