La justicia de Río Negro, a favor de Lewis
El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Río Negro le puso el punto final a una discusión política y jurídica que demandó 18 años y 4 meses. Los jueces del máximo tribunal rionegrino, Ricardo Apcarian, Sergio Barotto y la jueza Cecilia Criado admitieron parcialmente los recursos de casación interpuestos por la Fiscalía de Estado de la provincia y la empresa Hidden Lake SA. En consecuencia, revocaron los fallos de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Bariloche y del ex juez civil de primera instancia Carlos Cuéllar, que ordenaban garantizar el acceso al lago Escondido por el camino de Tacuifí, identificado como traza corta.
El STJ confirmó, en la sentencia que dictó el jueves, que el acceso público al lago Escondido será por el sendero de montaña, que tiene un recorrido de unos 33 kilómetros, mucho más extenso que el camino vecinal por Tacuifí. Ese sendero no cruza por las propiedades de pobladores de la zona ni por la del magnate inglés Joe Lewis, dueño de Hidden Lake.
La mayoría del STJ, conformada por Apcarian, Barotto y Criado, ordenó a la Fiscalía de Estado "acreditar ante el Juez de ejecución, en el plazo de 60 días hábiles, el cumplimiento de las obligaciones remanentes de señalamiento y asegurativas impuestas a la Provincia con relación a la traza larga de acceso al lago" Escondido.
La resolución del máximo tribunal de justicia rionegrino deja sin aliento el reclamo que durante años sostuvieron organizaciones sociales, políticas, gremiales por el acceso público al lago Escondido por el camino de Tacuifí.
El origen.
En la justicia rionegrina el expediente se originó a partir del 21 de abril de 2005, cuando la entonces legisladora provincial del Ari Magdalena Odarda promovió una acción de amparo contra Vial Rionegrina Sociedad del Estado (Viarse), la Subdirección de Comisiones de Fomento, el Gobierno de la Provincia de Río Negro y Hidden Lake SA, con el objeto de que se garantice el libre acceso al Lago Escondido. También, pidió en el amparo que se proceda a la reparación de caminos vecinales que conducen a aquel y de no encontrarse en condiciones, se construya una nueva vía de acceso.
El STJ entendió que más que un amparo se trataba de una acción de mandamus. De todos modos, desestimó por mayoría la demanda de Odarda en una sentencia que dictó el 21 de septiembre de 2005.
Sentencia
"Erróneamente y con el propósito de integrar el "vacío técnico" en cuanto a la condición jurídica de la traza Tacuifí, se tergiversó el objeto de la manda a ejecutar, asumiendo que las obligaciones de señalización y medidas de seguridad se impusieron a la Provincia "respecto de ambas vías de acceso al lago Escondido", aseguraron Apcarian, Barotto y Criado en la sentencia que dictaron.
"Sin embargo, no existió tal condena en relación al trayecto que nace en Tacuifí, ni la Provincia asumió tal responsabilidad en el acuerdo arribado en la audiencia del 20-12-2006 al cual se asignó el trámite de incidente de ejecución de sentencia", advirtieron.
"De esa forma, el Juez de ejecución (por Cuéllar) avanzó sin competencia alguna para hacerlo, y ordenó la constitución de restricciones o servidumbres administrativas a fin de afectar al uso público un camino privado", señalaron, en referencia a Tacuifí que cruza por varios campos privados. (Diario Rió Negro)
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