San Martín va por recuperar los terrenos mal vendidos

Las nuevas autoridades del Club General San Martín presentaron ayer ante la Justicia provincial una denuncia penal, pidiendo que se investigue "la posible comisión" de delito por parte de los anteriores directivos, quienes vendieron 3 hectáreas de la institución "a precio vil, y sin que exista registro alguno de ingreso de dinero a sus arcas".

 

Ante el fiscal de turno, el presidente Julio Gabriel Arias, y el tesorero Lucas Jesús Ovejero -acompañados de todo el resto de la actual comisión directiva- pidieron que se investigue una posible "Administración Fraudulenta", tipificado en el artículo 173 inciso 7 del Código Penal. Lo hicieron patrocinados por los abogados Fernando Gutiérrez y Vanessa Ranocchia Ongaro.

 

Venta a precio irrisorio.

 

Hace algunos meses fue este diario el que informó de las anomalías en San Martín -cuya directiva estaba al frente desde hace unos 20 años-, que incluían la imposibilidad de asociarse al club por parte de quienes quisieran hacerlo, y un deterioro creciente de las instalaciones (tanto en el gimnasio de calle Alberdi, como en el Predio Malvinas Argentinas, ex Quinta de las Monjas).

 

Hasta que se sumó la información que parte de las tierras de lo que se conocía como la Quinta de las Monjas, al Este de Santa Rosa, habían sido vendidas a un precio que se podría considerar irrisorio; y fue allí que se produjo una movida de vecinos -que se juntaron en lo que dieron en llamar "La '89"- para empezar a ver si se podía normalizar la entidad.

 

Nueva comisión.

 

Todo culminó con una intervención por parte de Personas Jurídicas, y una posterior asunción de la flamante Comisión Directiva, que empezó con la lenta tarea de reconstrucción de una entidad muy popular en la ciudad.

 

Ya hubo un doloroso antecedente en que un club -Atlético Santa Rosa- fue estafado en casi 3 millones de dólares con la venta de inmuebles que poseía, por lo que hubo alguna alarma con lo que sucedía en San Martín.

 

Vendido a 12 veces menos.

 

Lo cierto es que la anterior Comisión Directiva -que encabezaba Graciela Loyola- vendió 28.144 metros cuadrados a lo que -se indica- podría ser considerado un precio vil de $ 3.971.000 al señor Carlos José Elorza. Dinero "recibido no se sabe por quién, cómo y cuando", porque no hay registros contables de la operación. El adquirente entregó primero $ 471.000, y el saldo de 3.500.000 lo abonó cuando se produjo la firma de la escritura traslativa de dominio.

 

En la presentación en Fiscalía se expresa que "a la fecha de la venta ese importe representaba u$s 16.405 (valor del dólar libre ese día a $ 28,71 la unidad), en tanto que el remanente de $ 3.500.000 que sería pagado contra escritura también conforme el Acta 112, representaba al día de suscribir la misma (1/11/2019) la cantidad de u$s 55.173,93. Es decir que la venta, más allá que no hay registro alguno de cómo se pagó, o a quien se le abonó, se realizó por la suma de u$s 71.578,98, cuando esos inmuebles en plena zona residencial de Santa Rosa, han sido valuados (sin subdividir y tal como se vendieran) en la suma de u$s 844.200 por el martillero Manuel Romero; en tanto que una vez subdivididos y vendidos por parcelas de 20 x 50 generarían según refiriera el mismo, una suma superior a los u$s 1.500.000. Es decir, la venta se realizó conforme a la escritura, a un precio 12 veces menor al valor tasado".

 

Sin balances presentados.

 

Continúa la denuncia indicando que "no existen registros contables que nos permitan conocer mínimamente el destino del dinero pagado (antes de la escritura como reza la misma), ya que no hay ningún balance aprobado para los ejercicios 2017, 2018, 2019 y 2020. No hay ninguna factura de pagos efectuados a terceros, no hay inversiones en el club realizadas con posterioridad a los supuestos pagos, no hay cuentas bancarias abiertas a nombre de la institución, no había dinero en caja al ingresar a trabajar la Comisión Normalizadora en abril de 2021, etcétera. Es decir, un sinnúmero de irregularidades incompatibles con el manejo de una institución, y mucho más a partir de la venta de una parte importante de su patrimonio".

 

Hubo venta, pero no fondos.

 

Cabe señalar que la Comisión Normalizadora designada por Personas Jurídicas, al iniciar su función advirtió que en las arcas del club no había suma alguna, y que tampoco había cuentas bancarias a su nombre en ninguno de los bancos oficiales (Nación y de La Pampa). Y tampoco había obras recientes o deudas que pudieran justificar la inexistencia de fondos disponibles, siendo que era público entre los socios de la institución que se habían vendido esos terrenos".

 

Graves sospechas.

 

Así las cosas, la nueva directiva cuyo presidente es Julio Gabriel Arias, decidió que "mínimamente se deben investigar los manejos en esa operación inmobiliaria, arrojando graves sospechas sobre un posible accionar delictivo por parte de las caras visibles de la misma, esto es Graciela Beatriz Loyola, en su carácter de presidente de San Martín, Pablo Martín Romero, como secretario; y Ricardo Héctor Marcelo Sosa, en su carácter de tesorero, quienes por otra parte fueron los que firmaron la escritura de venta a Elorza. Esas personas estuvieron al frente del club por mas de veinte años, hasta que fue intervenido por la Dirección General de Personas Jurídicas".

 

Se recuerda que esa movida "se originó a partir de una manifestación de socios disconformes con la gestión anterior y la falta de transparencia que se vislumbraba claramente. De no haber ocurrido las autoridades hoy denunciadas continuarían en su cargo, puesto que esa había sido su intención, con lo cual jamás se hubiesen investigado los hechos que hoy son objeto de esta denuncia", concluye el escrito.

 

Al precio de un monoambiente.

 

La actual Comisión Directiva de San Martín analiza junto a sus abogados "iniciar alguna acción civil para impedir que el comprador se desprenda de los terrenos, y eventualmente poder recuperarlos en beneficio de todos los asociados".

 

En el escrito presentado por los directivos sanmartinianos ante la Justicia Penal sostienen que entienden "innecesario señalar que los inmuebles históricamente mantienen su valor en dólares, con lo cual los u$s 71.578,98 con que se vendieran las casi tres hectáreas en noviembre de 2019, seguramente representaban a ese tiempo, no más del valor de un monoambiente en esta ciudad".

 

Se agrega que "no hay registro alguno en el Club de las fechas de pago por parte de Elorza o la modalidad como se realizó (si efectivo, si mediante cheque, si a través de transferencia y a que cuenta, etcétera). Tampoco hay constancias si se han emitido recibos de esos pagos, puesto que en la escritura se dice que la suma por la cual se vendiera, había sido recibida". Y también que "las únicas constancias documentadas, de dudosa validez, son el Acta 112 de fecha 9/8/2018, donde se dice que el comprador Elorza ha adelantado la suma de $ 471.000 y la Escritura Traslativa de Dominio de fecha 1/11/2019 donde se lee 'que la representante del vendedor declara que el mismo ha percibido del comprador con anterioridad a este acto en dinero en efectivo y a su entera satisfacción. Evidentemente -le dicen al fiscal- es el comprador del predio Carlos José Elorza, quien en mejores condiciones está de aclararle al Órgano Acusador cómo se pagó, cuánto, a quién, y qué recibos se emitieron de esos pagos".