Organizaciones alertan por el impacto ambiental del RIGI

Unas 50 organizaciones civiles advirtieron públicamente sobre los graves efectos para el ambiente que depararía el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), incluido en la Ley Bases, al priorizar la actividad extractivista de grandes empresas mineras, otorgándoles inmunidad frente a los controles provinciales y municipales destinadas a proteger el ambiente.

 

“La pretensión de pasar por encima de las normativas provinciales y las ordenanzas municipales que establecen y garantizan un resguardo ambiental para la explotación de recursos naturales es un avasallamiento de todos los derechos y de las pequeñas batallas que se han ganado con respecto al ambiente en nuestro país” advirtió el secretario de Ambiente de la provincia, Fabián Titarelli.

 

De esta manera, el funcionario pampeano se sumó a las múltiples voces que cuestionan los privilegios y atribuciones que el RIGI le otorga a las empresas mineras, para que puedan operar en el país sin preocuparse por leyes provinciales y locales vinculadas al cuidado del ambiente. “Es una situación muy preocupante, pero no nos sorprende para nada, porque claramente hay una decisión de beneficiar a empresas multinacionales que solo buscan generar divisas a toda costa y sin preocuparse por los daños y perjuicios que puedan causar a las personas y al ambiente”, añadió Titarelli. Y advirtió que “si bien todavía está abierta la discusión y hay que esperar para saber qué sucede con el proyecto de Ley Bases, vamos a estar muy atentos para ver dónde termina esto”.

 

“Flexibilización total”.

 

El RIGI, que apunta a incentivar unas pocas actividades, entre ellas la minería, la explotación de hidrocarburos y el agronegocio, resulta uno de los elementos más criticados de la ley Bases, tanto desde la oposición como desde diversos sectores económicos que resultarían perjudicados. A esos cuestionamientos se sumaron las organizaciones ambientales, encabezadas por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (Aadaa).

 

“El RIGI se basa en el concepto de que lo ambiental es un costo y busca flexibilizar lo laboral, lo fiscal y lo ambiental”, explicó Ariel Slipak, coordinador de Investigaciones en la FARN. Según el profesional “los beneficios del RIGI son mayores a los que impuso el Régimen de Inversión Minero de 1993, hoy vigente, que benefició a un puñado de empresas sin generar demasiados puestos de trabajo ni encadenamiento económico”, añadió.

 

Mientras tanto, Enrique Viale, presidente de la Aadaa, denunció que el régimen impone “una flexibilización y liberalización normativa, financiera, tributaria y aduanera” y explicó que sus artículos “establecen que ninguna otra normativa puede oponerse, incluyendo las leyes provinciales”. Eso significa que “las normativas locales pierden efecto para controlar la naturaleza en sus territorios”, aclaró.

 

En el proyecto que debate el Senado “hay dos artículos especialmente problemáticos. Uno de ellos es el Artículo 163, que permite al gobierno nacional imponerse y llevar ante la justicia cualquier normativa contraria al régimen”. De este modo “no podrá aplicarse ninguna de las normas específicas de control ambiental que pudieran tener las provincias”, concluyó.

 

Otro artículo problemático es el 219. “Establece que ante controversias entre el Estado Nacional y el inversor, Argentina cede su soberanía jurídica para que esa controversia se dirima en un tribunal internacional y no en la justicia argentina”, lamentó el abogado.

 

“Impide cuidar el agua”.

 

Si bien otorga beneficios fiscales y garantías a grandes empresas, el RIGI se enfoca claramente en la industria extractivista y ciertas actividades que implican deforestación, porque está destinado exclusivamente a la agroindustria, forestal, minería, gas y petróleo, además de infraestructura, energía y tecnología. Busca atraer inversiones superiores a los 200 millones de dólares, ofreciendo incentivos impositivos, aduaneros y cambiarios con la excusa de “generar seguridad jurídica”.

 

Unas 50 organizaciones ambientalistas y conservacionistas presentaron un documento en el Senado donde alertan sobre los riesgos ambientales de la Ley de Bases. “El daño a los derechos ambientales es muy nítido”, dijo Ariel Slipak, en una entrevista publicada por elDiarioAR. Según el ambientalista, “el RIGI es la vuelta final del extractivismo, el ajuste de tuerca final para convertir a Argentina en un no país, sin soberanía sobre su territorio”. Y lamentó que “en la ley no hay ningún parámetro ambiental que limite, por ejemplo, la participación de empresas con antecedentes de contaminación, y no hay siquiera una mención a la obligatoriedad de presentar un Estudio de Impacto Ambiental (EIA)”.

 

En la misma sintonía, Viale denunció que el régimen “es inconstitucional porque le quita a las provincias la facultad de controlar los recursos naturales existentes en sus territorios”.