Lo menstrual es político

Redaccion 31/05/2021 - 21.15.hs

El feminismo nos libera hasta de la parafernalia absurda que apela a la metáfora para ocultar lo natural y exige al Estado que nos garantice menstruar en paz.
VICTORIA SANTESTEBAN*
El 28 de mayo nuclea dos recordatorios mundiales: el Día Internacional de Acción para la Salud de la Mujer y el Día Internacional de la Higiene Menstrual, que Argentina simbolizó con un Congreso Nacional iluminado en rojo la noche del 28. En plena pandemia global y con la conquista del aborto legal, seguro y gratuito en diciembre de 2020, hablar del derecho a la salud de las mujeres cobra nuevos sentidos, resignifica las luchas y plantea desafíos, que patriarcado y capitalismo deshumanizante de por medio, obstaculizan descaradamente los esfuerzos para vivir en igualdad.

 

Salud de las mujeres.
En 1987 la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe estableció el 28 de mayo como fecha para reafirmar el derecho a la salud de las mujeres como derecho humano. Desde entonces, las consignas anuales han intensificado acciones en materia de derechos sexuales y reproductivos, feminización de la pobreza, maternidad voluntaria y sin riesgos, educación sexual integral, parto respetado y violencia obstétrica, derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. El derecho de las mujeres a la salud integral a lo largo de su vida se erige como derecho humano, y en nuestro ordenamiento jurídico nacional se encuentra contenido en convenios de derechos humanos ratificados por Argentina (Pacto de San José de Costa Rica, Convención CEDAW, Convención de Belém do Pará) y leyes nacionales que receptan y profundizan su contenido, entre ellas las 26.485 de Protección Integral hacia las Mujeres, 25.929 de Parto Respetado, 27.610 de Aborto Legal, Seguro y Gratuito. En este orden legislativo feminista, resta entre demás acciones, contar con una ley para la gestión menstrual.

 

Gestión Menstrual.
El derecho a la salud de las mujeres incluye la gestión menstrual, y corresponde al Estado garantizar el ejercicio de este derecho humano, entre otras, a través de políticas que eliminen las brechas abismales basadas en género, situación socioeconómica, educación, y tantísimos más factores que se suman a las capas de vulnerabilidad perpetuadoras de desigualdades. La economía feminista ya venía advirtiendo del impacto económico de la gestión menstrual en los bolsillos de las menstruantes, lo que constituye otro factor en el racconto de elementos que hacen del camino hacia la igualdad un pedregullo complejo. Conforme el informe de mayo de 2021 «Justicia menstrual. Igualdad de género y gestión menstrual sostenible» de la Subsecretaria de Asuntos Parlamentarios de Jefatura de Gabinete y la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía, una persona gasta anualmente hasta 4.327 pesos para gestionar su período, lo que representa un costo de entre 6 y un 10 por ciento del ingreso mensual promedio, y en los sectores más desventajados, es casi el equivalente a un sueldo mensual. El informe enfatiza sobre el costo menstrual recordando que las mujeres enfrentan condiciones de desigualdad estructurales en su inserción económica: ganan menos en promedio que los varones, hay una brecha considerable de participación económica, su inserción laboral es más precaria, presentan mayores tasas de desempleo, dedican tres veces más tiempo a las tareas domésticas y de cuidados no remunerados. A las claras, la pobreza está feminizada.

 

Un proyecto.
En 2020, legisladores del Frente de Todos presentaron un proyecto titulado «Ley integral de menstruación sostenible» que propone el acceso gratuito a elementos para la gestión menstrual, con clara impronta feminista y ambientalista. El proyecto también garantiza la entrega gratuita de analgésicos para que el período menstrual sea atravesado sin dolor, ni padecimiento. El proyecto menciona la sostenibilidad, dando cuenta de su corte ambientalista, para a su vez promover una gestión menstrual amigable con el medio ambiente y con el propio cuerpo, en tanto libre de componentes tóxicos. De allí que el texto prevé que los elementos a distribuirse cumplan con estándares de protección ambiental, para que todas las personas que menstrúan puedan acceder al mismo tipo de cuidados. Si bien aún a nivel nacional no existe legislación que garantice la gestión menstrual, en el país han comenzado a aparecer acciones institucionales tendientes a garantizarla, como es el caso de la Universidad Nacional de La Pampa, que en 2020 aprobó un proyecto impulsado por la agrupación reformista Sumate, la CEPA y el colectivo «La UNLPam le dice no al acoso» para proveer a la justicia menstrual con la entrega gratuita de elementos necesarios para su gestión.

 

No más «sangre azul».
Que la gestión menstrual sea política de Estado hace a una justicia social con perspectiva de género. La justicia menstrual es por fin hablar de menstruación en términos de derechos. Lo menstrual es político y se ilumina el Congreso de rojo para quitar el estigma sacrílego y vergonzante de la sangre de los cuerpos menstruantes. La sangre que se representaba con líquido azul en las publicidades de toallitas; las toallitas y tampones que se nombraban con códigos sólo descifrables entre mujeres y que activaban el operativo «que nadie se entere que estás menstruando» para pasar el material vergonzoso de auxilio y cada mito en torno a menstruar, van siendo parte de un pasado de cancelación que proscribía hasta la mismísima naturaleza. El derecho a la salud de toda mujer conecta con su libertad y empoderamiento, con la autodeterminación de poder decidir sobre el propio cuerpo y la propia vida. El feminismo nos libera hasta de la parafernalia absurda que metaforiza para ocultar lo natural y exige al Estado que nos garantice menstruar en paz.

 

*Abogada. Magíster en Derechos Humanos y Políticas Públicas.

 

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