El Gobierno de La Pampa le pagará el medicamento a Verónica Martínez

El Gobierno de La Pampa se hará cargo de pagarle la medicación a Verónica Martínez, la empleada estatal que sufre Atrofia Muscular Espinal (AME) que solicitó una medida autoautosatisfactiva contra la obra social Sempre pero la Justicia se la rechazó. 

"Si, es así, el Gobierno provincial se hará cargo de la medicación de Verónica, se dictará el decreto correspondiente para poder hacer frente a la compra", le confirmó el ministro de Hacienda de La Pampa, Guido Bisterfeld a LA ARENA. 

Fue el propio Bisterfeld quien le comunicó hoy jueves a los delegados gremiales de la Dirección de Rentas que el Gobierno provincial pagará este medicamento. 

Rechazo. 

Los letrados del Superior Tribunal de Justicia de La Pampa declararon inadmisible el recurso extraordinario federal interpuesto por la empleada estatal  que sufre una Atrofia Muscular Espinal (AME) y que solicitó la cobertura integral del medicamento Ridisplam para su tratamiento. Los abogados de la Sala A del Tribunal consideraron que el recurso en cuestión con los requisitos formales y sustanciales necesarios para habilitar su tratamiento en la instancia extraordinaria. 

Verónica utilizó sus redes sociales para dar a conocer su profunda indignación y tristeza. 

"El Superior Tribunal de Justicia de La Pampa ha decidido cerrar definitivamente las puertas a mi lucha por la cobertura del medicamento para mi enfermedad. Mi vida siempre estuvo marcada por la Atrofia Muscular Espinal (AME), una enfermedad que ha robado gran parte de mi movilidad con el paso del tiempo. A pesar de esta condición, he enfrentado cada día con entusiasmo, con desafíos constantes y una perseverancia que ni yo se de donde sale. El medicamento Evrysdi (Ridisplam), aprobado por la ANMAT, es mi única oportunidad de detener el avance de esta enfermedad degenerativa. Sin embargo, quienes tienen en sus manos la responsabilidad de impartir justicia han decidido ignorar la urgencia de mi situación, escondiéndose tras tecnicismos legales y requisitos burocráticos", escribió Martínez en su cuenta de Facebook. 

Y se preguntó: "¿Acaso mi vida no es suficiente prueba de la necesidad de este tratamiento?. Esta decisión no solo vulnera mi derecho a la salud, la Constitución Nacional y la Ley N° 22.431 que protege a las personas con discapacidad, sino que pisotea mi dignidad. ¿Qué más necesitan para entender que cada día sin este medicamento me aleja más de una vida digna?. Me duele profundamente que la justicia me haya dado la espalda, pero más aún, me duele saber que esta lucha no es solo mía. Somos muchos los que vivimos con enfermedades poco frecuentes, enfrentando barreras económicas, sociales y legales para acceder a tratamientos que podrían cambiar nuestra realidad. Hoy en día las obras sociales nacionales, como Pami, UTA de Transporte; provinciales como IAPOS de Santa Fe y prepagas, cubren la medicación sin interrupciones".