Una Ley de igualdad
Hoy se cumplen 140 años de la entrada en vigencia de la Ley 1420 de educación común, gratuita y obligatoria. Por más que haya muchos interesados -demasiados por cierto- en restarle importancia ese hecho constituye un acontecimiento cultural para el país y aún para el contexto americano.
La ley supone la existencia y el funcionamiento efectivo de establecimientos en todo el país argentino de escuelas que dieran una base educativa y formal a los niños entre 6 y 14 años; no es poca cosa. Promulgada bajo el gobierno de Julio Argentino Roca -innegable mérito- detrás de su implementación reconoce la tarea de domingo Faustino Sarmiento y sus colaboradores, todo en pro de la adquisición de conocimientos elementales en un mundo en el que ya se percibía un cambio político, social y, también científico-tecnológico, sin cuyo conocimiento, elemental siquiera, sería imposible vivir con independencia intelectual y laboral.
La consideración a los grandes méritos de esta Ley debe ser efectuada en los momentos que vivía el país en esos años: la Argentina estaba saliendo de una anarquía política de guerras civiles, despertando a un nuevo reparto del mundo y a políticas igualitarias que vastos sectores de la sociedad consideraban intolerables, al tiempo que se percibían las corrientes inmigratorias que cambiarían el rostro sociopolítico y étnico de la Nación. Con esta herramienta educativa Argentina se destacaba netamente sobre el resto de las naciones sudamericanas que promovieron leyes similares con posterioridad. Además el texto correspondientes reconocía una actitud laicista que, aunque no negaba la enseñanza religiosa, la excluía de las clases sistemáticas obligatorias abriendo así la posibilidad de una pluralidad en cuanto a la enseñanza confesional, algo insólito para la época. Esa condición pluralista hizo que a lo largo de más de un siglo -y se diría que todavía hoy- la Ley fuera perseguida y denigrada por las diversas orientaciones religiosas, que llegaron a imponer parcialmente sus concepciones con una educación que, en oposición al laicismo, décadas atrás llamaron “educación libre”.
En lo concreto e innegable la aplicación de la Ley 1420 redujo muchísimo los índices de analfabetismo en la Argentina, donde hasta entonces se estimaba a la mitad de la población como analfabeta. Además de permitir el acceso a la educación de familias de bajos recursos concretó ese criterio en los más remotos rincones del país, donde brotaron y se mantuvieron las escuelas y multiplicó los egresos de maestros profesionales. De hecho se cimentaron así las primeras bases amplias de educación que permitieron la movilidad social que caracterizó a la Argentina durante muchos años, prácticamente hasta la contemporaneidad, cuando el constante desgaste por parte de los sectores conservadores le ha ido restando posibilidades. Si hasta podría decirse que el guardapolvo blanco, símbolo igualitario de aquella concepción educativa, ha tenido una ofensiva constante a través de los años.
La actual sociedad pampeana, mal que le pese a algunos de sus sectores renegados, es un ejemplo cabal de la efectividad de la Ley que, a través del conocimiento, igualó a los hijos de autóctonos e inmigrantes, permitiéndoles el acceso a niveles superiores de educación.
La reciente entrega de títulos en la Universidad Nacional de La Pampa evidenció indirectamente su reconocimiento para con la Ley a través de los discursos, tanto de autoridades como de egresados. Al margen de los esperables conceptos en cuanto a la institución y las materias ambas exposiciones fueron claras y concretas en la promoción y apoyo para con una universidad laica, estatal y gratuita. Una concepción que prolonga la idea de aquella Ley 1420.
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