El Estado embargó inmuebles y autos de Agüero y Araniz

El Estado provincial le embargó propiedades y automóviles al ex vicepresidente ejecutivo del Instituto Provincial Autárquico de la Vivienda, Hugo Nelson Agüero, y al ex gerente general, Luis Edgardo Araniz, con el objetivo de recuperar lo que sustrajeron de las arcas públicas, confirmaron fuentes oficiales.
La ofensiva jurídica del gobierno, a través de la Fiscalía de Estado, terminó de concretarse en los últimos días. Las presentaciones -que incluyeron medidas cautelares- recayeron en el Juzgado en lo Civil 3, a cargo del juez Guillermo Salas. Las fuentes señalaron que "hubo un perjuicio al Estado y ahora el Estado está tratando de recuperar ese patrimonio" y agregaron, sin más datos, que los embargos recayeron sobre "inmuebles y autos". Tampoco dieron cifras, aunque éstas guardarían relación con las multas que les impuso la justicia. Los imputados aún no habrían sido notificados.
La Cámara en lo Criminal 1 condenó el 18 de agosto de 2006 a Agüero y Araniz por el delito de enriquecimiento ilícito y multó al primero en 339.063,03 pesos y al segundo en 424.086,02 porque esos fueron los montos que no pudieron justificar. En esa causa al ex gerente le agregaron un segundo delito, el de omisión maliciosa de inserción de datos en las declaraciones públicas presentadas ante el Tribunal de Cuentas, al no incluir los bienes de su esposa, un automotor y mejoras en inmuebles.
Al resumir el accionar delictivo de Agüero, la justicia expresó que "una conducta acorde a la ética pública, supone de parte del funcionario una vida honorable y digna", algo que no ocurrió. Agregó que "aprovechó los lugares de privilegio en que desempeñó sus funciones y el mandato otorgado, desprendiéndose que para cumplir las delicadas tareas tuvo plena libertad de acción y fue allí donde violó los mandatos confiados".Con relación a Araniz, los jueces sostuvieron que detrás de la omisión en las declaraciones juradas, existió "la intención de evitar que se advirtiera su evolución patrimonial". Acotaron que "es una persona con estudios universitarios completos, con marcada especificidad, por ser contador público, lo que determina un lógico dominio de cómo tener claras y ordenadas sus cuentas y documentación para demostrarla".Ese expediente se abrió el 16 de abril de 2002, a raíz de una presentación de los entonces diputados radicales Rubén Villegas, Leopoldo Bonaveri, Elsa Pérez de Altolaguirre, Francisco Torroba, Angela Ferreti y Roberto Reinoso, sobre la base de una serie de artículos de LA ARENA.
El fallo fue confirmado por el Superior Tribunal de Justicia, pero la Corte Suprema -tomando en cuenta un dictamen de la Procuración General de la Nación- ordenó este año que se redacte una nueva sentencia porque la del STJ careció de "fundamentación idónea y suficiente" y no tuvo en cuenta una serie de pruebas de las defensas. El Superior Tribunal dispuso, hace días, que sea dictada por el Tribunal de Impugnación.
Además de las multas, la Cámara 1 condenó a Agüero a tres años y tres meses de prisión efectiva y a Araniz a tres años y seis meses. Los dos ex funcionarios tienen dictada otra condena -que tampoco está firme- a cinco años de cárcel por la sustracción de fondos públicos y pagos de coimas.