El gobierno celebra anuncios y procura sumar más apoyos

Redacción 05/12/2021 - 08.35.hs

Cristina puso la lupa sobre la oposición, para que no eluda su responsabilidad en la discusión de cómo saldar la deuda que contrajo cuando era gobierno. Pero el núcleo del problema no reside en la crítica a lo sucedido sino en cómo salir adelante.

 

Por Horacio Verbitsky

 

La misión del Ministerio de Economía y el Banco Central aterriza hoy domingo 5 en Washington con el propósito de cerrar las negociaciones con el staff técnico del Fondo Monetario Internacional, de ser posible antes de Nochebuena. No obstante, la directora gerente Kristalina Georgieva se adelantó al arribo de la delegación con la advertencia de que falta mucho por hacer antes de llegar al acuerdo. El gobierno nacional prefiere celebrar el anuncio de que el Fondo publicará un análisis sobre el préstamo concedido en 2018 a la Argentina. Y procura sumar apoyos corporativos para asegurar que el tratamiento en el Congreso del plan plurianual transcurra sin sobresaltos. A eso apuntaron las presencias del Ministro de Economía Martín Guzmán en la CGT y la del Presidente Alberto Fernández en la Conferencia Industrial de la UIA.

 

Allí, Alberto pidió que el Fondo evalúe el "fallido programa Stand-by", que se malgastó en financiar la salida de capitales, cosa que el organismo realiza en forma rutinaria ante préstamos excepcionales. Es seguro que ese informe dirá que la estrategia macroeconómica, el diseño del programa y el financiamiento que se otorgó al país no fueron los más apropiados y que no se alcanzaron los objetivos perseguidos. Esto no quiere decir que el Fondo relaje sus pretensiones de cobro y las condiciones que considera necesario para lograrlo. Además, la carta firmada el último sábado de noviembre por la Vicepresidenta CFK puso la lupa sobre la oposición, para que no eluda su responsabilidad en la discusión de cómo saldar la deuda que contrajo cuando era gobierno. Pero el núcleo del problema no reside en la crítica a lo sucedido sino en cómo salir adelante, es decir qué es lo que se firmaría.

 

Cada sector interno expresa intereses distintos, que proyecta sobre el telón de fondo del Fondo. Cada uno tiene su propio FMI ideal, pero esta no es una cuestión que se resuelva con la voluntad de los actores locales porque el organismo tiene existencia propia y sus mandantes son las principales naciones del mundo. El domingo pasado publicamos los 12 puntos sobre los que según el gobierno versaría el acuerdo. Solo requieren una corrección: el swap que ilusiona al gobierno no es con Emiratos sino con Arabia Saudita, aunque aún no hay nada concretado.

 

El subibaja dólar/salario.

 

En su visita a la CGT, el Ministro de Economía, Martín Guzmán, sostuvo que el gobierno "no va a firmar ningún acuerdo de ajuste porque impediría darle continuidad a la recuperación económica". En cambio, pretende aplicar un esquema propio de políticas públicas para el desarrollo sustentable, con una programación plurianual para que la Argentina se recupere, genere trabajo, que la economía agregue más valor y la inflación vaya bajando. Precisó la secuencia prevista: acordar primero con el staff del FMI y después someter lo acordado al Congreso. Que todos los factores de poder jueguen para el mismo lado ayuda en la negociación, "que es geopolítica". El gobierno cree que los dos ejes fundamentales son el trabajo y la producción, para lo cual hace falta "una recuperación más fuerte del poder adquisitivo de los salarios, que no solamente es una cuestión justa, sino que es necesaria para que la economía ande bien". Pero, también advirtió que hay dentro y fuera del país quienes piden otra cosa, porque les conviene un programa de ajuste. "Al fin y al cabo, lo que se determina aquí es quién paga la crisis".

 

Y eso depende, en primer lugar, del tipo de cambio. La experiencia histórica muestra una relación inversamente proporcional entre la cotización del dólar y el poder adquisitivo de los salarios: cuanto más caro el dólar, más barato el trabajo. El FMI no pedirá en forma explícita una devaluación del peso, pero su preocupación por la brecha entre los distintos tipos de cambio apunta en esa dirección. Coincide en esto con los exportadores, para quienes un dólar más caro significa mayores ganancias, lo cual al mismo tiempo presiona sobre los precios internos. Un perfecto círculo vicioso.

 

Exportar o sustituir importaciones.

 

Se comprende por ello que Alberto Fernández haya dudado si asistir a la Conferencia Anual de la UIA. Primero anunció que bastaba con la presencia de varios de sus ministros, pero terminó por hablar en el cierre del encuentro. Repitió allí, en forma casi textual, lo que antes había dicho el ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas, sobre el crecimiento de la economía y el rol de la industria. El PIB previo a la pandemia se recuperó este año, cuando había quienes pronosticaban que recién ocurriría en 2026, y esto no ocurrió por azar sino por la política productiva del gobierno. Según Kulfas, la industria paga salarios 17% más elevados al promedio del sector privado; la tasa de formalidad del empleo asalariado es notoriamente más alta que en la media del sector privado (69% contra 60%); y la productividad industrial es 54% más alta que la media de la economía argentina.

 

También objetó la antinomia entre mercado interno y exportaciones. Que crezca el mercado interno a partir de la mejora salarial, de la creación de puestos de trabajo y de la inclusión social es fundamental, no solo para elevar el nivel de vida de la población, sino también porque en el mercado interno las empresas aprenden a producir mejor y van ganando una escala que luego les permite exportar. Algunas de las principales empresas industriales, como Arcor o Siderca, crecieron durante mucho tiempo al calor del mercado interno y luego se internacionalizaron. Pero con el mercado interno no alcanza. Exportar más da las divisas necesarias para financiar las importaciones y es condición para que los salarios suban de forma sostenible, ya que más salario es más consumo, más consumo es más producción industrial, y más producción industrial es más insumos importados. Exportar más permite abaratar costos unitarios y elevar la productividad y la eficiencia. Expone a las empresas a otros mercados, con otros marcos regulatorios y otras preferencias de los consumidores, lo que redunda en aprendizajes para las firmas y en construcción de capacidades y en mayores salarios, ya que las empresas exportadoras pagan salarios 30% mayores que las no exportadoras. El mayor período de movilidad social ascendente de las últimas cuatro décadas, entre 2003 y 2011, fue de expansión simultánea del mercado interno y del mercado externo. Las exportaciones de bienes y servicios pasaron de 30.000 a casi 100.000 millones de dólares, la pobreza bajó 40 puntos porcentuales, el salario real subió como no lo había hecho en décadas y se crearon 200.000 empresas nuevas, la mayoría destinadas al mercado interno. Una parte relevante de la mejora industrial es que se sustituyeron importaciones: el porcentaje de patentamientos de automóviles nacionales era de apenas el 27% en diciembre de 2019; hoy es del 54%, el doble y el mayor en al menos una década.

 

En maquinaria agrícola, vial e industrial el 46% de los patentamientos correspondían a producidos en el país en 2019; hoy esa cifra es del 62%.

 

Cosas similares pueden decirse de los electrodomésticos, los juguetes o el calzado, en donde la fuerte suba de la producción local ocurrió porque se logró incrementar la participación de mercado de los productos nacionales.

 

Simultáneamente, durante una reunión del Consejo Consultivo de Pymes del Banco Nación, el empresario Raúl Hutin, de la Central de Entidades Empresarias Nacionales y PyME Productivo, señaló que al comenzar la pandemia, no teníamos respiradores, ni barbijos ni camisolines. Pero "de 64 productos necesarios para la pandemia, fabricamos 63 en el país, y salvaron vidas. Tenemos la concepción, la capacidad y el orgullo de hacer los productos que sean necesarios si están las políticas necesarias".

 

Ir o no ir.

 

Entre el anuncio de que el Presidente no asistiría al show de la UIA y su llegada al salón de actos, se produjo la renuncia de Débora Giorgi a la subsecretaría de Comercio Interior. Cuando Roberto Feletti le pidió que lo acompañara, después de las primarias perdidas de septiembre, Alberto se negó a firmar su designación. Adujo que, según un empresario, Giorgi había dicho en público que su jefa era Cristina (así como otros funcionarios declaran que sólo responden al Presidente). Luego de dos meses largos sin confirmación, Giorgi anunció su retiro. El Poder Ejecutivo había solicitado que lo hiciera en forma discreta, como si tal cosa fuera posible, cuando desde el propio gobierno se difundían en Infoemba las críticas a la gestión de Giorgi en el Ministerio de Industria de Cristina, que Matías Kulfas le dedicó en su libro Los tres kirchnerismos. Quien crea que así se defiende la autoridad presidencial, está cavando su propia fosa.

 

Días antes se produjo el chisporroteo entre Kulfas y Feletti a propósito de las retenciones para desacoplar el precio interno de los alimentos de su cotización internacional, que no cesa de crecer. El tema no está cerrado. Mientras el ministro de Agricultura Julián Domínguez da los toques finales a un plan ganadero negociado con la Sociedad Rural, con créditos subsidiados para aumentar la producción de carne vacuna, y según fuentes oficiales sin retenciones, Feletti prepara una canasta regulada de 1.200 productos esenciales que regiría a partir del 7 de enero e insiste en la necesidad de aplicar retenciones a la carne, el trigo, la leche y el aceite. En 2020 y 2021 la exportación de carne fue del 28 y el 24% de la faena. Para Feletti no debería superar el 20%. A mayor porcentaje exportado, mayor precio en el mercado interno y menor consumo: era de 60 kilos por año y por persona al terminar el gobierno de Cristina, bajó a 50 con Maurizio Macrì y hoy ronda los 47. ¿Es descabellado asociar estas cifras con los resultados electorales?

 

Un lobbysta universal.

 

Por primera vez el presidente de la UIA no es un industrial sino un abogado, especialista en racionalización de personal y reducción de derechos laborales. Daniel Funes de Rioja al mismo tiempo preside la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal) y el capítulo argentino del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp). Llegó a la presidencia de la UIA por decisión del mandamás de la entidad, el presidente de la transnacional italiana Techint, Paolo Rocca, dispuesto a confrontar en forma abierta con el gobierno, y como culminación de una extensa carrera internacional que comenzó con el golpe cívico militar de 1976.

 

Ese año, por primera vez Funes integró la representación patronal ante la Organización Internacional del Trabajo. La Junta de Comandantes de las Fuerzas Armadas y los representantes patronales defendían en ese encuentro anual de Ginebra la desposesión de derechos de los trabajadores que fue una de las motivaciones principales para el derrocamiento del gobierno de Isabel Martínez de Perón. En los últimos años, Funes impulsó allí el desconocimiento del derecho de huelga y del salario mínimo y vital, instrumentos fundamentales de los trabajadores.

 

Entre 2014 y 2017 Funes encabezó la entidad patronal International Organization of Employers. También presidió el Grupo de Empleadores de la OEA. Sus posiciones guardan una estricta coherencia. Durante la 103ª Conferencia de la OIT, que presidió en 2014, Funes impuso en la agenda el cuestionamiento al derecho de huelga. La entidad patronal entiende que la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 no es relevante para esta cuestión, ya que establece varios derechos fundamentales en términos generales, que "solamente son recomendaciones, y su cumplimiento no es obligatorio". Los empleadores niegan que el derecho de huelga haya sido reconocido en el convenio 87 sobre la libertad de asociación, de 1949, y en el Convenio 98 sobre negociación colectiva y el derecho a organizarse. Afirman que la Recomendación nº 92 sobre la conciliación y el arbitraje voluntarios aprobada en 1951 hace referencia a huelgas y lock-outs en un lenguaje neutro y no es vinculante, ya que "no reconoce ni regula el derecho de huelga", y que el Convenio nº 105 contiene una referencia a "huelgas", pero no al "derecho de huelga".

 

La cruzada de Funes se extendió también al salario vital, que ingresó a la constitución de la OIT por el tratado de Versalles, hace más de un siglo. Pero los empleadores proponen en forma pública no ratificarlo y desconocer el Convenio 131 que establece que para definir los salarios mínimos se deben considerar (entre otros factores) las necesidades de los trabajadores y las familias.

 

El concepto de salario vital, dicen los patrones en un documento emitido durante la presidencia de Funes, es problemático por "su vaga naturaleza" y es "contraproducente en términos de mejorar la protección de los trabajadores y disminuir la informalidad". Lo mismo afirman del salario mínimo, que tendría un efecto adverso sobre el desarrollo económico. También objetan los conceptos de calidad de vida y de necesidades básicas a cubrir por el salario mínimo, porque podrían "reducir la capacidad de los empleadores de contratar y pagar a sus trabajadores y, por lo tanto, reducir el número de empleos". El pudor es un sentimiento que desconocen.

 

Hace dos años, cuando se discutió la declaración del Centenario de la OIT, los empresarios amenazaron no firmarla si mencionaba el salario vital o de subsistencia y forzaron reemplazar ese concepto por el de salario mínimo adecuado, lo cual sumergió el tema en un mar de ambigüedad. Esa ofensiva fue dirigida por Funes. Su último logro, nada menor, fue conducir a la abstención a los empleadores de la Argentina, de América Latina y a muchos asiáticos cuando se trató el Convenio 190 de 2019 sobre la violencia y el acoso. Producido el cambio de autoridades nacionales, el actual gobierno ratificó ese convenio.

 

Otro dilema existencial.

 

Techint tiene una coincidencia fundamental con Estados Unidos: el rechazo en los mercados regionales a la penetración china, cuyas siderúrgicas son las principales competidoras de los italianos por la provisión de tubos para ductos. Con el 16,74% del capital y de los votos, Estados Unidos tiene poder de veto sobre las decisiones más importantes del FMI, que requieren una mayoría calificada del 85%.

 

Esto implica otro dilema que la Argentina debe resolver esta semana: si el Presidente Alberto Fernández participará o no en la cumbre virtual de países democráticos convocada por el Presidente Joe Biden. Existe un diálogo avanzado entre ambos gobiernos, para que Washington acepte sin objeciones el acuerdo al que Buenos Aires llegue con el staff técnico del FMI. Desde RPO sostienen que ya hay un compromiso verbal en ese sentido. Pero al recibir la invitación a la cumbre de los países democráticos, que se realizará entre el jueves 9 y el viernes 10 de esta semana, con un temario que versa sobre la defensa contra el autoritarismo, la lucha contra la corrupción y la promoción del respeto a los derechos humanos, la Argentina se encontró con que entre los invitados figura la provincia rebelde de Taiwán y no la República Popular China; el ex presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, y no el gobierno del Presidente Nicolás Maduro, que acaba de imponerse en elecciones de las que esta vez sí participó la oposición. También fue excluido el gobierno boliviano de Luis Arce. La Argentina manifestó que esto era un error y pidió que se reviera. Según algunas fuentes oficiales se limitó a sugerir la invitación a Bolivia, pero otras sostienen que lo puso como condición para asistir. Si sólo se tratara de una cuestión formal, podría anticiparse que Alberto faltará a la cita, porque ya pasó la fecha prevista para confirmar la presencia. Pero la cuestión es política e incluso ideológica y no es razonable argüir problemas de agenda, como también se hizo en el caso de la UIA.

 

El Consejo de Derechos Humanos.

 

De todos modos, no hay que apresurarse a sacar conclusiones acerca de las consecuencias de una decisión al respecto. La idea del aislamiento de la Argentina debido a sus posiciones sobre Venezuela, así como las acusaciones de haber abandonado la tradicional defensa de los derechos humanos, fueron desmentidas esta semana con la elección del país para presidir durante 2022 el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. La Argentina integra el principal órgano mundial en materia de derechos humanos, con sede en Ginebra, e integrado por 47 miembros de todas las regiones, pero nunca lo había presidido.

 

Quien asumirá el cargo es el embajador permanente ante los organismos internacionales con sede en Ginebra, Federico Villegas Beltrán, quien fue representante para los derechos humanos de la Cancillería argentina durante la segunda presidencia de Cristina.

 

No es un embajador político, sino un diplomático de carrera. "En 2022 el Consejo deberá analizar las graves situaciones de derechos humanos en varios países, conducir el examen periódico universal de derechos humanos, y continuar adoptando decisiones para avanzar en los temas pendientes de la agenda universal de protección de derechos humanos, incluyendo el apoyo al trabajo que realizan relatores y expertos independientes de diversas temáticas", sostuvo la Cancillería ante una consulta para esta nota. Aquí podés ver un trabajo de Villegas Beltrán sobre "La proyección de la experiencia argentina en derechos humanos: liderazgo, responsabilidad y oportunidades", que publicó en 2014.

 

Ni leer.

 

El ex presidente de Fiat, Cristiano Ratazzi, vaticinó dos años duros, aunque la aparición de Javier Milei le da esperanzas, "en un país en el que el Gran Buenos Aires votaba a Alí Babá y los 40 ladrones". No es la primera vez que el hijo argentino de la ex canciller italiana Suzanna Agnelli recurre a esta metáfora, expresiva de su ignorancia, compartida por el entrevistador que no opuso ninguna objeción. Hace dos años, el viceministro de Defensa Sergio Rossi llamó a Rattazzi "un señor grande que parece no haber leído ni los libros para chicos que tantos de su generación leyeron". Cuando compara a Cristina "con Alí Babá, y la acusa de ser la jefa de la banda de los 40 ladrones, un cardumen de gorilas iletrados que presumen de cultos corren a repetir el chiste y lo festejan. Podrían leer el cuento, al menos en alguna versión infantil y resumida, si no son capaces de leer Las mil y una noches y todas las historias que la pobre Sherazade cuenta cada noche al malvado Sultán. Así se enterarían de que Alí Babá era enemigo de los 40 ladrones, que pelea con ellos y los burla, que éstos lo persiguen y quieren matarlo, que su conducta era honrada y generosa, y que además era agradecido y termina, en el cuento, como un respetado, digno y querido ciudadano. El ladrón, decían las viejas, ve a todos de su condición".

 

Mientras Rattazzi repetía en los medios sus cargos más insustanciales, Roberto Lavagna negó ante la Justicia cualquier conocimiento de ventajas indebidas a Lázaro Báez en la obra pública durante los gobiernos kirchneristas. Su conocimiento acerca de la cartelización provenía de un supuesto informe del Banco Mundial y nunca supo que se refiriera a la provincia de Santa Cruz. De este modo, sigue cayéndose a pedazos otra de las causas inventadas contra Cristina, de las que no sólo la historia la está absolviendo. Hace ya 30 años describí en mi libro Robo para la Corona cómo funcionaba el club de contratistas que "concertan las presentaciones a licitación. En algunos casos se decide de antemano quién debe ganar el concurso. En otros se deja librado a la competencia de precios por encima de un nivel acordado, con el compromiso de la posterior subcontratación de partes de la obra con los derrotados. En el peor de los casos, el perdedor en la licitación recibe una compensación económica, para que nadie resulte excluido del festín". Este sistema perverso "produjo un incremento espectacular en el costo de los servicios, suministros y obras que el Estado contrataba con el oligopolio. Un informe de la Sindicatura General de Empresas Públicas muestra de qué modo a partir de 1975 la brecha entre el costo nacional y el internacional se fue ampliando. Esta reseña incluye los caños para YPF o Gas del Estado, las líneas telefónicas para Entel, la construcción de obras o la provisión de servicios". Cristina tenía 22 años, Kirchner 25 cuando las mayores empresas constructoras practicaban estas malas artes, que luego se intentarían atribuir a sus decisiones. Entre otras, las de los Rocca y los Macrì.

 

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