Le quitaron el celular a Pablo Parra

Al femicida de la pampeana Agustina Fernández, Pablo Parra, le quitaron el celular luego de contactarse con una joven por las redes sociales. Le solicitó amistad y le envió dinero por Mercado Pago al ver que estaba realizando una colecta para operar a su mascota. El uso abusivo del dispositivo generó indignación.

Una joven de la región reveló que Parra la había contactado por redes sociales intentando convertirse en su “amigo”. La mujer confirmó lo ocurrido a LMCipolletti y se mostró indignada por la libertad con la que Parra utilizaba redes sociales tras ser condenado a prisión perpetua.

Luego de ello, el Servicio Penitenciario provincial descubrió un teléfono celular en la celda del femicida, lo que violaría el permiso de tenencia del mismo. Por protocolo, los presos solo pueden usarlos en forma temporal. Se les prohíbe tenerlos en las celdas y usar redes sociales.

Enojo.

A través de sus redes sociales, la mamá de Agustina, Silvana Capello, expresó su descontento y acusó a las autoridades judiciales y penitenciarias de permitir que Parra mantenga privilegios indebidos, desafiando el concepto de prisión perpetua sin concesiones.

En sus publicaciones, cuestionó la efectividad de la Justicia y criticó la falta de acciones adecuadas para garantizar que el condenado cumpla su pena en las condiciones que establece la ley.

En medio de la polémica, se ordenó una requisa en la celda de Parra y el secuestro del dispositivo. El condenado impugnará la condena a prisión perpetua, por lo que el fallo en su contra aún no está firme.

Uso restringido en las cárceles.

En enero del año 2019, se acordó un protocolo en Río Negro donde se restringe el uso de los celulares en las cárceles en todas las unidades penitenciarias de la provincia. En la reglamentación se dictaminó lo siguiente: "Este nuevo mecanismo, dispuesto por el Ministerio de Seguridad y Justicia, permitirá establecer la identidad de los dispositivos y realizar de forma precisa una regulación de su tenencia y uso dentro de cada establecimiento”.

“Las medidas alcanzarán a quienes consigan tener la autorización previa de la Justicia para poseer telefonía móvil, garantizando el derecho a la comunicación de los internos con un exhaustivo seguimiento. Los celulares no podrán contar con acceso a Internet, redes sociales, ni cámaras digitales, las cuales, en caso de existir, serán previamente inhabilitadas. Su uso se limitará solo a dos horas por día, debidamente controladas por el celador y dentro de una franja horaria regulada, lo que permite una mayor supervisión”, indica la normativa.

“Finalizado su uso, el móvil será retirado, verificando que no haya sido adulterado el lacrado que se le realiza a cada equipo, previo a su entrega. En caso de haberse producido alguna alteración, el interno será severamente sancionado, bajo la normativa que comprende al Servicio Penitenciario. Las sanciones también se extenderán para quienes conserven celulares que no hayan sido debidamente registrados, secuestrándose los equipos y poniéndolos a disposición del Juzgado de Ejecución Penal”, finaliza.