Justicia revocó autorización de ingreso a compradores

El Ministerio Público Fiscal desestimó las actuaciones realizadas contra Guillermo Vicente, un vecino que fue denunciado por detener el acceso a sus terrenos de las personas que negociaron con la Municipalidad de Dorila. La fiscal adjunta María Soledad Forte dio curso a la denuncia realizada por la intendenta Natalia Hollman en mayo, pero esta semana el fiscal adjunto Oscar Blanco desestimó y archivó esas actuaciones.
La primera consecuencia de esa medida judicial es que las personas que adquirieron con boletos de compra las tierras, que la familia de Vicente explotó por décadas, no podrán ingresar a las parcelas para tomar posesión. Un retroceso en cuanto a la resolución de la fiscal adjunta Forte había dispuesto incluso que los nuevos dueños tuvieran custodia policial para ingresar al lugar.
La novedad sobre la disposición del fiscal adjunto Blanco fue confirmada esta semana por los abogados Raúl Quiroga y Carina Erreucondo, que representan al perjudicado.
Fue la letrada quien adelantó a este diario que el accionar de la funcionaria judicial no era correcto porque estaba tomando una decisión sobre cuestiones que competen a lo civil y no al ámbito penal. Una postura que confirmó la resolución del fiscal adjunto Blanco, al señalar que la "coposesión de los inmuebles deberá plantearse en fuero civil".

Trámites de posesión.
La familia de Vicente tiene tres generaciones que han hecho uso de las tierras en cuestión. El predio en cuestión consta de varias hectáreas y está cercado, tiene bebederos, perforaciones y otras mejoras que fueron incorporadas por el vecino. Además, han pagado impuestos desde 1974, y hace un tiempo comenzaron los trámites de posesión veinteañal. Ese trámite está en proceso en el juzgado civil.
Errecundo señaló que han solicitado a la municipalidad los expedientes por los cuales la comuna determinó tomar posesión de las tierras, pero esos documentos hasta el momento les fueron negados. La abogada explicó que están pidiendo la nulidad del acto administrativo de prescripción por el cual el municipio determinó de forma unilateral apropiarse de las parcelas y venderlas a particulares. Si esas gestiones no avanzan, el próximo paso será ir a la Justicia.
En la resolución dictada esta semana por Blanco se puede observar que las ventas realizadas son por importantes montos de dinero. Uno de los compradores, que intentó ingresar al predio y tuvo una discusión con Vicente, fue identificado como Daniel Ruppel. El hombre pagó cerca de un millón de pesos por un inmueble en el cual proyectó construir un barrio cerrado, sin embargo por el momento no podrá concretar esos planes.
Según trascendidos, los intereses políticos por las tierras están presentes ya que algunos de los compradores estarían vinculados con el PJ.