Diputados analizaron cuatro pliegos

Aunque sostuvo que “la declaración de la víctima es fundamental, y la herramienta que puede dar una psicóloga (oficial) es relevante en una causa penal”, el abogado Mauro Gabriel Fernández se expresó a favor que la defensa pública pueda tener su propio profesional psicólogo.

 

Convocado por la Comisión de Peticiones de la Legislatura como aspirante a titular en la Defensoría Adjunta en lo Penal de la II Circunscripción Judicial, el profesional contestó una pregunta de la diputada María Laura Trapaglia.

 

La legisladora había hecho mención a la queja de defensores particulares que –hace algunas semanas-- hicieron escuchar su queja por la excesiva ponderación que se le daba en los fallos a pericias que a veces resultaban el único argumento para una condena en casos de abusos sexuales.

 

Fernández estimó que “la pericia evalúa un montón de cuestiones”, y avaló que “es importante que en la defensa pública haya un profesional psicológico. Es un recurso que necesitamos y la Defensoría está trabajando sobre esto para que ingresen profesionales para cumplir con esta demanda”, dijo el abogado.

 

Cuatro pliegos.

 

Reunida la comisión de Peticiones y Poderes de la Cámara de Diputados, se trataron ayer cuatro pliegos por los que se solicitan cubrir los siguientes cargos: Titular en la Defensoría Adjunta en lo Penal de la II Circunscripción Judicial, para el que se postula el abogado Mauro Gabriel Fernández; de Titular en la Defensoría Penal de la I Circunscripción Judicial, la abogada María Antonella Marchisio; para Titular en el Juzgado de Primera Instancia en lo Laboral nº 1 de la II Circunscripción Judicial, la abogada María Belén Lavechia; y para Titular en la Defensoría Adjunta en lo Civil de la I Circunscripción Judicial, la abogada Carla Pamela Martín.

 

Problemas de cupos.

 

Mauro Gabriel Fernández comentó ante los diputados que ingresó en el Poder Judicial en agosto de 2011 y desde 2019 trabaja en la Defensoría Penal.

 

“En mi función como ejecutor de la pena debemos tener entre 120 ó 130 condenados. Es sabido que las dificultades que hay en cuanto a cupos, respecto a esto entiendo que fue muy bueno el acuerdo que se logró con la prisión de San Luis”.

 

En ese sentido consideró que “fue una buena decisión teniendo en cuenta que sigue existiendo mucha gente presa en dependencias policiales. Si una persona no puede trabajar al encontrarse en un ambiente que no está preparado para tener detenidos, se dificulta su reinserción en la sociedad”, resumió.

 

Con respecto a condenados por abuso sexual dijo que “no se han ampliado los lugares donde estas personas puedan cumplir su condena. El tema a solucionar es ese, un tercio de los presos que tenemos se encuentran en comisarías”, afirmó.

 

La macrista Trapaglia preguntó si el acuerdo de “El Caldén” con la provincia de San Luis vulnera algún derecho, al estar los reclusos lejos de su familia.

 

“Lo ideal sería tener a todos los presos pampeanos acá. Pero hay que tener en cuenta que por cada preso se requieren 3.5 empleados, y hoy en La Pampa llevaría un tiempo capacitar a esas personas. También implica un gasto muy grande. Lo cierto es que a las familias se les brindan los pasajes para que puedan viajar a San Luis”, respondió Fernández.

 

“Antes no se denunciaba”.

 

María Antonia Marchisio ingresó al Poder Judicial en el año 2021, dijo que el aporte profesional que se hace no va solo desde la “formación técnica” sino también desde la “condición humana”. Consultada por el aumento de denuncias por violencia de género admitió que “se han incrementado, y tiene que ver con la mayor disponibilidad de derechos que cuentan las personas y con una mayor concientización de la sociedad. Esto no quiere decir que el delito haya aumentado, porque antes no se denunciaba como se lo hace ahora”, señaló Marchisio.

 

Justicia rápida y precisa.

 

María Belén Lavechia es jueza sustituta en el Juzgado Laboral n° 1 desde el año 2021. Expresó que “la Justicia debe ser rápida para darle una respuesta al ciudadano. Precisa y rápida”.

 

Dijo no creer en la llamada “industria del juicio”. “No creo en eso, porque el juez es el director del proceso. Quizás en donde percibo una mayor problemática es en la ley de accidentes laborales. Creo que ahí existe una tendencia al conflicto, particularmente con lo que tiene que ver con la ART. En cierta medida se juega con el tiempo del procedimiento”, manifestó.

 

Contacto directo.

 

Pamela Martin fue convocada por el Poder Judicial en 2019 para desempeñarse en la Defensoría Civil. “Desde mi lugar creo que se debe trabajar de forma interdisciplinaria. Hay profesionales que están en el territorio, como asistentes y psicólogos. Es importante el contacto con las personas que están en ese lugar. Me parece sumamente importante”, dijo.

 

Por otro lado, indicó que en su área el contacto directo es con la población. “A esos problemas hay que resolverlos de manera inmediata, porque muchas veces se trata de una cuestión social y no tanto jurídica”, concluyó.

 

Dictamen para fiscalías rurales.

 

Modificando el original texto del proyecto, hubo unanimidad en el Plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia y Hacienda y Presupuesto, para acceder a crear cuatro cargos de Fiscal en la Justicia provincial.

 

Ante un pedido de María Laura Trapaglia (PRO) –en realidad a solicitud de productores rurales, según expresó--, se acordó incorporar al texto de la ley un párrafo especificando que los cuatro nuevos fiscales se dedicarán exclusivamente a investigar delitos rurales y sobre todo casos de abigeato.

 

El proyecto enuncia que los cargos “resultan de ineludible generación, dado que serán asignados a cubrir Unidades Fiscales para la investigación, promoción y ejercicio de la acción penal en hechos delictivos ocurridos o relacionados con el ámbito rural y la actividad agraria”.