Nación admitió el reclamo pampeano y apura auditorías

El gobierno provincial consiguió este miércoles un gran avance en su reclamo por el pago del déficit de las cajas jubilatorias porque desde la Casa Rosada reconocieron la legitimidad del pedido, un gesto que se oficializó en el marco de la audiencia de conciliación a la que convocó la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La cifra reclamada es de una suma cercana a los 400 mil millones de pesos.

 

“Luego de un intercambio de peticiones y posturas, los representantes del Estado Nacional reconocieron la legitimidad del reclamo pampeano y se comprometieron a trabajar en las auditorías a fin de comenzar a resolver la demanda de La Pampa”, detallaron desde el Ejecutivo provincial.

 

“En base a este reconocimiento, se pasó a un cuarto intermedio y se abrió un plazo de 30 días corridos para que los equipos técnicos consoliden el monto de las auditorías a fin de suscribir un acuerdo conciliatorio. Para ello se dejó fijada una nueva audiencia para el día 10 de diciembre”, agregaron en la publicación oficial de la agencia APN.

 

"El reconocimiento de legalidad y legitimidad está", destacaron fuentes de Casa de Gobierno consultadas por LA ARENA. En esa línea, explicaron que "para avanzar con los pagos, año por año adeudado, se deben realizar las auditorías, tarea que el gobierno nacional había detenido". Una vez que estén definidos y acordados los déficit anuales, se determinarán "los adelantos mensuales que son a cuenta del déficit final de cada año próximo. Esos adelantos son los que desde su asunción suspendió el Gobierno nacional". Las fuentes consultadas reiteraron que "está el reconocimiento", pero aclararon que "los pagos quedarán sujetos a cada acuerdo, no serán inmediatos. Además se debe incorporar la actualización de cada pago, también sujeto a negociación".

 

Audiencia.

 

La Audiencia se realizó este miércoles por la mañana en la sala Carmen Argibay de la Corte Suprema y en el marco del juicio iniciado por La Pampa en el cual se le reclama al Estado nacional el pago del déficit de las cajas jubilatorias.

 

En la reunión estuvieron el gobernador Sergio Ziliotto junto al ministro de Economía, Guido Bisterfeld; la fiscal de Estado, Romina Schmidt; y el secretario general de la Gobernación, José Vanini, junto a los letrados Gerardo Conte Grand y Esteban Conte Grand.

 

En representación del gobierno nacional estuvieron el secretario de Hacienda, Carlos Guberman; el director de Asuntos Contenciosos, Carlos Gustavo Pistarini; el subsecretario Legal del Ministerio de Economía, Franco Simón; el secretario Legal y Técnico de la Administración Nacional de la Seguridad Social, Andrés Gutiérrez; el director de Despacho, Cristian Villani; y los letrados apoderados Gerardo Martín Corti y José Luis Alvarez.

 

Cautelar.

 

La audiencia se convocó luego de que días atrás Ziliotto instruyera a la Fiscalía de Estado para que interponga una medida cautelar urgente ante el máximo tribunal en la demanda judicial que inició el año pasado. “Insistiremos en la legalidad de nuestro reclamo y en la necesidad urgente de recuperar los recursos que nos pertenecen”, había dicho el mandatario.

 

Desde la asunción de la gestión del presidente Javier Milei, el Instituto de Seguridad Social de La Pampa (ISS) no ha recibido los fondos que le corresponden por ley. En consecuencia, el sistema previsional pampeano ha sido sostenido por el Gobierno provincial y, en menor medida, por los municipios, que en conjunto deben cubrir el déficit generado por el incumplimiento de la Nación.

 

Solo durante 2025, el Presupuesto provincial destinará $ 145.000 millones, suma sin actualizar, para garantizar el pago de las jubilaciones, de los cuales el 11 % corresponde a los aportes municipales.

 

Cabe recordar que en 2024 la Provincia ya había presentado una demanda judicial ante la Corte Suprema de Justicia, reclamando el cumplimiento de las leyes que establecen la obligación de la Nación de financiar el déficit previsional.

 

Impacto.

 

El Gobierno pampeano había presentado la cautelar ante el máximo tribunal con el objetivo resguardar la sustentabilidad del sistema previsional de la Provincia, que atraviesa una situación delicada como consecuencia de la falta total de transferencias desde la Rosada, la eliminación de artículos del Presupuesto 2023 que ratificaban las obligaciones de pago y la ausencia de auditorías y adelantos mensuales previstos por la normativa vigente.

 

A ello se suma el impacto de la recesión económica nacional, que afecta los ingresos provinciales, y el incumplimiento de convenios en materia de obra pública, que también debieron ser afrontados con recursos propios del Estado pampeano.

 

“La convocatoria a esta nueva audiencia representa un avance institucional en defensa de los derechos de las y los jubilados pampeanos, y reafirma el compromiso del Gobierno de La Pampa con la defensa del federalismo, la legalidad y los recursos que pertenecen a todas y todos los pampeanos”, había remarcado el Ejecutivo.