Francisco ya no barre debajo de la alfombra

Aunque no hace un tiempo demasiado significativo desde la asunción del papa Francisco, en el pasado mes de marzo, los acontecimientos parecen sugerir que su llegada al cargo constituyó una renovación en las siempre oscuras tramas vaticanas. De hecho el pontífice argentino ha sido capaz de enfrentar con una claridad que antes no existía en el pequeño Estado, una de las cuestiones más urticantes y vergonzosas de sus miembros: la de la pedofilia por parte de sacerdotes, y no solo de las jerarquías más bajas.
En ese sentido, el Papa relevó de sus funciones nada menos que al nuncio del Vaticano en la República Dominicana, destituido tras confirmarse la existencia de una investigación en curso sobre acusaciones de abusos a menores de edad que enfrenta el prelado, un beneficiario del sinuoso Benedicto XVI. Una sutil pero efectiva diferencia con anteriores hechos se aprecia en el comunicado que informó sobre el relevo que señaló que el proceso iniciado se hará "de conformidad con las normas de derecho nacional e internacional, dada su condición de diplomático". Las denuncias involucran niños, niñas y adolescentes que al parecer han sido víctimas de vejaciones. Pero no han sido el único relevo por la misma causa, sino que hubo varios en altas jerarquías del Vaticano desde que Francisco tomó el mando. Cabe recordar, también, que el pontífice, apenas nombrado, pidió que excluyeran de su vista a un obispo con similares acusaciones trasladado a ese Estado, en cuyos ámbitos solía encontrarlo.
Estos casos se asocian a la insólita llamada del Papa a una mujer argentina que había denunciado un caso de violencia sexual por parte de la policía.
En esta actitud asumida por Jorge Bergoglio, sin fanatismos ni críticas, pueden leerse dos motivaciones importantes: la primera es su convencimiento de fe en el tema, al que puede abrirse un crédito. La segunda, la terrible situación y el desprestigio moral y económico por el que atraviesa la Iglesia católica después de conocerse las aberraciones cometidas por sacerdotes católicos con respecto a seminaristas en Australia, Irlanda y México, entre otros países. Esos hechos, si bien golpearon a la iglesia en lo espiritual -y también en la credibilidad pública- por más que se ocultaron durante algún tiempo, en lo material le provocaron pérdidas que acaso superen el millar de millones de dólares, una circunstancia también grave, por cierto. De hecho alguna diócesis estadounidense prácticamente se vio en bancarrota por los juicios y denuncias.
Esta nueva actitud de no barrer la basura bajo la alfombra, también ha tenido su reflejo en nuestro país. El Vaticano ordenó una segunda investigación interna para analizar las acusaciones de pedofilia contra el ex prefecto del Seminario Menor de Paraná, Justo José Ilarraz, acusado de abusar sexualmente de al menos medio centenar de jóvenes seminaristas entre 1984 y 1992. Pese a su antigüedad, los casos recién tomaron estado público el año pasado, ante las denuncias de las víctimas, pero estalló en agosto, cuando la Cámara del Crimen de Paraná -en un fallo sugestivo y sospechoso- dispuso que las acusaciones contra Ilarraz habían prescripto. Los querellantes sostienen que la resolución no es válida porque se violaron los derechos humanos de las víctimas, quienes no pudieron acudir a la justicia por el ocultamiento que la iglesia local hizo de los casos.
Ahora está en curso una apelación y, paralelamente, otra investigación dispuesta por el Vaticano, que parece refrendar así la nueva actitud adoptada por Francisco en el tema.