Irracional proyecto

No es un secreto para nadie la escasa preparación que algunos representantes populares –legisladores y demás— tienen en lo que hace a su conocimiento técnico-político necesario para desempeñar sus cargos. Ese desconocimiento suele llegar hasta la misma Constitución, acompañado, claro, de la ignorancia o desprecio de algunas normas éticas. Esas circunstancias, a menudo tan lamentables, se originan en las “repartijas” políticas, en las que lo que cuenta son las amistades y fidelidades políticas pero pocas veces la capacidad. Los ejemplos abundan y, en el orden nacional al menos, generaron escandaletes que llevaron al apartamiento de sus protagonistas.

Recientemente, la falta de aplicación de algunas de esas condiciones, sin mengua de que pueda tenerlas, llevaron a una diputada provincial a quedar en una muy incómoda posición ya que, sin agotar las posibilidades de información, presentó un proyecto en el que propone que las boletas digitales de factura de electricidad “incluyan una fotografía del medidor al momento de la lectura del consumo, para que los usuarios puedan verificar su consumo real y de esta manera aumentar la confianza y asegurar con precisión el consumo registrado”.

Puede decirse sin temor a errar que los términos del proyecto rozan la ofensa para con las entidades cooperativas que son, mayoritariamente, las encargadas del servicio en nuestra provincia. Se comprende entonces que la entidad que agrupa a las cooperativas eléctricas pampeanas haya replicado con un durísimo comunicado en el que dicen notar “un total desconocimiento por parte de la diputada de los sistemas de toma-estado y facturación del servicio de electricidad por parte de las cooperativas, cosa que se hubiese aclarado si concurría a cualquiera de las entidades solidarias de la provincia y se informaba”, al tiempo que ponen de relieve las facilidades de consulta que cualquier usuario tiene respecto al consumo. También –dice— “es llamativo que la diputada esté preocupada por la trasparencia del servicio eléctrico en una provincia donde –caso único en el país— está prestado por entidades solidarias, democráticas, generadoras de trabajo y autogestionadas por sus socios”.

Con semejante información se impone una pregunta: ¿A qué facción política responde la diputada? Como era previsible: a la Unión Cívica Radical, un partido otrora progresista pero que hoy integra la coalición que pretende que la libertad avance, cuando lo real es que retrocede a grandes pasos. Haciendo centro en la grave situación que atraviesa el país, gobernado por esa coalición, el comunicado de respuesta al irracional proyecto “insta a la diputada a trabajar en la búsqueda de soluciones para que la gente pueda aumentar sus ingresos y afrontar el pago de los servicios y no a hacer declaraciones para desviar la mirada de los verdaderos problemas que aquejan a la ciudadanía”.

Bien valen estas palabras de la réplica cuando expresan que acaso lo más grave aún es que el proyecto pone en duda la trasparencia de nuestras instituciones y crea un manto de desconfianza y sospecha en la población. Esto se da “en momentos tan difíciles como tener que afrontar aumentos constantes, producto de los incrementos tarifarios del gobierno nacional al que la diputada apoya”.