¿La derecha busca un "golpe blando"?

La Corte Suprema de Justicia y la oposición de derecha en el Congreso Nacional parecen haberse puesto de acuerdo para lanzar una dura ofensiva contra el Ejecutivo nacional. La llamativa coincidencia de ambas estocadas fue atribuida por varios analistas a la intención de propiciar un clima de incertidumbre e inestabilidad tendiente a desestabilizar al gobierno del Frente de Todos.

La Corte declaró inconstitucional una ley que tiene quince años de sancionada y regula nada menos que el Consejo de la Magistratura (CM). Lo que llama poderosamente la atención es que ese expediente hace casi seis años que duerme en el tribunal. A pedido del gobierno de Mauricio Macri, no fue tocado porque habían logrado ocupar la mayoría de los sillones del CM. Con esa configuración pudieron intervenir groseramente en el aparato judicial -poniendo y sacando jueces a dedo- ante la aquiescencia de los cortesanos. Pero ahora la Corte, que maneja los tiempos a su antojo y frena causas durante años, se permitió emplazar al Congreso para que sancione una nueva ley en... 120 días. El poder del Estado menos democrático está haciendo alarde de esa condición y avanza sobre un gobierno que se animó a señalarle algunos de sus vicios más ostensibles.

En el Congreso, por primera vez desde el retorno de las instituciones, en 1983, se le rechaza un presupuesto a un Ejecutivo nacional. Ni siquiera en 2010, bajo el gobierno de Cristina Kirchner, con el llamado Grupo A a la cabeza, se atrevieron a tanto, ya que "solo" dejaron la sesión sin quórum en lugar de votar en contra como ocurrió ahora. Con excusas pueriles tomaron ese peligroso camino de dejar al gobierno sin presupuesto y debilitado para seguir negociando con el FMI una pesadísima deuda que el macrismo y sus aliados dejó como herencia. Quitándole el cuerpo a la gran responsabilidad que le cabe, Juntos por el Cambio, artífice de la deuda que hoy asfixia al país, se lanzó a boicotear al gobierno sin un gramo de autocrítica y de vergüenza. Para peor, acaba de conocerse que un diputado macrista viajó a Washington para poner palos en la rueda de las negociaciones con el FMI. Funcionarios del organismo le avisaron al ministro de Economía argentino y hasta ahora lo publicó solo un medio porteño. Esta aventura tiene un antecedente: el viaje de Domingo Cavallo a EEUU, en 1989, para pedirle al FMI y al Banco Mundial que le cortaran el crédito al gobierno de Raúl Alfonsín, ya muy jaqueado por un descomunal "golpe de mercado".

Con esas armas es capaz de jugar nuestra derecha con un único objetivo: destruir a cualquier precio al gobierno y posicionarse para las elecciones presidenciales de 2023.

En La Pampa -como en el resto de las provincias- hay consecuencias muy negativas de este golpe al presupuesto. Obras muy esperadas, y muy necesarias, corren serio riesgo de no realizarse. La nueva terminal de ómnibus de Santa Rosa, el segundo tramo del acueducto del río Colorado y dos rutas nacionales destrozadas deberán seguir esperando. Los legisladores nacionales opositores le deben una explicación a los pampeanos mucho más sólida que los balbuceos que intentaron hasta ahora.