Modelo empobrecedor

La economía muestra diversos síntomas recesivos, como la caída del nivel de actividad y el incremento de la desocupación. Según el Indec, el desempleo creció 1,4 puntos porcentuales en el último año, pasando de 6,2 por ciento en el segundo trimestre de 2023 a 7,6 por ciento en igual periodo de este 2024. A su vez, la actividad económica mantuvo en julio su caída, del 1,3 por ciento en la comparación interanual. Esta tendencia se mantiene para los meses de agosto y septiembre.

 

No solamente se achica el mercado por el impacto recesivo que reduce la oferta de bienes y servicios sino que también la contracción se genera por las restricciones que tiene la demanda en cuanto a su capacidad compra o poder adquisitivo, así como por la no recuperación de los salarios reales y el aumento del desempleo. Se consumen menos cantidades y se modifica la estructura de la demanda hacia bienes de inferior calidad.

 

El gobierno apunta a la expansión de la variable inversión, pero este agregado está lejos de tener la proporción y el peso que tiene el consumo en el PBI. Además, en muchos sectores existen capacidades productivas inutilizadas que constituyen un desestímulo a las nuevas inversiones, aun cuando se cuenten con los recursos disponibles para llevarlas a cabo producto de la reducción de impuestos que se vienen haciendo a los sectores con mayores capacidades contributivas y de ahorro.

 

Para muchos sectores de la sociedad no se visualiza ni el final ni la atenuación de las medidas contractivas, todo lo contrario. Entre las decisiones en esta dirección se cuentan la reducción del gasto público excepto para el pago de la deuda y sus intereses o el destinado a gastarse de forma reservada para la agencia de inteligencia del Estado; la paralización de la obra pública mediante la suspensión de su financiamiento por el gobierno nacional; el aumento del impuesto a las ganancias a los sectores asalariados, que son los que tienen mayor propensión marginal al consumo; y una política de reducción de los salarios reales de la Administración Pública Nacional, lo cual incluye a las Universidades Públicas Nacionales, a lo que se suma el desregulamiento económico y jurídico en favor de la concentración económica.

 

Las funciones regulatorias y redistributivas del Estado constituyen una contención de la asimetría de poder existente entre el factor capital y los sectores asalariados y demás actores económicos no concentrados de la sociedad.

 

Aislar al sector público de esos roles implica dejar que el “mercado” imponga al resto de la sociedad sus designios, que en muchos casos no son los propósitos más favorables para la comunidad. Fueron esas algunas de las causas que impulsaron a la mayor parte de los países del mundo a implementar políticas de corte keynesiano desde la gran depresión de la economía mundial en 1929.

 

Dentro de políticas llevadas a la práctica y generadoras del Estado de bienestar y propulsoras del nivel de equilibrio económico social que ostentan los países más desarrollados de Europa occidental se pueden encontrar las regulaciones, la redistribución progresiva de los recursos y el uso de la planificación pública mediante presupuestos que incluyen herramientas anticíclicas.

 

Ante la falta de normas y regulaciones a raíz de la supresión de funciones del Estado que lleva a cabo el gobierno de Javier Milei, las personas quedan totalmente desprotegidas, subordinadas y expuestas a los intereses del mercado.

 

Las decisiones económicas y políticas son de suma cero y cuando algunos sectores acrecientan su porción de riqueza es porque otros la reducen. Cada vez queda más claro que bajo el actual gobierno son las mayorías las que han perdido. (Por Eugenio Montesino, docente en UBA y en UNQ en Economía y en Impuestos).