Un veto contra los votos

La Justicia es un estamento privilegiado, propenso al

 

nepotismo y exento de impuestos. Tal conformación es

 

incompatible con una democracia digna de ese nombre.

 

DANIEL CAMPIONE

 

El Tribunal Oral Federal 2 condenó a Cristina Fernández de Kirchner a la pena de seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos. La oposición de derecha y los grandes medios salieron a aplaudir la decisión.

 

Para comprender este resultado se requiere prestar atención al papel que ha sido pensado para el poder judicial. Nos referimos sobre todo a su carácter "contramayoritario". Se lo concibió desde el siglo XVIII como un órgano no electivo, apto para la corrección de "excesos" o "desviaciones" que pudieran cometer los poderes sometidos a votación popular. Desvíos a los que se pretende neutralizar mediante un órgano decisor cuya no dependencia de las mayorías derive en un sólido vínculo con las fuerzas conservadoras de la sociedad.

 

Si se suma su carácter vitalicio, solo contrarrestable con la ardua implementación de un juicio político, queda claro que el imperio de la soberanía popular se detiene a las puertas de los tribunales.

 

Qué minorías.

 

Suele argumentarse que el carácter "contramayoritario" juega a favor de asegurar una protección especial a las minorías vulnerables. En muchos casos, sin duda son minorías los sujetos de la protección judicial, pero no las débiles sino las más fuertes. Y allí está la sedicente "independencia" judicial, que en la visión más habitual se define solo frente al poder ejecutivo y al legislativo. Y eso siempre y cuando quienes ocupan los otros dos poderes del Estado no merezcan completa confianza a las clases dominantes.

 

La llamada "justicia" es en Argentina un estamento lleno de privilegios, propenso al nepotismo, exento del impuesto a las ganancias, beneficiario de jubilaciones desmesuradas. De tal concepción institucional emana este fallo.

 

Más allá de apelaciones éticas o de propuestas de reformas parciales, cabe tomar nota de la incompatibilidad de esta conformación judicial con una democracia digna de tal denominación. Se necesita un poder judicial no vitalicio. Y elegido por instancias con menos componentes corporativos y más participación popular.

 

Ellos votan, nosotros vetamos.

 

Lo más grave de esta condena es su finalidad proscriptiva. El propósito es definir quién puede ser candidato y quién no a través de la "inhabilitación" a perpetuidad. No por un veredicto desfavorable de las urnas sino por el mayestático poder de un núcleo de jueces de manifiestos vínculos con los principales animadores de la crítica "republicana" a su persona y su gobierno.

 

El contexto no ayuda. La presencia de jueces, funcionarios, agentes de inteligencia y dos altos ejecutivos del grupo Clarín en una reunión furtiva en la estancia de un empresario muy cuestionado echa un nuevo baldón no solo sobre la imparcialidad judicial, sino hacia su respeto hacia las leyes que se supone defienden.

 

Aunque sin relación directa con la trama del caso "Vialidad", el espectáculo de magistrados judiciales en promiscuidad con empresarios de medios y funcionarios políticos, dejándose financiar un viaje ofrece una pésima imagen.

 

Más allá del efecto de postergación que pueden proporcionar las sucesivas apelaciones disponibles, lo que está diciendo el tribunal es que Cristina Kirchner debe ser excluida de la vida política. Y mientras haya recursos pendientes, la apuesta será a su descrédito, en tanto condenada que debería su libertad a la morosidad de los trámites en curso.

 

La "Justicia" parece aspirar a una judicialización cada vez mayor de la política. Quizás incluso a la funesta distopía del "gobierno de los jueces". Y cuenta para ello con complicidades de la dirigencia política. Ante cualquier controversia con cierta gravitación, se responde no con un debate de cara a la ciudadanía, sino con una denuncia ante los jueces. Y esto atañe tanto a la presente oposición como al actual oficialismo.

 

Temor al "populismo".

 

El fallo se orienta contra la capacidad movilizadora que ostenta el peronismo. Y el temor a una "radicalización" que pueda traer el retorno de rasgos "populistas" al gobierno, por más que las condiciones económicas y la voluntad de la dirigencia no aparezcan propicias a una deriva de ese tipo.

 

La corrupción existió y existe. Lo amañado de este juicio y la parcialidad manifiesta del tribunal y los fiscales no exime automáticamente a Cristina Kirchner ni a los otros acusados de la posibilidad de haber tomado parte en la comisión de actos ilegales. Lo que ocurre es que el principio de inocencia establece que la culpabilidad tiene que ser probada, no puede presumírsela. No cabe obligar al acusado a verificar su inocencia.

 

Otro debate es el de la responsabilidad política de quien estuvo durante ocho años al frente del aparato estatal, aunque no se haya involucrado de modo directo en determinadas acciones u omisiones. De allí a dar por probado que fue autora de delitos hay distancia. Debería ser obvio, el plano jurídico es distinto del político.

 

La que no merece ser convalidada es la pretensión de que la acción persecutoria sea una prueba indirecta del carácter "nacional y popular" de la actual gestión de gobierno. La Justicia no actúa contra las políticas actuales. Ellas están en línea con el Fondo Monetario Internacional y con parte de las coordenadas del programa permanente del gran capital, con la "austeridad fiscal" en primer término. Su acción tiene un carácter preventivo, por si en el futuro el peronismo "vuelve a las andadas" con políticas que preserven siquiera un poco a trabajadores y pobres.

 

Los verdaderos poderosos.

 

Lo que el poder del capital busca, cada vez con empeño mayor, es fortalecer a las diversas instancias que puedan "corregir" expresiones de la voluntad popular que no le sean del todo favorables. O bien que entronicen a personajes de la política que no le inspiran entera confianza. El estamento judicial es solo uno de esos mecanismos y puede actuar bien como protagonista de acciones antidemocráticas, bien como respaldo de las que tengan otras procedencias.

 

Lo que adquiere claridad es el predominio de los "poderes permanentes" respecto a los electivos. Y el mensaje es inequívoco: ninguna instancia de poder sometida a votaciones debe tomarse en serio frente a los verdaderos poderosos, so pena de ser acosado por éstos e incluso desplazado. Y, de ser posible, "borrado" para siempre de la escena pública. El entramado "democrático" está cada vez más despegado de los deseos e intenciones de los votantes y los elementos de "gobierno del pueblo" se hallan en mengua permanente. (Extractado de Rebelión).