“El escenario para adelante es difícil”

Rubén Mendoza es el actual presidente del directorio del Instituto de Seguridad Social de La Pampa. El organismo, una vez más, está sufriendo el corte por parte de un gobierno nacional de las transferencias de fondos correspondientes a los acuerdos celebrados con Nación para cubrir los déficit de las cajas jubilatorias que nuestra provincia, al igual que otros doce distritos del país, no transfirieron al Estado nacional en los noventa.

Invitado a La Parte y el Todo, por la TVPP, el funcionario hizo un repaso histórico de los acuerdos firmados y los incumplimientos, para poner en contexto la difícil situación actual, donde Nación ya acumula una deuda con La Pampa que ronda los 3.800 millones de pesos.

“La situación es muy, muy complicada, huelga decirlo, esta desatención por parte del gobierno nacional afecta no solo a las cajas sino a toda la economía de la provincia de La Pampa en todas las ramas del trabajo, la producción, la obra pública… Pero concretamente en relación a las cajas, debería hacer un poco de historia del tema. En el año 2006, en la administración del gobernador Carlos Verna, se firmó por primera vez un convenio de financiamiento del déficit de las cajas. Se firmó con el entonces presidente de la Nación Néstor Kirchner. Eso permitió no solo que a través de la Anses empezaran a cubrir los déficit que teníamos sino que también permitió por una decisión del entonces gobernador que mandar a la Cámara de Diputados de la provincia un proyecto de ley, que luego fue la ley 2301, donde a partir de ahí se empezó a pagar el 82% a los jubilados”, explicó.

-Una vieja aspiración que tenía la provincia.

-Vieja aspiración, pero vieja, vieja. Y un poco escucho mucho ahora que hay que tener políticas de Estado, que cuando se tienen políticas de Estado la que se beneficia es la gente cuyos recursos se administran. Esto es una realidad en La Pampa desde 1983 para acá. Y la seguridad social en materia previsional es un ejemplo de eso. El primer dato que tengo para ratificar esto que digo, fue la decisión del gobernador Rubén Marín cuando, en la vorágine de los años noventa, cuando se suplanta el sistema de reparto y se instala el sistema de las AFJP, ruinoso sistema, Marín toma la decisión de no transferir las cajas provinciales a Nación. Esto lo hace junto a otros 12 gobernadores. En 1999 se firma un pacto federal donde el gobierno nacional se compromete a que aquellas cajas que no habían sido transferidas se les sostenía el déficit que pudieran tener.

-Porque Nación se había hecho cargo del déficit de las cajas de once provincias, y por lo tanto era injusto que las provincias que sostenían sus cajas jubilatorias con eficiencia pagaran las consecuencias. Con lo cual esta no es una transferencia de fondos graciosa, un subsidio, sino un compromiso con provincias que mantuvieron sus cajas en un momento donde el resto de los distritos las había trasnsferido a la Anses.

-Por supuesto, fue una manera de compensar y de alguna manera de sostener la decisión política de las provincias que decidieron no transferirlas. Esto motivó el convenio de 2006. Luego, tanto en 2007 como en 2008 el Anses cumple con las auditorías y con los déficit. En 2009 se corta, no manda más los déficit, y en 2015 y 2016 también en la administración del gobernador Verna toma la decisión de iniciar una demanda contra el Estado nacional, donde le reclama la deuda desde el 2009 al 2014 que estaba en función de los pactos que se habían firmado, cuando no existieron ni las auditorías y mucho menos los déficit. En 2015 la provincia logró un acuerdo con Anses, nos auditan 2015, 2016, nos cumplen el 2015 y cuando ingresa la administración del presidente Macri ya teníamos consolidado el déficit de 2016 pero en ese mismo año la administración Macri saca lo que se llamó la “ley de reparación histórica”. Entonces, cuando el gobierno de La Pampa va a reclamar que nos cumplan con el déficit de 2016, Anses nos dice que nos va a aplicar el régimen de reparación histórica. Ahí se inicia la demanda, porque ese déficit estaba consolidado, auditado por Anses y tenía un marco normativo que no era el de la reparación histórica. Entonces, a través de la justicia, se logró el reconocimiento de 2016, sin la reparación histórica, y se logra también a partir de la demanda, que luego del gobernador Ziliotto pone todo su esfuerzo y logra que se haga cumplir la sentencia, que nos paguen los déficit desde 2009 hasta 2014, con una actualización a partir del momento que iniciamos la demanda. Luego aparece la reparación histórica, que trae una novedad: en síntesis define que el Anses va a cubrir el déficit de las 13 cajas que no transfirieron pero va a hacer una simulación, es decir, las va a tomar como si fueran transferidas. Entonces, la provincia envía la información de la cantidad de jubilados, cantidad de afiliados, haberes… toda esa información la toma Anses y las simula como si las pagara Nación, con los requisitos normativos de la Anses, con el parámetro de la 24241. Eso arroja un déficit. Ese déficit una vez que está consolidado, una vez que acordamos, es el anticipo financiero que la provincia recibe por el déficit. ¿Cómo se toma esa cuota de anticipo? Se toma en función del último déficit auditado. Es decir, si ya está auditado el de 2018, toman ese valor y sobre eso hacen, de la doceava parte de eso, nos transfieren en 2019 el anticipo financiero. Lo que ha sucedido ahora es que en la Ley de Presupuesto de 2023, también con una buena decisión del Poder Ejecutivo y a través de los legisladores fundamentalmente del Frejupa, logran que dentro del presupuesto de 2023 ese valor que nos envían en función del déficit, que siempre fue a valor histórico, se incorpora en la ley de presupuesto que tiene que ser a valor actualizado. Esto está en el presupuesto de 2023.

-Que es el que está vigente ahora, ¿no?

-Exacto. Y está siendo incumplido. Esto es lo que da los 3.400 millones que nos deberían haber entrado en enero y febrero al Poder Ejecutivo. En su momento, el año pasado, esto se complicó porque al haber estado actualizado, el Poder Ejecutivo presupuestó la actualización dentro de lo que iba a girar al ISS, situación que no se dio, lo cual también agravó el déficit de la caja y en este momento el gobierno provincial es el que está ayudando, independientemente de los aportes y contribuciones que recibimos. Quiere decir que vuelve a priorizar el sostenimiento de las jubilaciones para que nuestros jubilados y jubiladas en tiempo y forma cobren. El escenario para adelante es difícil, es complejo, sé que ya se han iniciado acciones administrativas que son necesarias para agotarlas y luego presentar una demanda nuevamente. Tenemos el antecedente de la provincia de Córdoba, que ya la hizo porque Nación no cumplió con el déficit de sus cajas.

-Es bueno recordar todo esto porque muchas veces se desconoce cuáles son los esfuerzos que se realizan desde la provincia para que el Estado nacional cumpla.

-Hay otro elemento que también es importante remarcar. En 2016 había un juicio que habían iniciado las provincias de San Luis y Córdoba y también La Pampa por la detracción del 15% que nos hacía el Estado a estas provincias. Se hace el acuerdo en la provincia de Córdoba donde se restituye ese 15% a todas las provincias, un 3% un año, 6%, 9%, 12% y 15%, la decisión que se toma en ese momento, en la gestión de Carlos Verna, fue dictar una ley por la cual esos ingresos por ese juicio iban a ir prioritariamente a las cajas jubilatorias de la provincia.

Créditos de 100 mil pesos.

En medio de la crisis actual, con una marcada caída del consumo, los créditos del ISS para los empleados de la administración pública siguen siendo una ayuda para afrontar los crecientes gastos que afrontan las familias. “Hoy están vigentes, son importantes, la demanda es constante y supera la del año pasado. Durante enero y febrero se paran y arrancamos en marzo”, explicó Mendoza. ¿Cuáles es el monto máximo? “Cien mil pesos. Por ahora, para no generar falsas expectativas, no hay ninguna posibilidad desde el ISS para poder aumentar ese monto”, concluyó.