Lawfare: advierten por conducta de jueces

La Junta Federal de Cortes y los Superiores Tribunales de Justicia se posicionaron y reafirmaron sus "principios éticos" luego de que se diera a conocer que jueces federales, dos directivos del Grupo Clarín, un ministro porteño, el jefe de los fiscales de CABA y un empresario con pasado en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), según un presunto chat filtrado, coordinaron para difundir una versión falsa para justificar la participación de varios de ellos en un viaje a Bariloche más una estadía en la estancia de Joe Lewis. "No se puede ejercer la función judicial de tal manera que ponga en crisis el fundamento mismo del Poder Judicial", señalaron.

 

De esta forma, la entidad que representa a los magistrados de los máximos tribunales federales tomó posición frente al viaje que realizaron los jueces Julián Ercolini, Pablo Yadarola, Pablo Cayssials, Carlos Mahiques y el fiscal porteño Juan Batista Mahiques, y el ministro de la Ciudad, Marcelo D´Alessandro a la localidad rionegrina de Lago Escondido, donde el magnate inglés Joe Lewis posee una estancia. "La Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ante los hechos de público conocimiento, expresa su reafirmación de los principios éticos que deben guiar a la magistratura y la función judicial, particularmente aquellos tendientes a evitar conductas que pongan en crisis la confianza que la sociedad debe tener en sus jueces", sostuvieron a través de un comunicado.

 

Conducta irreprochable.

 

Desde la entidad citaron lo planteado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos: "'Uno de los objetivos principales que tiene la separación de los poderes públicos es la garantía de la independencia judicial. Dicho ejercicio autónomo debe ser garantizado por el Estado tanto en su faceta institucional, esto es, en relación con el Poder Judicial como sistema, aunque también en conexión con su vertiente individual, es decir, con relación a la persona del juez específico. El objetivo de la protección radica en evitar que el sistema judicial en general y sus integrantes en particular, se vean sometidos a posibles restricciones indebidas en el ejercicio de su función por parte de órganos ajenos al Poder Judicial o incluso por parte de quienes ejercen funciones de revisión o apelación' (Corte IDH. Caso Rico Vs. Argentina. Excepción Preliminar y Fondo. Sentencia de 2 de septiembre de 2019. Serie C No. 383, § 53)".

 

A su vez, la Junta Federal de Cortes y los Superiores Tribunales de Justicia remarcaron que los magistrados deben "en todo momento mantener una conducta irreprochable porque el Poder Judicial es, y debe seguir siendo, el último refugio de los derechos, la libertad y los valores republicanos. No se puede ejercer la función judicial de tal manera que ponga en crisis el fundamento mismo del Poder Judicial".

 

"Finalmente destacamos el enorme trabajo que cotidianamente realizan los poderes judiciales provinciales y de CABA para garantizar el acceso a justicia, con independencia, transparencia e imparcialidad", concluyeron.

 

Los involucrados

 

El comunicado llegó luego de que jueces y fiscales quedaran involucrados en un escándalo que se desató luego de la filtración de un presunto grupo de Telegram. Ante esto, El Gobierno nacional presentó una denuncia por el presunto delito de "incumplimiento de los deberes de funcionario público y dádivas" y, entre otras pruebas, solicitó que se ordene la entrega de celulares de todos los implicados, por la estadía en una propiedad del magnate inglés Joe Lewis en Lago Escondido, Bariloche, en octubre pasado.

 

En paralelo, la fiscal federal interina de esa ciudad María Cándida Etchepare, imputó a todos los involucrados en una causa penal por ese viaje y estadía, en base a una denuncia que presentó el abogado Marcelo Hertzriken Velasco el 24 de octubre pasado, según el dictamen. Etchepare dispuso medidas previas y advirtió que "llama la atención" que las facturas que se le presentaron por el viaje fueron pagadas "al contado" el "mismo día del vuelo", el 13 de octubre pasado. En cuanto a la estadía en la estancia de Lewis, declaró como testigo su administrador y entregó facturas de pago del alojamiento que, para la fiscalía, "evidencian una clara discordancia" entre la fecha de emisión, 28 de octubre y la del alojamiento, entre el 13 y 15 de ese mes.

 

Además, en el dictamen que presentó a la jueza de esa ciudad Silvina Domínguez, la fiscal remarcó que al declarar como testigo, Nicolás Van Ditmar aludió siempre a los ocho pasajeros del vuelo privado que fue a esperar al aeropuerto de Bariloche. En esa declaración, omitió mencionar que se sumaron otros dos, los directivos del grupo Clarín, llegados en un vuelo comercial de manera casi simultánea y respecto de quienes "no se emitió factura alguna", en relación a Jorge Rendo y Pablo Casey.