Elsa, Patucho y Cardozo negociaron penas breves

El juicio oral y público por los 73 "viajes fantasmas" del Ministerio de Bienestar Social, que debía comenzar el próximo martes, será postergado por tercera vez. Y quizá no se haga nunca. ¿Cuál es el motivo? Que el fiscal Jorge Marcelo Amado negoció las penas con los siete imputados y aceptó que sean leves -para ello cambió la carátula de la acusación- a cambio de que ellos se declaren culpables.
Son varios ex funcionarios de primer nivel durante el marinismo, a saber: los ex ministros de Bienestar Social, Santiago "Patucho" Alvarez y Marta Elena Cardoso (también ex diputada), y la ex subsecretaria de Promoción y Asistencia a la Comunidad y ex diputada provincial, Elsa Labegorra.
El listado de imputados se completa con la ex directora de la Familia y el Menor, Cristina Hidalgo; el ex subsecretario de Coordinación del MBS., Sergio Enrique Samper; el ex jefe de despacho de la Subsecretaría de Promoción, Nelson Teves; y el dueño de la agencia de viajes Swiss Travel, Luis "Popo"Alonso.
En la causa se investiga si, entre 1998 y 2002, se hicieron o no 73 viajes sociales que el MBS le había autorizado a Swiss Travel. Oficialmente se dijo que los traslados estaban destinados a niños, ancianos y discapacitados de programas sociales. Para el juez instructor Jorge Luis Howe los viajes no se realizaron y fueron una pantalla para ocultar el desvío de fondos públicos para que algunos funcionarios viajaran al exterior.
Excepto Teves, que está procesado por usurpación de autoridad y defraudación agravada contra la administración pública, al resto se le imputa el delito de peculado (o sustracción de caudales públicos). Como cada viaje está considerado como un hecho independiente, Alonso debería responder por 73 peculados, Labegorra por 64, Hidalgo por 17, Cardoso por 9, Samper por 4 y Alvarez por 3.

¿Malversación, fraude...?
De acuerdo a lo que trascendió extraoficialmente -Amado ayer no quiso hablar a pesar de que se trata claramente de un caso de interés público porque el proceso involucra a ex funcionarios provinciales que habrían sustraído fondos del Estado-, la fiscalía habría negociado una rebaja sustancial de las eventuales penas que podrían recibir los ex funcionarios en caso de ser hallados culpables en un juicio oral y público.
El peculado prevé sanciones de 2 a 10 años de prisión y un fiscal solamente puede impulsar un juicio abreviado si estimare suficiente la imposición de una pena privativa de la libertad no mayor a seis años. Como Amado no podía darle esa garantía a los ex funcionarios marinistas en un juicio oral y público, habría negociado un cambio de carátula.
¿Cuál fue ese cambio? Todas las partes involucradas mantuvieron ayer un estricto hermetismo. El peculado o sustracción está descripto en el artículo 261 del Código Penal. ¿Qué otros delitos prevé el Código relacionados con la malversación de caudales? ¿Acaso la negociación pudo estar a la vuelta de la esquina y en vez del 261 aceptar la culpabilidad por el 260, un artículo muy "light"?
El 260 dice que será reprimido con inhabilitación especial de un mes a tres años, el funcionario público que diere a los caudales o efectos que administrare una aplicación diferente de aquella a que estuvieren destinados. Eventualmente prevé una multa del 20 al 50 por ciento de la cantidad distraída. En esa hipótesis, donde sería difícil colar a Teves, todos pagarían una multa y ninguno iría preso porque el texto solo prevé inhabilitaciones, y tampoco absolutas y perpetuas como el 261.
Años atrás, algunos ex funcionarios intentaron negociar con la fiscal Susana Alvarez el reconocimiento de la culpabilidad, a través de un juicio abreviado, a cambio de recibir solamente como condena una multa, pero el intento fracasó. ¿El Ministerio Público cambiará ahora de estrategia?
Una variante más dura podría ser el fraude en perjuicio de la administración pública, que se condena con entre dos y seis años de prisión. En ese caso, Amado también pudo negociar -solamente en algunos casos- una pena de tres años en suspenso para que nadie vaya a la cárcel. Aquí la situación de Teves "calzaría" perfecta.
Todos los imputados, a excepción de Labegorra (supo tener de defensora oficial a la actual jueza de audiencia, Laura Armagno) y Cardoso que eran legisladoras y tenían fueros, estuvieron presos 29 días a fines de 2006, hasta que la Cámara en lo Criminal de General Pico -conformada por los jueces Tomás Mustapich, Alfredo Alonso y Silvia Dahir- les revocó el procesamiento original por asociación ilícita, mantuvo el peculado y los liberó para la Nochebuena.

Interés público, silencio.
Ayer al mediodía, la prensa abordó a Amado a la salida del juicio contra Oscar Ichoust (ver página 10). Y el fiscal, aunque confirmó que llegó a un acuerdo, adujo que no diría una palabra porque recién el viernes las partes le informarán de la negociación a la Cámara en lo Criminal 1.
Ese día habrá una audiencia, llamada de visu, donde los jueces tomarán conocimiento de los acusados y les preguntarán si quieren hacer alguna manifestación. Luego el tribunal tendrá dos opciones: rechazar la solicitud argumentando la necesidad de un mejor conocimiento de los hechos o por discrepancia fundada en la calificación legal admitida, o dictar una sentencia basada en el acuerdo de partes en un plazo no mayor a 15 días.
Conclusión: de cualquiera manera, el eventual juicio oral y público no arrancará el martes y la Cámara 1 tardaría un buen tiempo en hallar en su calendario otras tres semanas libres (estaba previsto del 11 al 27) y en citar nuevamente a 56 testigos. Y, aun en el rechazo, el peor de los escenarios para los imputados, el tiempo seguirá pasando y las chances de la prescripción se agigantarían.
Hace poco, la Cámara 1 ya le rechazó a Amado un acuerdo de juicio abreviado en el caso Carro, donde los tres imputados estaban procesados por secuestro agravado y el quiso alivianar la acusación por la de privación ilegítima de la libertad.
-Amado, ¿por qué no puede informar sobre un caso de interés público?, le preguntó este diario al fiscal.
-Porque solo hubo una negociación, y no se sabe si el tribunal la aceptará.
-Pero lo que se le está pidiendo, más allá de la decisión final, es qué explique qué hizo el Ministerio Público ante un caso que involucra a funcionarios públicos y dineros públicos, cuál es la postura del ministerio.
-No, hasta que no haya una resolución, no voy a decir nada.
-Parece increíble que no se informe sobre este caso, porque si este caso no es interés público, ¿qué es un caso de interés público?
- No, no...
El primer intento de juicio fue el 20 de agosto de 2008, pero se frustró porque Patucho pidió una prórroga ya que Alonso no iba a estar sentado en el banquillo de los acusados porque todavía tenía tiempo de pedir el beneficio de la probation ante el Tribunal de Impugnación Penal. Después, la Cámara 1 fijó el debate para el 9 de mayo de 2009, pero en esa ocasión el propio Alvarez y Labegorra argumentaron que ellos eran los que tenían plazo para ir al TIP por la probation. Ese beneficio está expresamente prohibido aplicarlo a funcionarios públicos, pero igual Labegorra llegó con ese planteo hasta la Corte Suprema... que le dijo que no.

"Una decisión del fiscal"
Ante la negativa de Amado de informar sobre el caso, a partir de su interés público, y de negociar un cambio de carátula para ir a un juicio abreviado, LA ARENA consultó a su máximo jefe, el procurador general Mario Bongianino, si se trató de una decisión personal o del propio Ministerio Público. "Fue una decisión del fiscal de cámara", respondió. "La causa la maneja el fiscal y él tiene autonomía".
Sobre la negativa a hablar de Amado, Bongianino dijo que está impedido por el artículo 8, inciso 7, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que le prohíbe a los funcionarios judiciales "difundir o hacer conocer trámites, dictámenes u opiniones que conozca por la índole de sus funciones o cargos" y agrega que "la infidencia se considerará falta grave".
Utilizó el mismo argumento con el que el juez sustituto Claudio Soto también le ocultó a este diario el acceso al expediente, donde la Fiscalía de Estado demandó a los condenados ex funcionarios del Instituto Provincial Autárquico de la Vivienda para recuperar el dinero sustraído de ese organismo.
Con relación al cambio de carátula, Bongianino expresó: "Quizá evaluó que con las pruebas que existen en la causa no podía probar el delito por el que los imputados fueron procesados. El está calificado para acordar una nueva carátula en un juicio abreviado".