Santa Rosa: pidieron el juicio oral para el juez Díaz Lacava

Como continuidad de una difícil situación que enfrenta hoy el juez Federal de La Pampa, doctor Pablo Ramiro Díaz Lacava, horas atrás, los fiscales federales Iara Silvestre y Federico Iparraguirre, junto con el fiscal general Horacio Azzolin, solicitaron la elevación a juicio oral en la causa penal en la que seis subalternos lo denunciaron en 2023 por coacción, abuso de autoridad y lesiones, ejercidos en un contexto de violencia, maltrato laboral y, para el caso de las mujeres, en un contexto de violencia de género. Por otra cuerda judicial, el Consejo de la Magistratura deberá fallar en un proceso donde analizan posible mal desempeño de su investidura institucional.

La denuncia.

El tema fue analizado por el sitio oficial Fiscales.gob.ar. Allí recordaron que la causa se inició el 19 de abril de 2023 ante la denuncia que realizaron seis funcionarios subalternos de la sede de la Justicia Federal de Santa Rosa. Los fiscales acusaron a Díaz Lacava como autor material penalmente responsable de los delitos de amenazas en perjuicio de las seis víctimas (cuatro hombres y dos mujeres); amenazas agravadas en perjuicio de dos personas, por tener como propósito compeler a una persona a hacer abandono del trabajo; lesiones en la salud en perjuicio de cinco víctimas; lesiones graves en la salud de un trabajadora por haberla inutilizado para el trabajo por más de un mes; todos por desarrollarse en un contexto de violencia, maltrato laboral y, para el caso de las mujeres, en un contexto de violencia de género.

La ruta de la causa.

Además, le imputaron abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público por dictar órdenes contrarias a la ley en un hecho, desobediencia  judicial y retardo malicioso de justicia, reiterado en cuatro ocasiones. La causa avanzó y en noviembre de 2024, el juez Federal Juan José Baric procesó a Díaz Lacava –sin prisión preventiva- y lo embargó por 100 millones de pesos.

Posteriormente, Días Lacava recurrió el fallo ante la Cámara Federal con sede en Bahía Blanca. Sin embargo éste estamento judicial confirmó el procesamiento del juez Díaz Lacava al considerar verídico que el magistrado ejercía “presión psicológica” sobre el personal, y ratificó el fallo en primera instancia.

Elevación a juicio.

Hoy, el  espacio comunicacional del MPF Federal señaló que “el Área de Transición de la Unidad Fiscal de Santa Rosa, a cargo de los fiscales federales Iara Silvestre y Federico Iparraguirre, y el fiscal general con funciones de coordinación en el Distrito Bahía Blanca, Horacio Azzolin, requirieron la elevación parcial a juicio de la causa en la que está acusado el juez Pablo Díaz Lacava, integrante del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Pampa. En el expediente, se lo señala como responsable de lesiones y amenazas a seis trabajadores judiciales, en un contexto de violencia, maltrato laboral y de violencia de género en el caso de las cuatro mujeres damnificadas”.

“Las conductas del imputado que alarmaron y amedrentaron a las víctimas y generaron un temor manifiesto en ellas fueron llevadas a cabo aprovechándose de su jerarquía y consistieron en una serie de actos de humillación, hostigamiento, anulación, descalificación, aislamiento, ninguneo, insultos y cosificación”, describieron los representantes del MPF en el requerimiento presentado el miércoles pasado.

Según el informe, “los hechos ocurrieron en una franja temporal que inició en diciembre de 2012 —cuando el imputado asumió como juez del tribunal— y persistieron luego de formulada, en 2023, la denuncia penal que motivara estas actuaciones.

Proceso en Consejo de la Magistratura.

En paralelo a la causa penal, Pablo Ramiro Díaz Lacava enfrenta un proceso ante el Consejo de la Magistratura de la Nación, donde se analiza su eventual remoción. Lejos de ofrecer un descargo serio y consistente frente a acusaciones de extrema gravedad institucional, el magistrado optó por una estrategia defensiva que sorprendió por su tono y contenido: explicaciones triviales, negaciones parciales y argumentos que rozaron el absurdo, en abierto contraste con la magnitud de los hechos investigados y el volumen de prueba acumulada.

El juez no negó algunos de los episodios más comprometidos —como el de arrojar una piedra hacia el interior de un despacho judicial— pero intentó relativizarlos calificándolos como una simple “broma impropia”.  También atribuyó las denuncias a un supuesto complot político y mediático para desplazarlo del cargo, presentándose a sí mismo como víctima de una persecución. Esa línea argumental, basada en teorías conspirativas, digresiones personales y la minimización del sufrimiento relatado por las mujeres denunciantes, fue leída por distintos observadores como una defensa evasiva y carente de autocrítica.