¿Qué hacemos con el secreto bancario?

En el marco de la disputa interna del oficialismo, se han enunciado diversas iniciativas. Es de destacar el proyecto que promueve el levantamiento del secreto bancario, bursátil y fiscal. No es un tema menor.

 

EDUARDO LUCITA*

 

ISMAEL JALIL**

 

El secreto bancario es probablemente el instituto más antiguo que rige en materia de régimen financiero en nuestra legislación. Data del año 1408 y poco tiempo después se incorporó a través de la hegemonía de la banca Casa di San Giorgio y ya en el siglo 16 se estableció de la forma que hoy ostenta nuestra legislación. En 1946 se nacionaliza el Banco Central y los bancos toman depósitos por su cuenta y orden, luego en la llamada Revolución Libertadora estas medidas se dan vuelta y se liberaliza todo el sistema. Finalmente la Ley 18.061/69 de Entidades Financieras fue sancionada bajo la dictadura de Onganía y derogada por la actual 21.526/77, cuya autoría es de Martínez de Hoz, sancionada en tiempos de la última dictadura militar y todavía vigente.

 

El Sistema Deuda.

 

Esta ley es el eje central de una reforma financiera que incluyó la descentralización de los depósitos y la liberalización de las tasas de interés, manteniendo el estratégico secreto bancario, que reestructuró todo el esquema financiero del país y fue funcional a los procesos de endeudamiento externo, lo que el especialista Eric Toussaint ha definido a escala global como "Sistema Deuda". Además, es la única de las promovidas por la dictadura que todavía, en casi 40 años de democracia, permanece intacta en su esencia, si bien ha sufrido algunas modificaciones.

 

¿Qué secretos resguarda?

 

En su artículo 39 se establece el secreto sobre los datos que hacen al fuero íntimo del cliente y a la esfera del negocio bancario y financiero. Las informaciones relativas al negocio subyacente, sujetas al secreto y que quedarán a resguardo de la entidad financiera son los datos aportados por el cliente, que deben ser "actuales, veraces y precisos" y deben tener "respaldo documental" (nombre, domicilio, estado civil, documentos, declaraciones de bienes, etc.).

 

Esta ley es la base de sustentación local del mecanismo financiero que el capitalismo ha desplegado a escala mundial desde la crisis de los años setenta del siglo pasado, para garantizar la libertad en los movimientos del capital y la impunidad ante la transgresión de normas locales e internacionales.

 

Fondo para pagar al Fondo.

 

El bloque de senadores oficialistas impulsó la creación de un "Fondo Nacional para la Cancelación de la Deuda con el FMI" mediante la aplicación de un impuesto a bienes en el exterior no declarados. Una suerte de blanqueo "sui géneris", porque es obligatorio. Lo importante es que este proyecto vincula directamente la deuda externa con la fuga de capitales, algo que es válido no solo para la ilegítima, fraudulenta y odiosa deuda con el Fondo, sino para la deuda externa en general.

 

El proyecto cuenta con media sanción en Senadores e ingresó ya en Diputados. En el supuesto que contara con la aprobación de esta cámara para ser efectivo será necesario poner en evidencia los activos ocultos. Es lo que promueve el segundo proyecto, "Modificación de las Excepciones al Secreto Bancario, Bursátil y Fiscal" que conlleva la modificación de la ya señalada Ley de Entidades financieras (arts. 39 y 40), del Mercado de Capitales (28.631, art. 27) y Procedimiento Fiscal (11.683, art. 101).

 

De no aprobarse este segundo proyecto el primero deviene en abstracto. Como lo es el excelente informe elaborado por el BCRA a pedido del presidente de la Nación y hoy archivado, que contiene el listado de las personas físicas y jurídicas que fugaron 20.000 millones de dólares y que no se da a conocer -solo circuló extraoficialmente- porque está amparado en ese secretismo que garantiza impunidad para los movimientos financieros.

 

Pero el secretismo no es un derecho absoluto. Cuando el interés general se ve limitado por la defensa de lo privado o particular es que hay una colisión de derechos. No es solo una cuestión ideológica, sino que el límite del secretismo está fijado por el delito. Y la fuga de los 20.000 millones de dólares está demostrado (informe del Banco Central) que constituye una violación legal.

 

Un proyecto independiente.

 

No necesariamente el segundo proyecto está atado al primero, incluso podría presentarse un proyecto alternativo por otras fuerzas políticas con representación parlamentaria. Hay que considerar que el levantamiento del secretismo, aunque fuera parcial, va más allá del tema deuda, hace a la transparencia de operaciones cada vez más opacas. Las limitaciones hoy vigentes por el secretismo facilitan la evasión y reciclan el mecanismo del endeudamiento perjudicando los intereses populares y el desarrollo de la Nación.

 

Si realmente se quiere avanzar en recuperar esos fondos fugados hay que iniciar una causa penal, única instancia -junto a la quiebra- en la que ese secreto puede excusarse y levantarse, la investigación ya está hecha, e ir contra los fugadores allí identificados con pelos y señales. El proyecto está empantanado en Senadores, hay dificultades entre el propio bloque oficialista, tiene la oposición del Banco Central (dicen temer una corrida cambiaria) mientras que la AFIP no hace nada (cuando podría pedir el levantamiento ante sospechas fundadas de evasión). ¿Las argumentaciones y temores del Central y la inacción de la AFIP son reales y fundadas o en realidad se trata de la presión de los grandes capitales que tienen relaciones e intereses compartidos tanto con el gobierno de Macri, responsable absoluto del endeudamiento con el Fondo y de esta fuga, pero también con el actual?

 

La deuda con el Fondo es resultado de la fuga amparada por el secretismo financiero y constituye un componente central de la crisis actual, que condicionará toda política pública por muchos años. Quiénes asumieron como representantes del pueblo tienen en sus manos la posibilidad de levantar el secreto bancario, financiero y bursátil, avanzar contra los fugadores ya identificados, recuperar los 20.000 millones y reconducirlos hacia el interés general. Será un primer paso, que tendrá un valor fundamental. Será la demostración efectiva que se puede ir contra los fugadores y recuperar el capital fugado.

 

*Integrante del colectivo EDI (Economistas de Izquierda).

 

**Abogado, militante de DDHH.