Condenan a empleado a dos años de prisión en suspenso

El empleado judicial que robó alrededor de 3.500.000 pesos del Ministerio Público Fiscal fue condenado a dos años de prisión en suspenso e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos. Además le fijaron reglas de conducta durante cuatro años y tendrá que devolver todo el dinero sustraído.

 

La jueza de control santarroseña, Marisol Rodríguez, dictó la condena contra Leonardo Alexis Isequilla (43) y homologó el acuerdo de juicio abreviado suscripto entre el fiscal general Máximo Paulucci, el defensor particular Rodrigo Adrián Villa y el propio imputado, quien admitió la autoría de los delitos. El fallo ya quedó firme porque el acusado se comprometió a no recurrirlo.

 

Isequilla fue hallado autor de defraudación en perjuicio de la administración pública y por sustituir, ocultar o mutilar algún expediente, documento u otro papel importante y violación de medios de prueba, registros y documentos; más inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.

 

A su vez, durante cuatro años, deberá fijar residencia, de la cual no podrá ausentarse sin conocimiento del tribunal, y someterse al control de la Unidad de Abordaje, Orientación y Supervisión de personas en conflicto con la ley penal, bajo apercibimiento de revocarse la condicionalidad de la pena en caso de incumplimiento injustificado.

 

Asimismo, Rodríguez dispuso -con previo acuerdo de las partes- que Isequilla deberá depositar, dentro de los 180 días y en concepto de reparación de perjuicios el equivalente a lo sustraído. Las sumas son de 1.219.090 pesos y 1.900 dólares en las cuentas judiciales creadas a tal efecto.

 

El hecho.

 

Las pruebas demostraron que el imputado solicitó “en su carácter de empleado de la Fiscalía de Delitos contra la Propiedad, y en al menos dos oportunidades en días y horario hábiles, al personal de mesa de entradas, dos paquetes secuestrados sin la debida autorización del fiscal a cargo de los legajos, los cuales contenían dinero en efectivo; y además dejar asentado en el libro la entrega del dinero a personas distintas a las vinculadas con el legajo, no efectivizándose dicha entrega y valiéndose para ello de la supuesta autorización de los fiscales del caso”.

 

Además se constató que tenía en su poder, “objetos secuestrados en otro paquete, que fueron encontrados durante el allanamiento realizado en su domicilio”, lo que implica que también los sustrajo con la misma maniobra. Allí se hallaron una billetera, una riñonera y moneda chilena pertenecientes a una mujer, elementos que “deberían estar en la caja del Ministerio Público, que se encuentra en la oficina contigua a la mesa de entradas”.

 

Asimismo durante ese allanamiento surgió “el hallazgo de diferentes paquetes pertenecientes al Ministerio Público Fiscal, los cuales fueron sustraídos por Isequilla, mutilando el proceso judicial en los cuales fueron secuestrados, rompiendo la cadena de custodia y haciendo desaparecer indicios relacionados a distintos ilícitos, los cuales se encuentran pendientes de identificación en su totalidad”.

 

Finalmente, la jueza indicó que “se entiende y se considera que en todos los casos (Isequilla) se valió de la misma maniobra para hacerse de los elementos y sustraerlos, lo que implicó haber violado las obligaciones a su cargo como empleado del Ministerio Publico Fiscal, mutilando, destruyendo, toda o parte de pruebas vinculadas a legajos de investigación”.

 

En el ámbito penal el proceso contra Isequilla concluyó con la condena firme. Ahora queda pendiente el sumario administrativo radicado en la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, que deberá resolver si el empleado es exonerado de la administración pública. No obstante, el imputado adelantó verbalmente que presentará la renuncia.