Jueves 18 de abril 2024

Militar, empresarial, judicial, eclesiástica

Redacción 27/03/2023 - 08.17.hs

Los militares derrocaron al Poder Ejecutivo y clausuraron el Congreso pero el Poder Judicial siguió funcionando casi intacto. Las corporaciones empresarias y la Iglesia Católica fueron otro soporte esencial.

 

SERGIO SANTESTEBAN

 

Durante muchos años se designó como "dictadura militar" al régimen que se instaló en Argentina con el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 y se retiró el 10 de diciembre de 1983. Con el paso del tiempo, la prédica de las organizaciones defensores de los derechos humanos y las investigaciones de periodistas, historiadores y sociólogos permitieron renombrar aquella experiencia dictatorial en virtud de que salió a la luz el papel central que cumplieron otros actores de la sociedad.

 

En pocas palabras: el gran empresariado industrial, agropecuario y financiero; la cúpula de la Iglesia Católica y la inmensa mayoría de los jueces y fiscales del Poder Judicial aportaron las tres patas restantes de la mesa institucional que funcionó durante los años del terrorismo de Estado. Buena parte de los más altos funcionarios de aquel gobierno surgieron del mundo empresarial como lo atestiguan nombres emblemáticos: José Alfredo Martínez de Hoz, Jorge Aguado, Roberto Alemann entre muchos otros.

 

Los civiles.

 

La caracterización "cívico-militar", más reciente, es imprecisa pues el universo de los actores civiles es muy amplio y estuvo muy lejos de comportarse en forma homogénea en favor de la dictadura. En verdad la mayor parte de la llamada sociedad civil fue víctima de la violenta persecución que bajo el manto de la Doctrina de la Seguridad Nacional se llevó a cabo contra partidos políticos, organizaciones gremiales, sociales, educativas, religiosas, medios de comunicación, incluso sectores empresarios no alineados con las grandes corporaciones, etc.

 

La introducción del modelo neoliberal -ensayado inicialmente en Chile a partir del golpe que en 1973 acabó con el gobierno y la vida de Salvador Allende- fue el objetivo central de la primera junta militar y sus aliados. La participación activa de la elite económica garantizó que ese programa se desplegara sistemáticamente a la sombra de la feroz represión desatada por las fuerzas armadas y de seguridad contra todo opositor, real o virtual, que intentara resistir.

 

El saldo escalofriante de asesinatos, desapariciones, encarcelamientos y exilios generó el marco de terror social propicio para que se instaurara un proyecto económico elitista que aumentó la pobreza, el desempleo, destruyó buena parte del aparato productivo nacional, incrementó desmesuradamente la deuda externa y benefició a los grandes bancos nacionales y extranjeros mediante la aniquilación de las cajas de crédito locales entre otras medidas depredatorias. Una tormenta perfecta contra los intereses populares y nacionales para engordar a una minoría ebria de poder y codicia a la que nunca le interesó el desarrollo del país.

 

Sus señorías.

 

Que en los últimos tiempos se haya empezado a debatir con mayor énfasis la actuación del Poder Judicial en la última dictadura es un avance muy significativo en el campo de las investigaciones periodísticas y académicas pero también en el de la política. En verdad no se trató de un proceso novedoso ya que las experiencias dictatoriales anteriores, a lo largo de todo el siglo veinte, también habían contado con los diligentes servicios del aparato tribunalicio. Al respecto el esquema se repitió sin variaciones: en los sucesivos golpes de Estado los mandos militares alzados contra la Constitución derrocaron a los presidentes y cerraron el Congreso, en tanto el Poder Judicial no corrió la misma suerte y siguió funcionando, a lo sumo con algunos "retoques" que sufrieron los jueces considerados "molestos". El conjunto de la "familia judicial" no se inmutó por esos atropellos institucionales, ni siquiera por la suerte de sus colegas perseguidos, y le dio cobertura "legal" a todas las aventuras dictatoriales, incluso a la última y más sangrienta. Una acordada -una resolución administrativa interna- de la Corte Suprema, aprobada por unanimidad en diciembre de 1930, había justificado el derrocamiento de Hipólito Yrigoyen y no fue desaprovechada después como sustento "legal" para blanquear los siguientes ataques a los gobiernos surgidos del voto popular. La inmensa mayoría de los habeas corpus presentados ante el secuestro o la detención de miles de personas a partir de marzo de 1976 fue a dormir a los cajones de los juzgados. Así de funcional fue el Poder Judicial con todas las experiencias golpistas que padeció nuestro país a lo largo del siglo pasado.

 

El soporte espiritual.

 

La complicidad de la cúpula de la Iglesia Católica con la dictadura está en el recuerdo de quienes vivieron aquellos años y hay abundante literatura que lo ratifica. Por si todavía hay quienes lo niegan puede citarse -entre muchísima documentación- lo que dijeron los fiscales que investigaron el asesinato del entonces obispo de La Rioja, monseñor Enrique Angelelli. "En esta causa queda particularmente demostrado que el terrorismo de Estado 1976-1983 actuó criminalmente bajo el amparo de la jerarquía de la Iglesia Católica en Argentina", afirmaron los fiscales, y añadieron: "el sistema represivo actuó en coordinación y con el consentimiento de la Iglesia, o al menos de buena parte de su jerarquía".

 

En La Pampa, el obispo de esos años, Adolfo Arana, confesaba y confortaba a los represores, retaceaba apoyo a familiares de presos políticos y hasta llegó a visitar el centro de detención que funcionó en la Seccional Primera, según testimonios brindados en el marco del juicio de la Subzona 14. El entonces capellán del Ejército llegó a interrogar a una de las detenidas y ante un periodista que lo entrevistó años después habló del "amigo Camps".

 

Memoria, verdad, justicia.

 

Identificar a la dictadura que se implantó el 24 de marzo de 1976 como "militar-empresarial-judicial-eclesiástica" hace honor a la memoria y a la verdad. Todos los que participaron y sostuvieron aquel gobierno ominoso deben ser investigados para que no puedan eludir sus responsabilidades penales. La reciente muerte impune del empresario Carlos Blaquier, cómplice del plan criminal conocido como la "Noche del apagón", en el Ingenio Ledesma, habla de los grandes vacíos que todavía muestra el proceso judicial con respecto a quienes cogobernaron junto a las fuerzas armadas durante aquel sangriento período de la historia argentina.

 

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