Quién padece la inseguridad jurídica

El uso de la ocupación de la capacidad instalada de la industria argentina está en sus mínimos históricos a solo poco más de la mitad de su uso productivo, esto es, una de cada dos de las máquinas existentes en el país para producir bienes está parada. Es la segunda marca récord negativa que exhibe este gobierno a quien no se le escapa ni una medida que favorezca al sector ni le interesa hacerlo.

 

Cuando se habla de inseguridad jurídica, los que hoy ostentan el poder suelen aludir a las medidas impositivas que gravan a las grandes fortunas o grandes capitales. No interesa si esas medidas tienen como objetivo dotar al Estado de recursos para cumplir su insustituible función de asistencia en salud, educación e infraestructura. Para los que hoy nos gobiernan, esos impuestos a los ganadores del sistema de acumulación son la causa de que no lleguen las tan ansiadas inversiones externas que, mienten, salvarán el país.

 

Ese argumento se cae de maduro que es falso, pues este gobierno tiene el récord de desinversión extranjera pese a todas las facilidades que le ha dado a los capitales internacionales para que vengan a ganar fortunas que solo pueden rivalizar con el saqueo de algunos países africanos.

 

Pero esta preocupación por la inseguridad jurídica que espanta las inversiones extranjeras desaparece cuando se tiene que defender la inversión nacional, la inversión de quienes producen en el país y creen en él y en su potencialidad.

 

Hoy, la mejor muestra de inseguridad jurídica no la padecen las corporaciones que se están quedando con todo lo que produzca grandes ganancias en el país, desde la banca hasta la minería pasando por el petróleo, el gas o el litio y las telecomunicaciones.

 

La capacidad instalada de las máquinas industriales del país a la mitad de su utilización habla de la verdadera inseguridad jurídica que padecen los que, en vez de prenderse en la bicicleta financiera apostaron a producir comprando máquinas, invirtiendo en bienes de capital que dan trabajo a argentinos para producir bienes que, de otra forma, habría que importar pagando por ellos divisas que aumentan el déficit de nuestra balanza de pagos.

 

Ni qué decir de la inseguridad jurídica que están a punto de padecer los trabajadores de todo el país que ven modificar las condiciones de su contratación laboral a la medida de una explotación complementaria a la de nuestras riquezas naturales. En un mismo combo, el RIGI que abre las puertas al saqueo y la reforma laboral, es la apertura del país a una forma de explotar riquezas y trabajadores que atrasa cien años la historia del desarrollo de la Argentina.

 

Con el cuento de volver a meter a la Argentina en el mundo, están recolonizando las formas de relacionarnos con el mundo. Es, en términos literales, la africanización de la Argentina para dejar sus riquezas y su fuerza de trabajo a disposición de quien ofrezca mejores condiciones a la casta gobernante.

 

El reciente acuerdo con Estados Unidos que abre el país como mercado libre de las empresas yanquis es un adelanto. A cambio de espejitos de colores, la Argentina le garantiza una apertura comercial inédita a una economía que no es complementaria como China, sino que es fuertemente competitiva con la nuestra. Estados Unidos produce lo mismo que Argentina en sus campos y sus fábricas.

 

El uso de la capacidad instalada en mínimos históricos es un adelanto de lo que se viene y del éxito que están teniendo en la destrucción de nuestra producción industrial.