Acampe en Plaza de Mayo

La organización Tupac Amaru instalará la próxima semana 2.000 carpas frente a la Casa Rosada, exigiendo la libertad de su lideresa. El triunfo de Gerardo Morales en Jujuy, el pasado domingo, no ha sido una buena noticia en aras de ese pedido.
IRINA SANTESTEBAN
El domingo hubo elecciones legislativas provinciales en Jujuy, el feudo de Morales, quien se aseguró, apenas asumió como gobernador hace seis años, un Poder Judicial adicto. ¿Cómo? Como lo hiciera el ex presidente Carlos Menem con la Corte Suprema en 1989: aumentando el número de miembros del Tribunal Superior de Justicia, y designando allí a dos diputados, que juraron como jueces luego de votar la ampliación del tribunal que pasaron a integrar. ¿Y la independencia del Poder Judicial? Bien, gracias!

Dos mil días presa.
Milagro Sala no se imaginó que, luego de un año y medio del gobierno del Frente de Todos, continuaría detenida y soportando nuevas causas y agravamiento de condenas. Ni siquiera su abogada Elizabeth Gómez Alcorta, hoy ministra de Mujeres, Género y Diversidad, habla sobre la injusta prisión de su ex defendida.
Aunque Martín Soria, ministro de Justicia, y también Horacio Pietragalla, secretario de Derechos Humanos, se han pronunciado públicamente contra la persecución judicial que sufre la dirigente tupaquera, el gobierno nacional del presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner, han priorizado las «buenas relaciones» con el gobernador jujeño, antes que enemistarse exigiendo la libertad de Milagro.
Ante una Corte Suprema de (in)Justicia, que confirmó un vergonzoso fallo en su contra, en una causa plagada de irregularidades, y un Poder Judicial como el jujeño que hace unos días agravó una condena por amenazas que estaba prescripta, además de iniciarle una nueva causa, el gobierno nacional no toma ninguna medida que favorezca a Milagro, detenida desde enero de 2016.
Esa detención y sus procesos judiciales irregulares forman parte de la «pesada herencia» macrista, caracterizada por la persecución judicial a los opositores («lawfare»), pero eso no parece motivar al gobierno nacional para ocuparse del tema.

Amnistía o indulto.
No se trató nunca una ley de amnistía en el Congreso Nacional, aunque resulta muy difícil de aprobar, ya que el Frente de Todos no tiene mayoría suficiente en Diputados, aunque sí en Senadores. El presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa, jamás habilitaría ese debate, pues él se pronunció siempre en contra de la dirigente tupaquera.
Pero Alberto Fernández, que supo visitar a Milagro en su prisión cuando no era siquiera candidato, tampoco ha promovido un indulto, una herramienta que la Constitución Nacional habilita; si bien no borra la causa y el delito, constituye un «perdón» de la pena impuesta por el Poder Judicial.
Por el contrario, AF se pronunció claramente en contra de otorgar indulto, ni para Milagro ni para ninguno de los otros presos y presas políticas que hoy tiene la Argentina. A pesar que se demostró que los jueces Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, de la Cámara de Casación, visitaron a Macri en Olivos y en la Casa Rosada, en momentos en que tenían que fallar en varios de esos procesos del lawfare, el gobierno nacional no ha actuado para revertir las consecuencias de esa persecución judicial. Esos jueces siguen en funciones y dictando fallos, mientras el presidente sigue diciendo que debe ser «la Justicia» la que tiene que resolver en esas causas.

Nueva humillación.
Como ratificando que la persecución no termina, el Poder Judicial jujeño dictó hace unos días un nuevo fallo en la causa del «escrache» contra Morales en 2009. A pesar que Milagro no participó de ese hecho, ni siquiera estaba en la provincia cuando sucedió, ella fue condenada por la declaración de un empleado provincial, Orellano, a tres años de prisión, y sobreseída por prescripción por el delito de amenazas. En el recurso ante Casación, los jueces Hornos y Borinsky ordenaron un nuevo fallo por las amenazas, con lo cual el Tribunal Oral Federal de Jujuy le agravó la pena a tres años y seis meses de prisión, para Milagro y para Graciela López por «daño agravado y amenazas coactivas». Para notificar esa nueva condena, fue citada a audiencia a Tribunales, con dos días de anticipación, sin tiempo para que sus abogados se hicieran presentes, y fue llevada en un impresionante operativo de seguridad, con guardias armados con Itacas, como si estuvieran trasladando a un peligroso narcotraficante.
Además, le imputaron una nueva causa, por presunta «instigación a cometer delitos», en la protesta de vecinos del barrio Campo Verde, en San Salvador, contra la decisión del gobierno provincial de construir un colegio secundario en un parque de la zona.

Carta.
El dirigente de la Tupac Amaru, Alejandro «Coco» Garfagnini, envió una dura carta a los diputados y diputadas del Frente de Todos, en la que denuncia la persecución del gobierno jujeño y critica el silencio del gobierno nacional.
Ya en enero pasado, cuando se cumplieron cinco años de la detención de Milagro, se realizó una protesta frente al palacio de Tribunales, arrojando bolsas de basura en repudio a la Corte Suprema.
Ahora, cuando el 8 de julio se cumplan los 2000 días de prisión de la dirigente, la protesta será en Plaza de Mayo, en varias ciudades del país, e incluso en otros países, a través de la Red Internacional por la Libertad de Milagro, como Italia, Canadá, España, Australia, etc.
En la carta se anuncia la protesta que realizarán entre los días 6 al 10 de julio contra el «feudo de Gerardo Morales», y recuerdan todo lo que ha venido soportando Milagro en estos 2000 días. Les pide ayuda para «levantar la voz», y afirma que la democracia «se hace sólida respetando la voluntad popular de la mayoría, no incorporando como propia la agenda de la minoría». Llama «carcelero» a Morales, con quien el FDT está acordando a cambio de «alguna efímera votación», además de criticar al gobernador jujeño por la forma «horrenda» como ha administrado la pandemia en la provincia.
Por último, señala que de los 2000 días que lleva presa Milagro, «550 fueron durante nuestro Gobierno» y exhorta a diputados y diputadas para que «hablen», que denuncien la persecución política y judicial de la que son objeto Milagro y 32 presos y presas políticas.
En definitiva, les pide la intervención del Poder Judicial de Jujuy, una propuesta que ya había realizado el ex ministro de la Corte, Eugenio Zaffaroni, quien siempre se pronunció a favor de la libertad de Milagro Sala.
El presidente, por su parte, reconoce que hay «detenciones arbitrarias», pero no presos políticos. Sin embargo, en un año y medio de gobierno no ha tomado ninguna decisión por esa injusta y arbitraria situación, contra dirigentes de su propio espacio político. Milagro es mujer, coya y tupaquera, ¿será por eso que la castigan tanto?