Nuevas disposiciones para frigoríficos

Entre las consecuencias derivadas de la ley ómnibus enviada ayer al Congreso Nacional figuran cambiar el esquema de derechos de exportación, nuevas disposiciones para habilitar frigoríficos y establecimientos de faena, cambios en el Régimen Federal de Pesca y en Ley de Biocombustibles. También establece un nuevo blanqueo impositivo con plan de facilidades, la privatización de 41 empresas públicas, y pasar "a disponibilidad durante un año" a los empleados públicos cuyas funciones resulten eliminadas por la reforma del Estado.

 

Retenciones.

 

En cuanto a derechos de exportación, se establece una alícuota del 15% para productos que hoy no tributan o con tasas menores a las definidas en la reforma, como trigo y maíz, gravadas con un 12%, o la carne vacuna, con un 9%. Afuera quedaron los complejos olivícola, arrocero, cueros bovinos, lácteo, frutícola, hortícola, porotos, lentejas, arveja, papa, ajo, garbanzos, miel, azúcar, yerba mate, té, equinos y lana, mientras que para la cadena vitivinícola, el aceite y la esencia de limón la alícuota pasará a ser del 8%.

 

También quedaron desafectados de los cambios las exportaciones de hidrocarburos y mineras, que conservarán sus alícuotas actuales. Además, se incrementan en dos puntos la harina y el aceite de soja, hasta el 33%, equiparándolo con el poroto y eliminando la diferencia entre el producto industrializado y la materia prima exportada sin procesar.

 

Carne, pesca y biocombustibles.

 

En el capítulo dedicado a la bioeconomía, se dispone reglamentar la habilitación y funcionamiento de establecimientos de faena y frigoríficos, y establecer cambios en el Régimen Federal de Pesca. En el primer caso, "el PEN reglamentará en todo el territorio del país, el régimen de habilitación y funcionamiento de establecimientos donde faenan animales o elaboran o depositan productos de origen animal".

 

Las provincias "podrán dictar normas complementarias que no contravengan las disposiciones de esta ley y su reglamentación frente a emergencias sanitarias concretas que afecten a una determinada provincia y supongan elevar las exigencias sanitarias de manera razonable y proporcional a la emergencia".

 

En cuanto a la pesca, se modifican los objetivos del Régimen Federal Pesquero y del Consejo Federal Pesquero (CFP). En el primer caso se establece la fiscalización de "Capturas Máximas Permisibles por especie, establecidas por el Consejo Federal Pesquero y licitar cuotas de captura anual conforme las determine el Consejo Federal Pesquero".

 

La norma que se deroga establece que es el Consejo Federal Pesquero quien define "las cuotas" y no contempla su licitación, lo que obliga a modificar el inciso c del Artículo 9, que facultaba al CFP para establecer las cuotas de capturas anuales. También propone modificaciones a la Ley de Biocombustibles (27.640), modificando la autoridad de aplicación, identificando cuáles productos son biocombustibles, creando un registro de productores e imponiendo porcentajes mínimos de mezcla.

 

Privatizaciones.

 

La petrolera YPF, Aerolíneas Argentinas, Agua y Saneamientos Argentinos (Aysa), Banco de la Nación Argentina (BNA), Ferrocarriles Argentinos y la agencia de noticias Télam figuran entre las 41 empresas públicas "sujetas a privatización". Según el proyecto, la venta de empresas públicas se funda en "la necesidad de concentrar la actividad del Estado en sus funciones esenciales".

 

El punto de partida para avanzar con esta idea fue el DNU 70/2023, que establece la modificación del "estatus jurídico de las empresas públicas, reconvirtiéndolas en Sociedades Anónimas, acordes al régimen de la Ley General de Sociedades".

 

Las empresas públicas sujetas a privatización son la Administración General de Puertos, Aerolíneas Argentinas, Empresa Argentina de Soluciones Satelitales, Agua y Saneamientos Argentinos (Aysa), Banco de la Nación Argentina, Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE). Casa de Moneda y Contenidos Públicos. A ellas se suman Corredores Viales, Correo Oficial de la República Argentina, Construcción de Viviendas para la Armada Argentina, Dioxitek, Empresa Argentina de Navegación Aérea, Educar, Energía Argentina (Enarsa), Fabricaciones Militares, Ferrocarriles Argentinos e Innovaciones Tecnológicas Agropecuarias.

 

Otro gran grupo incluye a Fábrica Argentina de Aviones "Brigadier San Martín", Intercargo, Playas Ferroviarias de Buenos Aires, Polo Tecnológico Constituyentes, Radio Universidad Nacional del Litoral, Radio y Televisión Argentina (RTA), Servicio de Radio y Televisión de la Universidad de Córdoba, Talleres Navales Dársena Norte, Télam, Belgrano Cargas y Logística, Yacimientos Carboníferos Fiscales (YCF), Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD) e YPF.

 

Finalmente, también podrían ser privatizadas Nucleoeléctrica Argentina, Vehículo Espacial Nueva Generación, Operadora Ferroviaria, Administración de Infraestructuras Ferroviarias, Desarrollo del Capital Humano Ferroviario Sapem, Pellegrini, y las cuatro empresas descentralizadas del Grupo Banco Nación.

 

(Télam)

 

Sin movilidad jubilatoria.

 

El plan económico de Milei también incluye la derogación de la Ley de Movilidad Jubilatoria y faculta al gobierno para establecer una fórmula automática de ajuste y fijar aumentos periódicos de haberes hasta que rija un nuevo esquema. La iniciativa dispone la suspensión de aplicación del artículo 32 de la Ley N° 24.241, sus complementarias y modificatorias, y faculta al PEN para establecer una fórmula automática según "criterios de equidad y sustentabilidad económica".

 

Mientras no sea establecida esa fórmula automática, el gobierno podrá realizar aumentos periódicos "atendiendo prioritariamente a los beneficiarios de más bajos ingresos". El martes, el vocero Manuel Adorni había informado que los haberes jubilatorios "se van a recomponer por decreto a la espera de un nuevo mecanismo" que reemplace la Ley de Movilidad.

 

Según Adorni, por efecto de la inflación aplicar la Ley de Movilidad representaría "una pérdida del poder adquisitivo de alrededor del 40%" en un trimestre. "No podíamos permitirlo" afirmó, aclarando que "dar por tierra con la ley de Movilidad no es ir contra los jubilados sino evitar que la inflación les termine por despedazar el ingreso".

 

Explicó que "vamos a recomponer esos salarios por decreto, porque todavía no tenemos fórmula jubilatoria", y planteó que la idea "crear un nuevo mecanismo que no dependa de un decreto ni de la firma de un funcionario, pero claramente van a tener una recomposición".