“Ningún paquete de medidas que beneficie a los jubilados”

“Los gobiernos piensan en que le cierren las cuentas antes que en los beneficiarios. En el caso de este gobierno que se viene aprovechando de las falencias de la fórmula anterior, y continuó licuando haberes. Podría haber tomado medidas para preservar el poder adquisitivo mínimamente de principios de diciembre, cuando asumió, pero eso no pasa”. El abogado Javier Couly fue crítico de los cambios que se pretenden con la Ley de Bases en el tema previsional.

El profesional es diplomado en Previsión Social por el Cofepres (Consejo Federal de Previsión Social), y actualmente desarrolla a tesis para ser magíster en Derecho de la Vejez en la Universidad Nacional de Córdoba. Tiene 24 años de experiencia en la cuestión, se desempeñó en Anses entre 2000 y 2005, y desde entonces lo hace de manera independiente. “Me ocupo de asesorar en cuanto a derechos y obligaciones en jubilaciones, pensiones y otros beneficios de seguridad social".

Anses Santa Rosa.

Con respecto a la situación del Anses en Santa Rosa, en diálogo con LA ARENA estimó que “el hecho que no se haya designado jefe aún afecta de una manera u otra, porque su presencia y acción son ordenadoras y contribuyen al buen funcionamiento”. Sostuvo que “hay trámites que vienen registrando demoras perjudicando a los administrados. Porque si por ejemplo una jubilación tarda ocho meses se paga el retroactivo a valores históricos, sin intereses ni actualización. No es necesario decir el perjuicio que ello implica”.

Con respecto a los empleados despedidos en la delegación Santa Rosa dijo estar “sinceramente sorprendido. Porque se trata de tres trabajadores con excelente predisposición hacia el público. No eran ñoquis”, aseveró. Dijo que eso se torna más grave porque “dos de ellos son iniciadores de beneficios previsionales, y formar alguien en esa área lleva mucho tiempo. Más de un año seguro, debido al cúmulo de normativa que debe manejar”.

Lo que viene.

Couly analizó que “el proyecto del actual gobierno” a su modo de ver “perjudica porque se focaliza exclusivamente en la inflación, y esa nunca debe ser variable principal, porque a la larga jamás permite la recuperación de los haberes en épocas donde la economía y los salarios se recuperan. Se daría la paradoja que si se terminara con la inflación no habría más actualizaciones. Sería 0 inflación 0 aumento, sin mejora. Subsistiría la actual fórmula hasta junio y los aumentos de ahora son a cuenta. La nueva fórmula empezaría a regir en julio y leería la inflación de mayo recién, consumando una gran pérdida frente a la inflación anterior”.

“La recomposición que proponen es de un aumento por única vez del 12,5%, que no alcanza para cubrir la inflación del período que dice compensar”, completó. Precisó que “en 2023 la pérdida para jubilados fue entre 14,2% y 37,4%; y en este primer trimestre de 2024 entre el 28 y el 42%. La mejora en los números macroeconómicos es en gran medida a costa de los jubilados”, afirmó.

Y continuó: “Muchos jubilados bajaron su calidad en la alimentación y gastan menos en farmacia, entre otros achiques. Aceptar esto con los haberes en su punto más bajo en términos de capacidad adquisitiva, sin recomponerlos, es condenarlos a la pobreza. Si no recomponemos, discutir la movilidad por sí sola es discutir por las migas del pan”.

Mantener cajas provinciales.

La armonización previsional es un sistema de acuerdos sobre transferencias compensatorias en concepto de asistencia financiera, para cubrir los déficits de los sistemas jubilatorios provinciales. En 1999, se firmó el Compromiso Federal en el que la Nación se comprometió a financiar los déficits de los sistemas provinciales no transferidos: y a su vez, las provincias debían armonizar sus sistemas ajustándolos al esquema nacional, en lo referido a cálculo del haber y requisitos.

Couly analizó que “la armonización de los parámetros significaría hoy una pérdida de ingresos para los jubilados provinciales, por lo que debemos intentar evitarlo. Hay diferencias en los sistemas que hacen que las cajas provinciales otorguen beneficios más generosos que el régimen nacional. Las diferencias son afrontadas con recursos propios provinciales. Por eso mantener las cajas provinciales tiene sus costos operativos, pero vale la pena, si no perderíamos toda potestad sobre el régimen de beneficios previsionales y su suficiencia”.

Costoso e inequitativo.

Expresó que “el sistema previsional es hoy una colección de parches que hace que sea costoso e inequitativo.  La sostenibilidad es un problema crítico, en los últimos 20 años el gasto público previsional se ha duplicado, de un 5% del PIB en 2005 pasó 11% aproximadamente, mucho más que el promedio de América Latina e incluso que el de muchos países más desarrollados y envejecidos”.

Régimen de reparto, mejor.

Javier Couly también hizo una referencia a las AFJP. “La experiencia del paso por las AFJP dejó en claro que los costes de administración y gestión del sistema de capitalización son superiores a los del reparto, y que los beneficios previsionales son de menor monto, generando mayores desigualdades de renta. No veo viable cambiar de sistema, y me inclino por las ventajas del régimen de reparto, porque los costos del cambio son demasiado altos, y muchas veces se subestiman en el debate ideológico. Al cambiar, el Estado dejaría de recaudar aportes y contribuciones, y sin embargo debería seguir pagando los beneficios previsionales. Sería costosísimo”.

Además “las posibles mayores rentabilidades también van asociadas a mayor riesgo. Los economistas convencionales defienden una reforma que apunta hacia un sistema de capitalización, pero para mí da lugar a más problemas que ventajas. Si uno cree que la redistribución del ingreso es importante es mejor el sistema de reparto”.

Sin beneficios.

Reclamó para el sistema previsional “soluciones integrales, porque las últimas medidas sólo tienen como finalidad que cierren los ‘gastos’. Lo dijo el diputado oficialista que cerró la serie de oradores y antes que se vote el capítulo previsional de la ley de Bases, rechazando los cambios propuestos sin debate parlamentario. Para mí se debe hablar de inversión en adultos mayores, no de gasto. Hay que concluir que no hay ningún paquete de medidas que beneficien a este sector”.

El especialista en temas previsionales también dijo que son “necesarias en forma urgente medidas operativas, como la designación de jefe de UDAI (Unidad de Atención Integral), porque sería ordenador y permitiría la optimización del circuito de expedientes. Hay formas de trabajo a nivel nacional desde hace un tiempo que hace que estén notoriamente más lentas las resoluciones, y los retroactivos después se pagan a valores históricos, sin actualización. Es decir, siempre son más perjuicios y menos beneficios. Los errores del pasado no dan derecho a hacer lo que se quiere, y además cuando es a sabiendas dejan de ser errores”, consideró.

“Lo que está en trámites no debería tener problemas”.

“Se entiende que lo que está en trámite, o con turno, respecto a jubilaciones no debería tener problemas, porque se trataría de un derecho adquirido”, dijo Javier Couly. Estimó por otra parte que “si se termina aprobando la moratoria previsional, implicaría que no se puedan jubilar en el régimen nacional el 80% de las personas que estén en edad: unas 9 de cada 10 mujeres y unos 7 de cada 10 hombres”.

De ser así “esas personas tendrían como única opción la Prestación de Retiro Proporcional recién a los 65 años, con el agravante que son incompatibles con percibir otro beneficio, como por ejemplo una pensión por fallecimiento; y además los haberes son menores, con base del 80% de una mínima”.

Eso también determinaría que “al 90% de las mujeres les suben la edad jubilatoria de hecho, sin cambiarla legalmente, con mayores incompatibilidades y menores haberes”.

Es regresivo.

El profesional agregó que “si bien las moratorias no pueden ser permanentes, se debería respetar la ley vigente hasta marzo de 2025 como está previsto. No comparto que se derogue la moratoria, es regresivo”. Cabe decir que de la Prestación de Retiro Proporcional sólo se sabe que será para aquellas personas de ambos sexos que hubieran alcanzado los 65 años años de edad y que no cumplan con el requisito de aportes necesarios.

Couly explicó que “los parámetros para el acceso y los porcentajes a aplicarse, entre otras condiciones, se delegan al Poder Ejecutivo, lo que es inadmisible porque debería fijarlo el Congreso, por imperativo constitucional. Mínimamente deberían hoy poner en la norma las condiciones, es todo gris”. Razonó que “en este contexto socio—cultural no me parece bien que las mujeres se jubilen a los 65 sin un tratamiento integral de las implicancias”.