Bullrich recargada

Hoy se pondrá a prueba el Protocolo Antipiquetes aprobado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en la marcha organizada por organizaciones sociales y la izquierda, para protestar contra el “Plan Motosierra”.

 

IRINA SANTESTEBAN

 

La señora Patricia Bullrich Luro Pueyrredón, es un claro ejemplo de “la casta”. No solo por sus apellidos oligárquicos, sino por su sinuosa trayectoria que la llevó a militar en diferentes espacios políticos. Desde su paso juvenil por la JP-Montoneros, su posterior militancia en el menemismo, la Alianza UCR-Frepaso (en cuyo gobierno fue la ministra de Trabajo que redujo salarios y jubilaciones en un 13 por ciento), luego en el PRO-Cambiemos, Juntos por el Cambio y desde hace pocos días, en el gobierno de La Libertad Avanza. En su segundo round como ministra de Seguridad, repite su afán por prohibir la protesta social, y a menos de una semana de asumido el nuevo gobierno resucitó su Protocolo Antipiquetes, como ya lo hiciera durante el gobierno de Mauricio Macri.

 

En aquel momento, ese protocolo no pudo aplicarse plenamente por la resistencia popular, pues las movilizaciones contra el gobierno de Cambiemos se sucedieron y profundizaron a medida que la situación social se fue degradando.

 

En aquellos años hubo represión y persecuciones, como la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado, el asesinato del joven mapuche Rafael Nahuel, el encarcelamiento (que aún perdura) de la dirigente jujeña Milagro Sala y otros militantes de su agrupación Tupac Amaru, las causas contra activistas y militantes opositores, etc.

 

¿Y por casa?

 

Sin embargo, y así como Bullrich ha pasado por varios gobiernos y partidos políticos, siempre en un sentido antipopular, también su comportamiento es contradictorio.

 

Ella misma promovió y participó de manifestaciones públicas, con cortes de calles y rutas, la misma conducta que ahora pretende penalizar.

 

En ese camino del “haz lo que yo digo mas no lo que yo hago”, la ministra de Seguridad ha anunciado que hoy se aplicará el Protocolo que impide el corte de calles y vías de circulación, aún cuando se dejen pasos alternativos para el tránsito de personas y vehículos.

 

La ministra pretende que el derecho a la protesta se ejerza “en la vereda”, en una ridícula interpretación de lo que es una tradición en los movimientos populares, no solo en nuestro país, sino en el mundo entero.

 

Protestar sin molestar al prójimo es imposible, tal como molestan también las procesiones religiosas, los eventos públicos, los desfiles, los festejos deportivos y tantos otros motivos para la manifestación callejera como pueden encontrarse.

 

Sin embargo, ninguno de esos motivos está penalizado en el Protocolo; lo que molesta a la ministra es la protesta contra las políticas del gobierno, lo que evidencia un claro ataque a derechos adquiridos, reconocidos por la Constitución Nacional y tratados internacionales.

 

En el año 2020, en plena pandemia, Bullrich desafió las medidas de aislamiento dispuestas por el gobierno nacional, y participó de movilizaciones con cortes de calle. Fue parte de los “banderazos” de las patronales del campo, que cortaron rutas y de otras manifestaciones opositoras al entonces gobierno del Frente de Todxs. Por ninguna de esas movilizaciones fue siquiera molestada o citada a declarar. Lo pudo hacer libremente.

 

Argentinazo.

 

Hoy se cumplen 22 años del “Argentinazo”, aquellas jornadas de diciembre de 2001, cuando decenas de miles de compatriotas marcharon en todo el país, y con mayor fuerza en Buenos Aires, para protestar contra el ajuste del gobierno de la Alianza. El presidente Fernando de la Rúa, elegido dos años antes por el voto popular, debió abandonar la Casa Rosada en helicóptero. En esos dos días, 39 argentinos fueron asesinados por las fuerzas de seguridad, entre ellos, Claudio “Pocho” Lepratti, un joven que cayó bajo las balas policiales en Rosario, cuando intentaba proteger a los niños que estaban en un comedor popular. Ese hecho fue inmortalizado en la canción “El Ángel de la Bicicleta” de León Gieco.

 

Ajuste al pueblo.

 

Las medidas anunciadas por el ministro de Economía Luis Caputo el pasado martes, no debían sorprender a nadie, salvo a parte de los desprevenidos votantes de Javier Milei, que creyeron su promesa de que “el ajuste lo va a pagar la casta”. Lo que sucedió es que gran parte de esa “casta” está hoy en el gobierno y quienes pagarán los platos rotos del durísimo ajuste que anunció el ministro serán los trabajadores, jubilados, los más humildes y también las capas medias, incluidos pequeños y medianos comerciantes y empresarios.

 

La liberación de precios de alimentos, combustibles y tarifas, dispararán aún más la inflación, por más que el gobierno explique que estaba “contenida” por culpa del gobierno anterior. La gestión del FdT fue mala, malísima, y eso explica el resultado electoral, pero las actuales medidas agravarán y no solucionarán los problemas que padecen los argentinos y argentinas de a pie (al presidente le gusta decir “de bien).

 

Por ello, es imposible pensar que semejantes medidas se implementen tranquilamente, sin resistencia. Como decía un gran revolucionario (Mao Tsé tung), “donde hay opresión hay resistencia”.

 

El gobierno lo sabe y por ello, a dos días del anuncio de Caputo, se aprueba el Protocolo Antipiquetes, que se pretende poner a prueba en la marcha convocada para hoy, por organizaciones sociales, sindicatos combativos, organismos de Derechos Humanos y la izquierda.

 

Lamentablemente, el peronismo y las centrales obreras (CGT y CTA de Hugo Yasky) no serán de la partida. Siguiendo aquella frase del general Perón, han resuelto “desensillar hasta que aclare”, aunque lejos está de aclararse el panorama, sino más bien de oscurecerse.

 

El plan de Milei-Caputo no es nada nuevo, ya se aplicó en la Argentina en otras épocas muy amargas de nuestra historia: el plan Martínez de Hoz de la dictadura militar, el plan de Bunge y Born primero y Cavallo después durante el menemismo, el de la Alianza y también el de Macri, donde Caputo fue uno de los responsables del ajuste, el endeudamiento fraudulento con el FMI y la fuga de divisas. El pago de esa deuda, legitimada por el gobierno de Alberto Fernández, explica en gran parte el agravamiento de la situación económica y social de los últimos dos años.

 

Por ello, aunque amenace y ponga en práctica medidas represivas, será imposible para el gobierno frenar la resistencia popular, aún cuando tenga todavía apoyo de parte de sus votantes.